Madrid, 27 de febrero de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas y a los grupos parlamentarios, para buscar el encuentro a través del debate y del diálogo, para hacer posible el modelo de gobernanza que requiere la complejidad de las transformaciones y los desafíos a los que tenemos que nuestro país tiene que hacer frente. En materia de Función Pública, la ministra ha marcado la prioridad en avanzar en la modernización de la Administración para convertirla en el mejor instrumento del buen gobierno.
“Mi dedicación plena será buscar y encontrar cuanto antes un mínimo común de entendimiento con todos. Disponemos de una base muy amplia de entendimiento que es la Constitución Española.
Tenemos la obligación y la convicción de poner en marcha en nuestro país un proceso de
modernización reflexiva, que debe conducirnos hacia unas instituciones públicas orientadas hacia el buen gobierno”, ha manifestado en su comparecencia en Comisión en el Congreso.
Darias ha subrayado que se empeñará en que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sea “un espacio para el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre nuestros territorios, en todos los niveles de distribución competencial, compartiendo propuestas, inquietudes y dando respuestas y esperanzas que mejoren y aseguren la vida de la gente”. Y ha añadido que “lo que acontezca en cada uno de los rincones de este país nos importa, porque forma parte de nuestra convivencia cotidiana y nuestra razón de ser para lograr una sociedad cohesionada social, económica y territorialmente”.
POLÍTICA TERRITORIAL: COOPERACIÓN COMO BASE DEL ENTENDIMIENTO
En cuanto a las líneas generales de Política Territorial, la ministra ha destacado que tendrán como eje de actuación la cooperación territorial para la cohesión social como base para el entendimiento. “Todo nuestro empeño, día a día, estará en comprender y valorar la situación actual de nuestros territorios, para impulsar iniciativas que contribuyan a que las CCAA, las EELL, las diputaciones, los cabildos insulares, los consells, las ciudades autónomas junto a la administración general del Estado en el territorio, colaboren en la mejora de las condiciones de vida de las personas”.
Conferencia de Presidentas y Presidentes
La ministra ha manifestado que la Conferencia de Presidentas y Presidentes dispone ya de un Reglamento que la dota de capacidad operativa, pero es necesario dotarla, al mismo tiempo de instrumentos, de un soporte organizativo y, sobre todo, de una cultura de participación que la fortalezca permanentemente. Darias ha señalado que el propósito del Gobierno es que la séptima reunión pueda celebrarse antes de final de año.
Asimismo ha señalado que los programas de cooperación territorial serán un instrumento
fundamental en nuestra acción de gobierno, de modo que las orientaciones emanadas de la Conferencia de Presidentes puedan tener un soporte adecuado para su ejecución. “Todas las voces tendrán la oportunidad de ser escuchadas y tenidas en cuenta en la búsqueda de soluciones de interés común”, ha añadido.
Conferencias Sectoriales y Relaciones Bilaterales
En su intervención, Darias ha asegurado que el Ministerio trabajará intensamente para identificar y dar a conocer las mejoras prácticas que se hayan generado en cada una de las Conferencias Sectoriales para crear cultura de participación institucional. Como ejemplo ha citado que durante 2018 se suscribieron 603 convenios o acuerdos. “Nuestro propósito es seguir avanzando en la cooperación, impulsando el encuentro, a través de estas Conferencias, para seguir recorriendo el camino juntos”, ha subrayado.
Las relaciones bilaterales ocupan también un lugar importante en la acción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha precisado la ministra, que ha apuntado que, se ha trabajado para reducir la litigiosidad y, desde junio de 2018 hasta agosto de 2019, se han iniciado 85 procedimientos de negociación para acordar interpretaciones o modificaciones de normas cuestionadas y se han resuelto ya 28 con acuerdo. Además, se ha desistido de recursos interpuestos por el anterior gobierno, desistimientos que han afectado fundamentalmente a derechos sociales.
La ministra ha indicado que el Gobierno seguirá trabajando con las comunidades autónomas para el desarrollo estatutario, especialmente de los nuevos Estatutos recientemente aprobados y a impulsar las comisiones bilaterales previstas. “Hemos creado un clima de confianza que nos va a permitir hacer realidad que nuestros consensos y nuestros disensos puedan ser constructivos (…)
El auténtico diálogo es lo que necesitamos con la mayor urgencia en nuestro país” ha destacado la ministra que ha señalado que el auténtico diálogo se basa tres principios esenciales: “veracidad, lealtad y rectitud.”
Reforzar la presencia del Gobierno de España en el territorio
Tanto el mapa de localización de las instituciones, como la agenda de actos relevantes, ha
agregado, será objeto destacado de diálogo y consenso entre todas las administraciones
implicadas. La ministra ha compartido el firme propósito de garantizar la presencia del Gobierno de España en todo el territorio, mediante el refuerzo en la coordinación de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Próximamente, ha anunciado, convocará la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE).
En materia de política territorial, también ha puesto de manifiesto la voluntad de seguir impulsando la coordinación y la participación de las comunidades autónomas en asuntos europeos a través de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).
Así anunció que el próximo día 11 de marzo se celebrará una reunión para analizar y valorar la situación creada una vez que se ha producido la salida real del Reino Unido y se ha iniciado el proceso de transición.
“Los ayuntamientos han sido tremendamente responsables en el cumplimiento de sus obligaciones con los sucesivos objetivos de déficit”, ha señalado la ministra Darias, que ha indicado la ministra, que ha agregado que entre las acciones del Ministerio se propone hacer todo lo posible para garantizar el respeto a la autonomía local mediante la tramitación del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, para la recuperación de la autonomía local.
Esta reforma, ha añadido, se plantea como una reforma urgente y de mínimos, sin perjuicio de que en paralelo se abran los cauces institucionales y de diálogo necesarios para abordar una reforma global y de alcance de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
La ministra ha apuntado que el Gobierno plantea en esta Legislatura garantizar el respeto a la autonomía local, intensificar las relaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias, como representante de los entes locales, y proteger y mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España. Así, ha anunciado que convocará en el menor tiempo posible, el Consejo de Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado.
FUNCIÓN PÚBLICA: AL SERVICIO DEL BUEN GOBIERNO
La ministra Carolina Darias se marca como prioridad avanzar en la modernización para conseguir una Administración más abierta, transparente y eficaz al servicio de la ciudadanía. Una Administración moderna y eficaz, al servicio del buen gobierno y que se adapta al ritmo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, con capacidad para garantizar los servicios públicos y responder a las demandas ciudadanas.
La ministra ha repasado objetivos en los que trabajará durante esta legislatura, entre ellos, aprobar una ley de Función Pública en la Administración General del Estado, para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, su defensa de los empleados públicos y del diálogo social con los sindicatos, reforma del empleo público y de la oferta o encaminar el INAP y el IEPP como organismos para la modernización de la Administración y la captación del talento joven ante el envejecimiento actual de las plantillas, y también la reforma de la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Reforma de la Función Pública en la AGE: El Gobierno presentará el proyecto de Ley de
Función Pública, que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público. Una reforma
estructural, un proceso de transformación del empleo público y un impulso a la
“racionalización de la Administración, para mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia y
garantizar la prestación de servicios públicos en una sociedad abierta, plural y diversa”.
Defensa de las empleadas y empleados públicos.- Defensora de su trabajo y del
servicio que prestan: ”A ellos y a ellas encargamos la educación de nuestros hijos e hijas,
la salud y el bienestar de nuestros mayores, la seguridad de nuestras calles. Han sido
garantes de la equidad, de la solidaridad y de la dignidad de nuestra sociedad. Los
empleados y empleadas públicos han demostrado una generosidad y una entrega dignas
de elogio, y lo han hecho en unas condiciones difíciles, luchando contra injustos
estereotipos sobre la función pública”.
Oferta de Empleo Público. La prestación de los servicios públicos requiere disponer de
unas plantillas adecuadas. Durante la crisis, salvo para algunos sectores, estuvieron
congeladas. En 2018 comenzó el giro y en 2019 el Gobierno impulsó la mayor oferta de los últimos 11 años, con 33.793 plazas. “El rejuvenecimiento de las plantillas será el eje de la oferta, como orientarla a los sectores más necesitados de personal”.
Los saldos de efectivos negativos, varios años, han acelerado el envejecimiento del
personal, con una edad media hoy de 52 años, casi diez más que la del conjunto de la
población activa (42,5): “La primera consecuencia afecta a la previsible reducción de
efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años más del 51% del
personal se va a jubilar. Un problema que puede afectar al funcionamiento de la
Administración y a la prestación de servicios públicos, si no damos respuesta y
afrontamos la situación”.
Estabilización: El objetivo es reducir el empleo temporal y reforzar la estabilidad. El
empleo temporal deberá situarse por debajo del 8% tras los acuerdos alcanzados con los
sindicatos. La Mesa General de Negociación, hace dos días, ha impulsado los procesos
selectivos para 5.390 personas, en la AGE, con una tasa de temporalidad ya inferior al 8%.
Incremento retributivo: Una de las primeras medidas ha sido el incremento del 2% en las retribuciones de empleadas y empleados públicos con efectos a 1 de enero de 2020. Real Decreto-ley, convalidado “sin ningún voto en contra”.
Negociación con los sindicatos: El diálogo social se ha iniciado. Primero, reunión con
los representantes sindicales, y hace dos días, la Mesa General de Negociación. Y la firme
voluntad de Gobierno de aprobar un nuevo acuerdo de amplio alcance, “para seguir
avanzando en la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo”.
Reforma del Empleo Público en la Administración General del Estado (AGE): Mejora
del acceso a la Función Pública y considerar al empleado público como el principal activo.
En el ámbito local, actualización de la Ley de Bases de Régimen Local o el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes.
La ministra ha expresado la necesidad de mejorar el acceso a la función pública,
respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, “trabajamos en medidas para
modernizar el acceso: requisitos,, procesos selectivos y racionalización de cuerpos”.
INAP e IEPP. Una Administración al servicio del ‘buen gobierno’ precisa organismos que
contribuyan a la modernización. Se fortalecerán el Instituto de Administración Pública
(INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP). “Necesitamos un
plan de captación de talento que contribuya a poner freno al problema del envejecimiento
de la Administración General del Estado y el INAP y el IEPP serán nuestros mejores
instrumentos para avanzar en esa dirección. Con un esfuerzo de formación y evaluación,
vamos a modernizar y adaptar los sistemas de acceso al empleo público, de esta forma
quedarían encajadas todas las piezas que nos permitirán renovar la Administración”.
Buen Gobierno: La transparencia y el buen gobierno son dos principios fundamentales
sobre los que debe girar la gestión pública. “Queremos el buen gobierno”, que se sustancia en el marco jurídico de la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno (2013), que “vamos a reformar, profundizando en las cuestiones que más demanda la ciudadanía”,
para lo que la ministra solicita el apoyo y colaboración de las fuerzas parlamentarias.
Gobierno Abierto: Impulso con la aprobación del IV Plan. España es miembro de la
Alianza de Gobierno Abierto, de la que forman parte 79 países, con el objetivo de
“promocionar los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la
participación ciudadana y la colaboración social e institucional”.
El tercer Plan, concluido en 2019, implica a la AGE en la promoción de los valores de la
transparencia y la rendición de cuentas, la colaboración y la participación, y se tradujo en
223 actuaciones. “El 95% de las iniciativas y actuaciones se han finalizado total o
parcialmente”. El IV Plan de Gobierno Abierto contará con todas las administraciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil, “con el objetivo de que sea aprobado por el
Foro de Gobierno Abierto en el primer semestre de 2020”.
Igualdad hombres-mujeres. Un derecho fundamental y un valor estratégico en la
Administración, por eso se adoptarán medidas, como “itinerarios formativos en Igualdad en la Función Pública, apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la
corresponsabilidad, removiendo obstáculos que limiten la plena igualdad en el desarrollo
de la carrera profesional y medidas para la detección temprana y abordaje integral de
situaciones vulnerables en las administraciones, como el acoso sexual.
Inclusión social y laboral. Una Administración inclusiva, con oportunidades y sin dejar a
nadie atrás, especialmente a quienes más lo necesitan. Integración de las personas con
discapacidad en el empleo público, que ya ha registrado un aumento en los últimos años.
Muface: Continuará la modernización del organismo con el desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, incorporando la digitalización.
La ministra ha remarcado el objetivo de todas estas medidas que ha expuesto en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso: “Mejorar y modernizar la función pública, comoinstrumento esencial del buen gobierno”.
