En este contexto, el debate se vuelve a centrar en la necesidad de los autónomos y las pequeñas empresas de utilizar la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015 y desconocida por la mayoría de los ciudadanos españoles.

“La medida es el equivalente de los procesos concursales y de bancarrota en empresas, sólo que llevado al ámbito personal y de los autónomos. La ley permite entrar en concurso a un particular siempre que cumpla determinados requisitos”, sentencia Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting.

De acuerdo a lo publicado en el BOE de julio de 2015, la ley permite que aquellas personas que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones exigibles, puedan conseguir la exoneración de sus deudas.

“En primera instancia, cuando un autónomo se acoge a dicha ley, puede conseguir un acuerdo extrajudicial para el pago de la deuda. Es decir, renegociar la forma en la que va a devolver el dinero”, analiza Charton. Y agrega: “en caso de no alcanzar un acuerdo es cuando se llegaría a la vía judicial donde se puede obtener la cancelación o exoneración de la totalidad o un porcentaje de la deuda”.

Requisitos para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad

Desde la gestoría Valio Consulting se indica que “la ley está diseñada principalmente para ciudadanos particulares y para autónomos que cumplan con una serie de requisitos que incluyen, por ejemplo, la buena fe”.

La ley establece 3 condiciones que deben darse para poder iniciar el proceso:

• Acreditar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya se ha liquidado. La vivienda tiene una consideración especial.

• Las deudas obligaciones totales no podrán superar en ningún caso los 5 millones de euros.

• La buena fe del deudor.

En este sentido, para que un deudor sea considerado ‘buena fe’ también debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber tratado de alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de iniciar el concurso.

• En el caso de los autónomos, no haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores. Para ello deberá haber solicitado el concurso en los dos meses posteriores a detectar la insolvencia.

• También en el caso de los autónomos y emprendedores, no se podrá haber acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los 10 años anteriores.

• Que no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

• Que no haya rechazado una oferta de empleo “adecuada a su capacidad”.

¿Es esta ley la solución para autónomos en la crisis post Covid-19?

Charton explica “La Ley de Segunda Oportunidad no elimina todas las deudas: en su artículo 178bis aclara que se podrán cancelar las deudas ordinarias y subordinadas y la parte exceda de la garantía en un crédito privilegiado”.
De esta forma, solo servirá para cancelar las deudas pendientes después de la subasta y ejecución de un inmueble, sin contabilizar las nuevas deudas que puedan generarse una vez iniciado el proceso. Además, la Ley se convierte en una vía de escape para quienes hayan perdido su casa pero sigan arrastrando deudas por la hipoteca o quienes no quieren perder su casa por las deudas que tienen, al margen de la hipoteca.

Sin duda se trata de una salida a los problemas de los autónomos frente al cese de actividades provocado por el Covid-19, que incluyen pérdidas económicas y emisión de créditos. “La Ley de Segunda Oportunidad permitirá renegociar y cancelar la mayorías de las deudas contraídas durante la pandemia, dejando la posibilidad de que muchos autónomos logren empezar de cero, pese a la crisis”, finaliza Charton.

Acerca de Valio Consulting

Valio Consulting es una empresa de consultoría y gestoría creada por los asesores fiscales Yannick Charton y Emilio Ybarra para poder ofrecer un servicio más exclusivo a la numerosa comunidad francófona que vive o desea invertir en España. Al mismo tiempo, brindan este servicio a autónomos, pymes y empresarios españoles, que requieran de asesoramiento fiscal, jurídico y contable.