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Empleados Públicos temporales de España inician una acción en redes sociales para pedir al Gobierno una ‘Ley María Emilia Casas’

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La presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aboga en un reciente informe jurídico por la creación de una nueva figura de ‘personal público a extinguir’ para dar solución al conflicto del abuso de temporalidad que afecta a 800.000 trabajadores del Estado

Además defiende la constitucionalidad de hacer fijos a estos empleados sin hacerlos pasar por ofertas de empleo público y darles estabilidad mediante la continuidad en sus puestos, hasta la jubilación

Los empleados públicos en abuso de temporalidad de España, que ascienden a 800.000 personas, han iniciado este lunes una acción espontánea en redes sociales pidiendo al Gobierno del Estado una ‘Ley María Emilia Casas’ en relación a la solución que esta jueza, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, ha estudiado y argumentado en un reciente informe que aboga por la creación de una nueva figura jurídica denominada ‘personal público a extinguir’ que dé estabilidad a este colectivo hasta su jubilación.

Bajo el lema “Más de 800.000 empleados públicos apoyamos la ‘Ley María Emilia Casas” y el hashtag #FijezaYaesConstitucional, esta reivindicación individual que se ha viralizado en Twitter y Facebook, intenta promover que el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, promueva una Ley que lleve el nombre de esta magistrada que, a juicio de los empleados públicos, “ha encontrado una solución justa y constitucional al problema de los trabajadores en abuso de temporalidad”.

Además, el informe de la magistrada aboga, además, por acometer esta reforma “con urgencia” ante la “infracción flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar el abuso de la temporalidad.

Los empleados públicos aplauden además, que la jueza, en su dictamen, niegue que la solución propuesta vulnere los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, tal y como defiende el Ejecutivo, y recuerda que, a excepción de determinados casos, los interinos se han sometido a pruebas de acceso bajo estos parámetros y que el Constitucional ya ha ratificado la validez del reconocimiento de los servicios prestados.

El conjunto de los empleados públicos en abuso de temporalidad, aglutinados en distintas asociaciones en todas las comunidades autónomas, recuerdan al Gobierno de España y el ministro Iceta que “ya no se puede escudar en que jurídicamente no es posible estabilizar al personal en abuso de temporalidad sin pasar por unas Opes, ni tampoco en que no sería constitucional ya que este informe demuestra fehacientemente que ambas premisas no se sostienen”.

Además piden al ministro Iceta valentía para adoptar una solución excepcional para una situación excepcional. Que dé un paso al frente y no deje no deje que miles de familias terminen en la calle después de años de servicio en precariedad por la mala gestión de las Administraciones Públicas españolas”.

https://twitter.com/jcarranza71/status/1376536895832924170?s=08

https://twitter.com/AnaD09493116/status/1376448135535456256

https://twitter.com/MacuValladares/status/1376500901716824064

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