El portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha propuesto hoy la reedición del Pacto Canario sobre la Inmigración, planteado a finales de 2002. El dirigente de los nacionalistas progresistas cree necesario abordar la crisis actual desde la unidad y con una visión global de responsabilidades, situadas en la Unión Europea (UE), la Administración estatal y las instituciones públicas canarias, las formaciones políticas y sociales así como las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.
Las imágenes de las personas migrantes, acogidas en carpas en los muelles pesqueros como el de Arguineguín o en colchonetas en el suelo en almacenes portuarios, “no se pueden volver a repetir”, en opinión de Luis Campos. Con este objetivo, y ante la necesidad de “alejarnos de los populismos, las demagogias, actitudes xenófobas y partidistas”, el dirigente de Nueva Canarias ha planteado la “recuperación” de un “espacio de diálogo y de consenso”, en el que se acuerden las soluciones que precisa el Archipiélago como frontera sur de Europa y del Estado.
“Canarias no puede ser la cárcel de quienes llegan a nuestras costas para continuar hacia el territorio continental ni nos identifica como pueblo”, recriminó Campos. Abordar una situación compleja y difícil, agravada por la pandemia del coronavirus, en su opinión, exige el “compromiso de todos los que tienen responsabilidades o están dispuestos a colaborar”.
La mayoría de los acuerdos y compromisos del pacto de 2002, según Luis Campos, hoy están vigentes. La reedición del mismo, añadió, “nos da la oportunidad para ratificar los compromisos” de cada organismo e institución implicada además de “poder incorporar” a partidos políticos y asociaciones representativas que, en ese momento, no existían.
Remarcó la “necesidad” de generar espacios de “consenso” para que el Estado habilite, de una vez, sus infraestructuras y, en colaboración con las administraciones canarias y en el ejercicio de sus responsabilidades, acoger a los migrantes con “dignidad y humanidad”. Es al Gobierno estatal, añadió, a quien compete también la reactivación de la política de los traslados, el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia y para llegar a acuerdos y cooperar con los países de origen en coordinación con la UE
