Gobierno de Perú.- Urge evitar las dilaciones y el peligro de que el JNE no permita tiempo para una buena transferencia de poder o incluso declare una fórmula ganadora para el 28 de julio.
Por Isaac Bigio, analista internacional
Nunca antes un balotaje ha recibido tanto sabotaje
Cuando apenas falta una quincena para el 28 de julio, fecha del bicentenario y de la asunción del nuevo gobierno peruano, aún el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue sin proclamar al ganador de las presidenciales que acabaron hace más de 5 semanas.
Esto es algo que nunca ha pasado en ninguno de los anteriores 6 balotajes que ha tenido el Perú (1990, 2000, 2001, 2006, 2011 y 2016).
Para julio usualmente el JNE declaraba quién era el nuevo mandatario que deber ser posesionado cada cinco 28 de julios, y para entonces el que iba a entrar a Palacio ya se había reunido con el saliente para preparar la transferencia de poderes.
Para este sábado 3 de julio se anunciaba que iba a ser proclamado el profesor Pedro Castillo en la Presidencia. Luego el JNE dijo que a más tardar esto se daría el 15 de julio.
Ahora su vocero, Luis Alberto Sánchez (homónimo de un famoso difunto jerarca aprista), ha informado que el JNE dará su veredicto en la semana que se inicia el lunes 19 al domingo.
Idealmente él ha dicho que debiera darse a inicios de dicha semana que termina el 26 de julio, pero aclara que ese cálculo se da sin que puedan contarse las apelaciones.
Golpismo
Todos sabemos que el fujimorismo va a hacer las apelaciones más osadas.
Han contratado a los estudios de abogados más costosos de Lima.
Han dicho que van a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su aliado y nuevo vocero, el nobel Mario Vargas Llosa ha dicho que todo lo que se haga para evitar que Castillo llegue al poder es plenamente justificable.
Keiko Fujimori primero dijo que iba a acatar los resultados, luego que respetaría lo que diga la ONPE, después que cuestionaba a la ONPE pero que iba a obedecer a lo que dictamine el JNE, y ahora ella y su abogada Lourdes Flores rechazan cualquier autoridad a este organismo.
El acciopopulista García Belaunde y otros voceros de la derecha han planteado la posibilidad de que si para el 28 de julio el JNE no ha declarado a la plancha vencedora es el congreso quien debe elegir a un nuevo mandatario transitorio.
El primero en querer asumir dicho puesto es el almirante retirado Jorge Montoya, quien firmó actas de sujeciones a Vladimiro Montesinos y quien quisiera imponer un gobierno ultraderechista de mano dura que convoque a comicios manipulados.
El equipo integrado por Montoya causó un gran papelón al ir a Washington a buscar que la OEA le reciba, mientras que no le abrieron la puerta y a su conferencia de prensa no fue ningún medio, aparte de una periodista peruana que les acusó de golpistas.
Pese a ello, a que carecen de respaldo internacional, a que las FFAA han desoído 3 cartas firmadas por cientos de uniformados retirados pidiendo desconocer los resultados electorales y dar un golpe militar, a que han fallado en nominar a la rápida a un Tribunal Constitucional que pueda anular la elección de Castillo y a que las movilizaciones de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga apenas congregan poca gente, la extrema derecha quiere impedir a costa la llegada de Castillo a Palacio.
Nunca antes a un Presidente electo se le ha hecho tanto sabotaje antes de poder llegar al gobierno, y lo que le espera, en caso de arribar a Palacio, puede ser mucho peor.
Mientras más se demore el JNE en oficializar a Castillo más incertidumbre económica, social y política ha de haber.
El triunfador de los comicios no quiere presentar a su futuro eventual Primer Ministro ni a nadie de su gabinete, pues de esta forma presiona a que se acelere su proclamación y se cura en salud de que le acusen de autoproclamarse o que le cuestionen por tal o cual nombramiento.
Mientras tanto, Fuerza Popular y Renovación Popular quieren imponernos un gobierno cívico militar que no haya surgido de una elección popular. Este último supuestamente buscaría convocar a nuevas elecciones, pero lo haría desde una posición de fuerza y de hostilidad a quienes sigue considerando “comunistas” y “terroristas”.
Aún no queda descartada una posible aventura de un sector militar, el cual, pese a que pudiese no contar con el respaldo del Comando Conjunto de las FFAA, quisiese atreverse a imitar el ejemplo de 1962, cuando una junta militar tomó el poder unos 10 días antes del 28 de julio en el cual se debió haber decidido quién sería el nuevo Presidente.
Si Antauro Humala hizo 2 golpes nacionalistas (uno contra Alberto Fujimori y otro contra Alejandro Toledo) no podemos ignorar la posibilidad de que un grupo de oficiales (sobre todo de la marina) se levante en armas desde una óptica derechista.
Descuidos
Pedro Castillo se siente ganador y viene centrando sus energías y tiempo en estructurar su nuevo gabinete, para lo cual busca mostrar que es un estadista moderado antes que un agitador radicalizado. Sin embargo, él ha venido descuidando la calle.
Desde que el último sábado de junio él demostró movilizar mucho más gente que el fujimorismo, Perú Libre ha dejado de darles mayor importancia a las manifestaciones.
No hicieron ninguna marcha el sábado siguiente (3 de julio), en tanto que circulaban afiches diciendo que para entonces Castillo ya iba a ser proclamado. Tampoco prepararon bien el autonombrado paro nacional del 6 de julio (el cual fue, básicamente, una jornada de marchas, pero sin la característica de una paralización algo semejante a las del famoso paro del 19 de julio de 1977 que dio paso a la actual democratización del país).
Los golpistas, sin embargo, han querido seguir organizando protestas. Su famosa extensa y masiva marcha del millón de personas que inicialmente iba a darse desde el Callao hasta Chorrillos pasando por la costanera, se redujo a una movilización de algunas decenas de miles.
Luego, el 26 de junio las fuerzas de Fujimori y de López Aliaga se dividieron haciendo dos concentraciones paralelas a pocas cuadras de distancia.
Mientras Renovación Popular prioriza un discurso de confrontación para anular la elección, Keiko Fujimori y Lourdes Flores organizaron una vigilia con oración aparentando moderación.
Dicha vigilia, apenas llenó una pequeña parte de la plaza Bolognesi y hasta El Comercio, el principal diario que apoyó la candidatura de Keiko, informó que éste congregó a centenas de personas (no centenares de miles).
Luego las famosas marchas a Palacio de Justicia apenas han congregado pocas decenas. Finalmente la “mega caravana” del segundo sábado de julio reunió poca gente, pese a que gran parte de la militancia fujimorista tiene autos y prefiere movilizarse cómodamente en éstos antes que marchar a pie.
Tal vez la estrategia de Castillo sea de no quererle dar mucha importancia a la calle a fin de desanimar a que sus contrincantes fujimoristas puedan recurrir a ésta, y así sigan desinflándose.
El problema es que la principal fuerza que tiene Perú Libre ha sido las masas en las calles. Son las grandes manifestaciones en torno a Castillo las que le dieron la victoria y las que pueden garantizar que llega al gobierno, que se mantenga en éste y que evite presiones para abandonar sus promesas originarias (sus famosas “palabras de maestro”).
Castillo se siente cercano al Movimiento Al Socialismo de Bolivia o al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En ambas naciones con considerable población indígena, sus actuales gobiernos evitaron fraudes y vetos movilizando multitudes en las calles.
Urge seguir esta alternativa ahora en Perú. Si este fin de semana quienes defienden el voto de la mayoría no salen a las calles de manera pacífica pero de manera multitudinaria se corre el peligro que se siga dilatando el proceso de proclamación presidencial y de que el golpismo se quiera seguir envalentando pensando que no va a recibir una respuesta popular en caso de querer desconocer su derrota electoral.
Urge un gran pasacalle y jornadas de marchas
He notado que circulan propuestas a hacer un gran pasacalle por el bicentenario, pero ahora urge hacer uno para evitar que se burle la voluntad popular y para expresar el rechazo a los intentos de burlar la elección.
