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Prisión provisional incomunicada sin fianza para el detenido en el caso Quer

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José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", detenido por la muerte violenta de la joven Diana Quer, ingresará en la cárcel, al ser decretada para él prisión provisional incomunicada y sin fianza.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de su situación procesal después de que hoy el único arrestado se haya acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada del juzgado número tres de Ribeira, en funciones de guardia.

La titular ha decretado el ingreso carcelario para este hombre acusado de haber acabado con la vida de la joven madrileña y de haber, además, tratado de raptar a otra chica el pasado lunes en la localidad vecina de Boiro.

La resolución señala que se investiga a Abuín Gey por un delito de detención ilegal -artículo 166 del Código Penal- y un homicidio doloso -artículo 138- "con la provisionalidad propia del momento procesal" y sin descartar que el avance de las pesquisas pueda permitir otras calificaciones más graves, como la de asesinato.

Y el auto indica, asimismo, sin perjuicio de lo que depare la instrucción, que el conocido como el Chicle es sospechoso, en relación al otro caso del 25 de diciembre, de haber cometido los delitos de detención ilegal en grado de tentativa -artículo 163 del Código Penal- y robo con violencia e intimidación en grado de tentativa -artículo 242-.

Todo ello, especifica el escrito, "sin perjuicio de los delitos relativos a la integridad física y psicológica que se hubiesen podido cometer".

Además, el texto resalta la provisionalidad de las calificaciones y la posibilidad de ulteriores modificaciones que permita realizar el curso de la investigación.

En particular, la jueza apunta a la posible corroboración de los indicios que advierten, ya en este momento, "de que la finalidad del investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual o contra la vida de la víctima".

La jueza ha acordado el ingreso en prisión del "Chicle" al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas.

Al hombre, casado y padre de una niña, que se acogió a su derecho a no declarar este primero de enero, le constan antecedentes judiciales contra la seguridad vial y la salud pública.

La incomunicación se ha adoptado a petición del Ministerio Fiscal debido al "elevado riesgo de destrucción de fuentes de prueba por parte del investigado y, en particular, de que éste pretenda tener influencia en la declaración de los testigos de los hechos, "lo que podría frustrar el buen fin de las indagaciones", expone textualmente el auto.