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Nueva Canarias ( NC ) defiende un pacto de Estado para la nueva ley educativa

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La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia educativa, Carmen Hernández, pidió hoy, en la sesión de control al Gobierno, un pacto de Estado para la nueva Ley Orgánica para la Reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). El diputada del grupo nacionalista progresista defendió la necesidad de que la octava norma sectorial de la democracia se aleje de la batalla “partidista y confesional” para convertirse en una propuesta de toda la sociedad española.

Durante el turno de preguntas al Ejecutivo de progreso y ante el próximo inicio de la tramitación del proyecto de ley de la Lomloe en las Cortes Generales, Carmen Hernández dio la bienvenida a la propuesta de la ministra Isabel Celaá con la manifestación que, “si había consenso en algo” en la comunidad educativa, era en la necesidad de “derogar” la ley Wert, la Lomce del PP, aprobada hace siete años. Nació “mal”, era una propuesta “ profundamente segregadora” y porque, como puntualizó la portavoz nacionalista, las leyes no deben ser partidistas sino un reflejo de la sociedad.

Pero además de suprimir la Lomce, el valor del proyecto de ley que, ahora iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados, es que “moderniza” la LOE, según Carmen Hernández. Para Nueva Canarias, introduce aspectos tan importantes como la equidad y la excelencia, apuesta por la Formación Profesional (FP) y, de “forma decidida”, por la educación infantil de cero a tres años además de actualizar el sistema de acceso a la función docente.

Este proyecto de ley, prosiguió Hernández, persigue colocar al Estado español entre los países con un mejor nivel educativo, según las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque nace con un consenso “razonable”, en opinión de la portavoz de NC, “no debemos abandonar” el objetivo de un “gran pacto de Estado”.

Carmen Hernández abogó por “no generar inestabilidad” al sistema y por “dejar de ver” la educación como un elemento de “división” social. Los nacionalistas progresistas, observó, apuestan por alejar esta propuesta legislativa de la batalla “partidista o confesional” y de quienes pretenden “beneficios ideológicos o electorales”.

Para Carmen Hernández, la octava ley educativa de la democracia no debe ser una norma del PSOE ni de otra organización política sino de toda la sociedad. La parlamentaria de NC defendió la importancia de escuchar al Consejo Escolar del Estado y a los órganos autonómicos paralelos.

Begoña Amezua
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