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Sabanés admite no haber revisado los expedientes de Bicimad, pero culpa al PP

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La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha defendido hoy su acción en Bicimad para "reflotar" un servicio vital para Madrid que el PP -ha dicho- condenó con "un contrato que estaba abocado al fracaso" y con la aceptación de una patente que dificultó la creación de otro servicio.

Inés Sabanés, también presidenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha comparecido hoy ante el Pleno del Ayuntamiento para dar cuenta del proceso de compra del servicio de alquiler de bicicletas a la empresa privada Bonopark tras la presentación de una querella por parte del PP por malversación y prevaricación en la compra de ese servicio.

En referencia a que la empresa concesionaria del servicio de alquiler de bicicletas amenazaba con ir a un concurso de acreedores porque acumulaba pérdidas de 300.000 euros al mes, la delegada ha recordado que el servicio nació con un contrato "que estaba abocado al fracaso, salvo que tuviesen acuerdos por detrás", puesto que se licitó por mucho menor precio del que realmente costaba.

Además, ha dicho la delegada, el equipo de gobierno de Ana Botella decidió ampliar el servicio en abril de 2015 -con el gobierno en funciones-, una decisión que llevó a la "quiebra".

"¿Que cómo ha podido pasar? Porque era un contrato infumable, por decirlo suave. De los 52 millones que ustedes calcularon pasaron a hacer un contrato de 21 millones y con más prestaciones", ha dicho la delegada, que ha justificado que tenía varias opciones, entre ellas dejar caer el servicio, pero consideró que "lo fundamental" era "reflotar" un sistema que estaba al borde de la desaparición.

Además, el gobierno del PP firmó una patente que obligaba al Ayuntamiento a pagar a la empresa Bonopark por la tecnología y la imagen de marca, por lo que a su juicio "no quedaba otra que negociar" para que la EMT adquiriese el servicio, una patente que según ha dicho habrá que "investigar" en los próximos tiempos. Y ese proceso, ha sostenido, se hizo con "toda la documentación exhaustiva".

"Saben perfectamente que la valoración de una empresa de estas características se basa en múltiples informes", ha argumentado Inés Sabanés, que ha reprochado además al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que vaya "pidiendo documentos sueltos con bastante mala educación y prepotencia".

La responsable de la EMT ha reprochado al PP que quiera sembrar sombras sobre su gestión, que "no tiene nada que ver con las cosas" -ha apuntado- que su formación ha hecho en la Comunidad de Madrid, en referencia a la corrupción.

EL PP Y LAS EMPRESAS PANTALLA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, de pagar hasta 20 millones de euros por remunicipalizar el servicio de bicicletas Bicimad a través de contratos a "sociedades pantalla" vinculadas a Bonopark.

"La factura en estos momentos a Bonopark y a sociedades pantallas de Bonopark, que comparten órganos sociales y domicilio alcanza ya prácticamente 20 millones", ha asegurado el edil del PP en el Pleno municipal haciendo referencia a las adjudicaciones obtenidas por Booster-Bike y Ride on Consulting, socios de Bonopark, después de que la EMT comprase el servicio de alquiler de bicicletas a esta concesionaria por 10,5 millones.

Sin embargo, Sabanés ha menospreciado esta acusación; "el contrato que tanto le ha escandalizado es el contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica del servicio de alquiler de bicicletas de la EMT que se ha adjudicado mediante un sistema abierto de contratación", ha asegurado la delegada.

"Tan secreto, tan secreto, que está en la página de transparencia de la EMT y en el boletín oficial de la Unión Europea", ha añadido Inés Sabanés, que considera que ese "supuesto escándalo" que se han inventado hoy está en las páginas de transparencia de la empresa.

Además, los 'populares' han denunciado que Sabanés no ha aportado "un solo documento" para demostrar que hubo una "valoración económica previa a la cesión del contrato firmada por alguien" ya que sólo ha dicho que el precio "se basa en múltiples informes". "¿Dónde están, cuáles son?", se ha preguntado Martínez-Almeida.

EL AYUNTAMIENTO DICE HABER INCORPORADO 374 PERSONAS A SERVICIOS SOCIALES

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, aseguró haber incorporado 375 personas a la plantilla de Servicios Sociales (60 de ellos estudiantes) en 2017 y solicitado 71 nuevos puestos de administrativos en 2018 para reducir el trabajo de estos profesionales y mejorar la atención a los ciudadanos.

Lo hizo en una comparecencia a petición de Ciudadanos en el Pleno ordinario de enero, en principio dirigida a la alcaldesa, Manuela Carmena, pero que ésta derivó en Higueras. Villacís instó a "cuidar de nuestros cuidadores", a una representación de los cuales invitó al Pleno, y lamentó que se les haya convertido en "meros gestores que "despachan" a personas por la carga de trabajo burocrático que tienen.

También criticó que las ayudas a la pobreza energética tarden entre tres y 11 meses en llegar, que 13 de los 21 distritos no cumplan con la Carta de Servicios Sociales del Ayuntamiento (17 cuando hay bajas) de un trabajador social por cada 6.000 habitantes y tachó la supuesta concepción de "mero asistencialismo" que tendría el Gobierno municipal de los servicios sociales.

Higueras aseguró que los servicios sociales son "el buque insignia" del Gobierno municipal, reconoció que las reivindicaciones de los trabajadores sociales, a quienes ensalzó por su trabajo y dedicación, son "de justicia", pero defendió que por eso se ha querido restablecer la jornada de 35 horas y el nuevo sistema de calificación profesional, medidas recurridas y paradas por la Delegación del Gobierno sin que Ciudadanos haya protestado por ello.

REPROCHES A LA OPOSICIÓN

A Ciudadanos le reprochó también haber forzado la dimisión de la excoordinadora de Servicios Sociales Mercedes Portero, trabajadora social ella misma, por no ser funcionaria de clase A, y le corrigió que la espera máxima de ayudas por emergencia energética son ocho meses y la mayor parte de ellos por culpa de la Comunidad, que rechaza a su vez siete de cada 10 solicitudes, y reclamó a Cs que trabaje en la Comunidad, donde tiene influencia pues sostiene al Gobierno autonómico, por ejemplo haciéndole reconocer derechos subjetivos en la materia. "Haga algo allí donde puede hacerlo", espetó a Villacís.

La delegada aseguró que, pese a la "raquítica tasa de reposición" que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que Ciudadanos no ha impugnado, en 2017 incorporó a 187 trabajadores con contrato temporal, 34 con contrato indeterminado, 93 trabajadores sociales y 60 estudiantes, y que para 2018 ha pedido 71 nuevos puestos administrativos, precisamente para reducir el trabajo burocrático de los profesionales.

También se jactó de haber evitado 26.000 expedientes de ayudas a comedor simplificando trámites y del Plan de Mejora de Trabajos Sociales, aún no cerrado, además de minimizar el tiempo medio de atención a las citas canceladas, que son el 18%.

PSOE Y CIUDADANOS COINCIDEN

Desde el PSOE, Ignacio de Benito coincidió con Villacís en que, para lograr procedimientos garantistas, se ha "sepultado a los trabajadores sociales en trámites burocráticos", redujo a 106 los nuevos trabajadores incorporados y exigió espacios dignos de trabajo para ellos, y por el contrario echó en cara a la portavoz de Cs que su partido no trabaje en el Congreso de los Diputados para aumentar la tasa de reposición.

En nombre del PP, Beatriz Elorriaga, que comenzó recordando al exconcejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer, asesinados por ETA hace 20 años, dijo que el supuesto buque insignia del Ayuntamiento "hace aguas", después de que Ahora Madrid "instrumentalizara" la supuesta emergencia social, porque no se ha construido ni un solo centro para la "magnífica red primaria" que heredó de los gobiernos del PP, y recriminó a Higueras que echara la culpa al Gobierno central y la Comunidad cuando el problema es que "no hay voluntad política", sino "inactividad", pues sólo proliferan los estudios y los grupos de trabajo.

En su réplica, Villacís tachó de "falta de respeto" que Carmena no compareciera ni responda a preguntas dirigidas a ella, criticó que en la nueva RPT de distrito no haya ni un solo trabajador social y sí muchos dinamizadores culturales y aseguró que las reclamaciones contra los Servicios Sociales municipales han aumentado un 57%, que el porcentaje de gasto social ha bajado respecto a los gobiernos municipales del PP y que el 75% de los usuarios no son atendidos en ocho días como exige la normativa, tal vez por las cuatro firmas de concejales que exigen las concesiones. Higueras negó que por una firma se ralenticen los programas y ayudas.