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Gran Logia de Canarias se reunirá con los grupos parlamentarios canarios para trasladarles su posición sobre la Ley de Memoria Histórica de Canarias.

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Los masones canarios solicitarán que se anulen todas las sentencias y resoluciones instruidas por los consejos de guerra y por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, por causas políticas dictadas en Canarias por el régimen franquista.

 

La Gran Logia de Canarias acordó solicitar reunirse con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias con ocasión de la  la toma en consideración realizada por el Pleno del Parlamento de Canarias el 6 de febrero de  2018, de la proposición de ley de Memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y al ser los masones canarios un colectivo especialmente afectado por la represión.

Cabe recordar que en Canarias, a partir de julio de 1936 se constituyeron los Consejos de Guerra y posteriormente el  Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, que  llevaron a cabo  procesos aplicados por el procedimiento de los consejos de guerra como medio de represión política vulnerando las competencias y la legalidad entonces vigente, también respecto a los delitos tipificados, los procedimientos seguidos y las garantías procesales que eran exigibles.

Le Ley de Memoria Histórica estatal, ya declaró ilegítimos los tribunales franquistas y sus sentencias, pero no la nulidad de sus fallos o resoluciones.

En atención a las víctimas y sus familiares, los masones canarios echan de menos en la proposición de Ley que se debate, un artículo que declare la nulidad de todos estos procedimientos y de las sanciones y condenas, de graves consecuencias, que de éstos se derivaron.

Consideran que es preciso hacerlo, también, teniendo en cuenta los requerimientos formulados a  los poderes públicos españoles, tanto por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el último informe del período de sesiones de 22 de julio de 2014, que ha requerido a las instituciones del Estado «Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Los estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden resultar sumamente provechosos».

 

 


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