El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, dispone durante 2020 de un presupuesto inicial de 500.000 euros, susceptible de ampliación según las solicitudes, para financiar las subvenciones del programa de prácticas no laborales en empresas Practícate, que compensa por las becas a personas desempleadas jóvenes de 18 a 29 años con cualificación educativa o laboral pero con experiencia profesional inferior a tres meses.
Destinado a mejorar la empleabilidad del colectivo, el programa Practícate subvenciona a las empresas colaboradoras el abono del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente, aunque la beca no puede resultar inferior al 120% de la misma referencia estatal, según las bases reguladoras publicadas a finales de enero en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Previa firma de un convenio con el SCE, las ayudas benefician a cualquier entidad, tanto persona física o jurídica como también comunidad de bienes con capital íntegramente privado que desarrolle alguna actividad empresarial acogida a los regímenes de la Seguridad Social, con centros de trabajo en Canarias y que suscriba un acuerdo con personas jóvenes para la realización de prácticas no laborales.
De acuerdo con la orden que regula las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva mediante procedimiento simplificado, las prácticas se desarrollarán en centros de trabajo de la empresa o grupo, bajo la dirección y supervisión de la persona designada para la tutorización, con una duración de tres a seis meses, en jornadas de seis horas, de forma ininterrumpida. A la finalización del periodo, las entidades entregarán en colaboración con el SCE a las personas jóvenes participantes un certificado de las prácticas, que en ningún caso supondrán la existencia de relación laboral.
Centrado en inicio a las personas desempleadas con cualificación de 18 a 25 años, el programa Practícate amplía la edad máxima hasta los 29 años para la ciudadanía inscrita en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Aunque la preselección de candidatos corresponde al SCE, así como el control y seguimiento de las prácticas, el proceso de elección de las personas participantes compete a las empresas beneficiarias.
