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Parlamento de Canarias respalda la propuesta de Podemos para reforzar la seguridad alimentaria y evitar el fraude a productores y consumidores

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  • Concepción Monzón recuerda que “los robos de fruta, de cabezas de ganado, no solo ponen en riesgo la salud de las personas sino que ponen en riesgo la sostenibilidad de las explotaciones”.

 

  • El plan de la formación morada incluye la obligación de proceder a la retirada del mercado de alimentos, y en su caso su destrucción, cuando se considere que no cumplen los requisitos de seguridad o inocuidad alimentaria.

 

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha conseguido el respaldo unánime a su iniciativa para que el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo impulse una campaña sobre el control   la trazabilidad de los productos alimenticios para que los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, y en general todos los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores, “estén perfectamente identificados y se evite el engaño con productos no originarios de las Islas o que hayan sido robados”.

 

En este sentido, la diputada Concepción Monzón, impulsora de la propuesta, afirma que “hemos visto como los robos de fruta, de cabezas de ganado, no solo ponen en riesgo la salud de las personas, ya que puedes contener sustancias pesticidas o antibióticos, sino que merman los ingresos a nuestros productores poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus explotaciones”.

 

La diputada ha recordado que además se importan productos de la Unión Europea o terceros países que, en algunas ocasiones, “se comercializan como productos de origen canario, haciendo un daño irreparable al sector”.

 

Controlar el fraude

Por ello, estos controles que han sido aprobados “no solo velarán por la seguridad alimentaria llegando a más establecimientos, sino que además controlarán el fraude sobre el origen de los alimentos, para defender el derecho de los consumidores, pero también la protección de nuestros productores en el sector primario y en las industrias agroalimentarias de Canarias, con lo que supone para la economía de las islas”.

 

El plan pedido por Monzón “debe hacer especial referencia a las obligaciones por parte de las empresas agroalimentarias de asegurar y verificar que los alimentos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades, subrayando la obligación de proceder a la retirada del mercado de alimentos, y en su caso a la destrucción de éstos, cuando consideren o tengan motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad o inocuidad alimentaria”.

 

Asimismo, el Servicio Canario de Salud deberá “adoptar medidas preventivas de protección de la salud, incluyendo la puesta en marcha de una campaña de inspección sanitaria de aquellos alimentos cuya trazabilidad no se pueda garantizar”.

 

A su vez, la Dirección General de Comercio y Consumo, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, tendrá que “colaborar estrechamente” con las administraciones “mediante un sistema de intercambio rápido de información para la detección de posibles riesgos de los productos de consumo, informando de aquellas reclamaciones y denuncias presentadas en las oficinas de información al consumidor que puedan plantear dudas en la trazabilidad de alimentos”.

 

Órgano de coordinación permanente

Como se recordará, las competencias en materia de control están repartidas en varios organismos y, por ello, “es necesario que la eficacia de los controles a través del escaso personal sea máxima” y, además, “crear un órgano de coordinación permanente que protocolice el control de la trazabilidad en todos los controles que realiza el Gobierno de Canarias”.

 

“La dispersión de competencias no puede ser una excusa y el trabajo encomiable que realizan los inspectores no puede quedar en saco roto por falta de competencia. Si  queremos proteger a nuestra población y luchar por nuestro sector de producción, el control es una de las herramientas que tiene el Gobierno para defenderlos”, concluye Monzón.


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