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La Justicia alemana pide a España que concrete la acusación de malversación a Puigdemont

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La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a la justicia española que envíe información adicional sobre la acusación de malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al considerar que en la euroorden falta concreción.

"No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan", subraya la Audiencia en el auto emitido el pasado viernes y difundido hoy.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado que en el pedido de la justicia española para la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont exista una "motivación política". "No hay indicios de que, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos", subraya el auto emitido por la Audiencia el pasado jueves y difundido hoy, por lo que se rechazan tales argumentaciones de su defensa.

LA MINISTRA ALEMANA DE JUSTICIA HABLA CON CATALÁ PARA ACLARAR EL "MALENTENDIDO"

El Ministerio alemán de Justicia informó hoy de que su titular, Katarina Barley, habló ayer con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar el "malentendido" por sus comentarios sobre la decisión de la justicia alemana en la extradición del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont.

El portavoz del Ministerio de Justicia, Piotr Malachowski, aseguró hoy en una rueda de prensa rutinaria que Barley "no tomó ni va a tomar postura" sobre un proceso judicial en marcha, que "no hubo declaraciones autorizadas" de la ministra y que hay que esperar a lo que decida la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, insistió en que Berlín tiene el "convencimiento de que el conflicto catalán debe resolverse dentro del marco de la Constitución y del orden legal español".