Presidente de Canarias resalta carácter inédito, ampliable y complementario de ayudas regionales a empresas y autónomos por la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, la relevancia del paquete de ayudas autonómicas que su Ejecutivo ha aprobado y a las que pueden acogerse desde mañana, 10 de marzo, las pymes y autónomos por los efectos producidos en la actividad económica por la COVID-19.

Según remarcó Torres, se trata del conjunto de subvenciones directas y aplazamientos fiscales, por un total de 400,8 millones de euros, más importante de la historia de las Islas, superior al del resto de comunidades autónomas españolas de las mismas características e incluso de mayor potencial financiero. Además, estos apoyos públicos extraordinarios de Canarias se podrán ampliar y completar con las que procedan del Gobierno central.

Como ya ha dejado claro en otras ocasiones, el presidente Torres insistió en que “ni todos los recursos de las administraciones públicas del mundo juntos podrían compensar las pérdidas por una pandemia y una crisis que ha surgido de un día para otro”.

No obstante, afirmó que el Gobierno de Canarias está haciendo “un gran esfuerzo” con esos 400,8 millones, de los que 85 millones son ayudas directas al empresariado o autónomos en función del número de trabajadores y tras sufrir descensos en la facturación de más del 30% en el último semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019.

Las cantidades de apoyo tienen un tope de 25.000 euros y se irán concediendo aunque siga abierto el plazo para solicitarlas. Además, se contemplan otros 80 millones para el pago del IBI de los alojamientos turísticos, cifra que el Gobierno adelantará a los consistorios.

El paquete de ayudas se completa con otros 235,8 millones en aplazamientos fiscales durante seis meses para impuestos como el IGIC y otros. “Esto no son anuncios, sino hechos, y creo que se debe echar una mano para que las cosas sigan saliendo”, subrayó el presidente de Canarias.

Ángel Víctor Torres reconoció que con esos apoyos públicos “no es suficiente” y que la única salida para recuperar la economía pasa por la máxima vacunación. Recordó que en 2020 su Gobierno ya distribuyó más de 95 millones extras entre pymes, autónomos, compañías de transporte marítimo y aéreo, así como entre empresas del ámbito cultural, entre otras entidades, “en un marco competencial que no es el nuestro”.

Asimismo, el presidente de Canarias consideró muy relevantes los 11.000 millones de euros en ayudas que aportará desde este viernes el Gobierno central, con una parte de ellas para las comunidades autónomas. También resaltó el hecho de que haya cabildos y ayuntamientos que también estén preparando ayudas sin ser su competencia.

“En esta ocasión, los gobiernos de la UE, España y Canarias sí han estado a la altura para paliar una crisis con las políticas expansivas, y así lo han reconocido los agentes económicos y sociales”, indicó Torres.

El mayor gasto presupuestario en Derechos Sociales de la historia regional

El presidente de Canarias subrayó hoy en sus respuestas orales a preguntas de los grupos políticos el hecho de que en 2020, frente al mal uso que se hace a veces de las cifras oficiales de ejecución presupuestaria, la Consejería de Derechos Sociales gastase el 91% de sus 517 millones iniciales en un año marcado por la pandemia mundial de la COVID-19. Ese porcentaje, no obstante, bajó hasta el 87,7% final, pero porque se amplió esa partida inicial hasta los 539 millones.

De esta cifra, 20 millones no pudieron ser transferidos a los cabildos para infraestructuras sociosanitarias porque pidieron un aplazamiento, algo que ya había ocurrido en años precedentes. Para Torres, Derechos Sociales ha realizado en 2020 una gran labor “porque gastó la mayor cuantía de la historia de Canarias” para esa área de gestión.

Asimismo, también calificó de “histórico” que las pensiones no contributivas se abonaran en un único pago y beneficiaran a unas 40.000 familias.

En esta misma línea, el presidente de Canarias se refirió a que, en el ejercicio anterior, el Gobierno autonómico ejecutara el 96,61% de su presupuesto inicial, si bien el porcentaje final sube hasta el 104,3% por gestionarse 788,3 millones de euros más de recursos no financieros (hasta los 8.415 millones). Esto contrasta con el 92,34% ejecutado en 2019, el 94,99% de 2018 o el 94,76% de 2017.

16.000 familias con ayudas del Ingreso Mínimo o de la PCI

Torres consideró “un hito” que el Gobierno central aprobara en plena pandemia el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, aunque cree que debió llegar mucho antes, subrayó que se está desarrollando y que en las Islas beneficia ya a 8.900 familias.

Además, cree muy relevante la plataforma ideada en Canarias para compatibilizar esa ayuda con la Prestación Canaria de Integración (PCI) y el Ingreso Canario de Emergencia, con lo que la cifra global de beneficiarios sube a 16.000 familias, si bien insiste en que “nunca sacaremos pecho de esto y queremos llegar a mucha más gente”.

El presidente Torres también remarcó la importancia de sus recientes intervenciones ante la UE y el Senado español para reclamar una política “corresponsable” sobre migración.

A su juicio, lo más relevante es que la comisaria de Interior de la UE, Ilva Johansson, haya asumido que se debe incluir en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que se está elaborando en la Unión Europea, el concepto de “solidaridad obligatoria”, lamentando que, en los últimos 15 años y tras la intervención anterior del expresidente Adán Martín ante Europa, “no se haya avanzado casi nada en ese ámbito, ya que la migración, pese a sus fluctuaciones, seguirá produciéndose y nos estamos jugando el futuro de la UE, que no puede mirar para otro lado en esto”.

Sobre las oposiciones en Sanidad que han sido anuladas por la Justicia, recordó que la Comunidad Autónoma no comparte las tesis de la sentencia y que los servicios jurídicos ya han presentado un incidente de subsanación. Torres se muestra optimista ante la resolución final para el millar de empleados regionales que se han visto afectados por el fallo.