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La Asamblea estiudia crear una comisión de investigación sobre el amianto en el Metro

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La Asamblea de Madrid debate la creación de una comisión de investigación sobre el amianto en el Metro. los trabajos podrían comenzar en junio. PSOE y Ciudadanos han dado su apoyo a la propuesta de Podemos. El Gobierno regional no se opone a la comisión pero pide que antes se agoten los recursos parlamentarios ordinarios.

El consejero madrileño de Presidencia y Justicia y portavoz, Ángel Garrido, ha dicho hoy que en el caso del amianto en el Metro "no se pueden pedir dimisiones sin escuchar antes las explicaciones" en la comisión de Transporte ordinaria en la Asamblea de Madrid. Así ha respondido el consejero tras el consejo de Gobierno a la petición de Podemos de una comisión de investigación y la dimisión del consejero delegado de Metro, Borja Carabante.

En casos "importantes" como el del amianto en el Metro, ha dicho Garrido, "conviene antes agotar todos los recursos parlamentarios ordinarios y aclararlos en la comisión permanente ordinaria de Transportes de la Asamblea. "No nos oponemos a la propuesta de estas comisiones (de investigación), pero lo razonable es agotar antes los recursos parlamentarios ordinarios", ha dicho Garrido, convencido de que es "lo razonable".

El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ha propuesto la creación de una comisión de investigación para analizar las condiciones de seguridad de los trabajadores después que el suburbano madrileño reconociese la presencia de amianto y ha pedido además la dimisión de Carabante.

Metro de Madrid ha reconocido la presencia de amianto en algunos trenes de las líneas 1, 6 y 9, que generó una "enfermedad profesional" a un trabajador, y la posibilidad de que un segundo trabajador pudiera resultar enfermo por manipular este mineral, y la existencia de una tercera persona afectada que no ha desarrollado cáncer.

La fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación penal para establecer si los hechos relacionados con el amianto "fuesen constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y determinar la persona o personas responsables de los mismos".