Canarias

Gobierno de Canarias aprueba nuevas medidas para la conciliación en el ámbito de la Administración General

  • Se trata de un conjunto de medidas que permiten avanzar en la protección de familiares menores de edad, con discapacidad o de avanzada edad que requieran de especiales cuidados y estén bajo el cuidado directo del personal, así como para atender las propias circunstancias vitales del personal

 

El director de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, anuncia que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobó hoy un paquete de nuevas medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Rodríguez explica que esta iniciativa da cumplimiento, entre otros, al compromiso adquirido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo que se une a otras medidas ya implementadas como la jornada semanal de 35 horas, el aumento de las retribuciones, el derecho a la percepción del total de las retribuciones en caso de incapacidad temporal o el aumento de la dotación presupuestaria para las ayudas de acción social.

A través de este paquete de medidas, añadió el director general, se avanza “decididamente” en la protección de los hijos e hijas y de familiares con discapacidad o de avanzada edad, que requieran de especiales cuidados y estén a cargo directo del personal al servicio de la Administración General.

La resolución abarca, en primer lugar, una mejora en el régimen de flexibilización de la parte fija del horario que han de cumplir los trabajadores y trabajadoras, permitiendo su incorporación más tarde o pudiendo finalizar su jornada más temprano, o bien en su caso, interrumpiendo el desarrollo de la jornada, para atender las necesidades de cuidado, siempre y cuando se cumpla con el horario total.

Asimismo, se prevé la ampliación del período diario de descanso para quienes tengan la condición de personal con discapacidad o estén en procesos de recuperación por enfermedad grave, y se flexibiliza el horario en determinados períodos del año con la finalidad de favorecer la conciliación de las obligaciones laborales con el curso escolar.

También se permite la progresiva reincorporación al trabajo, mediante una adaptación horaria, a quienes hayan padecido una enfermedad oncológica o cualquier otra de especial gravedad. De otra parte, se fomenta la participación del personal en su formación y perfeccionamiento previendo la Resolución períodos de cortesía que compatibilicen su horario de trabajo con la formación.

Respecto al cuidado directo de familiares, se establecen medidas concretas respecto de hijos e hijas que padecen una enfermedad oncológica u otra de especial gravedad, también por hospitalización de familiares, por episodios de enfermedad contagiosas de menores de 14 años, para atender circunstancias personales como el fallecimiento de familiares, el matrimonio o la constitución como pareja de hecho, el cambio de domicilio, o la asistencia a técnicas de fecundación o de reproducción asistida.

Destaca la implementación en la Administración General de un crédito horario anual para la conciliación, de carácter recuperable, que podrá disponerse por el personal para atender necesidades de conciliación relacionadas con menores de edad y otros familiares, y que será del 3% de la jornada anual en 2019; del 4% en 2020, y del 5% en 2021, y que atendiendo a las condiciones para su disfrute es, a día de hoy, el crédito horario más avanzado del Estado.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en cumplimiento de aquel compromiso adquirido convocará esta semana a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, a iniciativa de las organizaciones sindicales, para alcanzar un acuerdo por el que se constituirá una Comisión General de Conciliación cuya finalidad será estudiar la aplicación de un marco de medidas de conciliación para el conjunto de la Administración autonómica que se adapte a las específicas características de los distintos sectores públicos como son la Educación, la Sanidad, la Policía Canaria o la Administración de Justicia.



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