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El Tribunal Superior asegura que OHL es responsable de la paralización del tren Móstoles-Navalcarnero

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Novedades judiciales en el caso del tren Móstoles- Navalcarnero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Comunidad y al Ayuntamiento de Móstoles frente a la constructora OHL que reclamaba 300 millones de euros por las obras. El Tribunal asegura que la paralización fue responsabilidad de la constructora y no procede pago alguno, una sentencia recurrible que abre la puerta a las reclamaciones de la Comunidad frente a OHL

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso que mantienen con la empresa concesionaria (OHL) encargada de la ampliación de la línea C5 entre Móstoles y Navalcarnero, paralizada desde el año 2010. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado en su auto, al que ha tenido acceso Efe, la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado.

SUSCEPTIBLE DE RECURSO

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo de treinta días. La juez tampoco considera justificada la reclamación al Ayuntamiento de Móstoles de los 50 millones de euros a los que se había comprometido el Consistorio a cambio del soterramiento de las vías y prolongación del ferrocarril por parte de la concesionaria, ya que las citadas obras no se llevaron a cabo en el plazo de cuatro años desde la firma del convenio.

La sentencia aclara que resulta "impensable considerar que el Ayuntamiento venía obligado a aportar la nada considerable cantidad de 50 millones de euros a fondo perdido sin contraprestación alguna por parte del concesionario", cuando las obras "no habían sido realizadas y estaban paralizadas unilateralmente".

"Es evidente que el Ayuntamiento de Móstoles incumplió con la obligación de transferir dicha cantidad, pero la concesionaria también ha incumplido con sus obligaciones de soterrar las vías desde el cruce de la carretera A5 hasta la estación de Móstoles Central y a la prolongación del ferrocarril", añade la sentencia.

El Consistorio se había comprometido a abonar, precisamente, en concepto de incremento de coste de producción por dichas causas, para que el nuevo trazado con soterramiento no supusiera ningún gravamen o perjuicio económico ni para la Comunidad de Madrid, ni para la concesionario ni para los futuros usuarios.

En la misma línea, los jueces también desestiman las otras dos alegaciones presentadas por la concesionaria: la existencia de un desistimiento tácito de la Comunidad a la ejecución del contrato y la existencia de modificaciones al proyecto que incrementaron en más del 20% el coste inicial del contrato, una modificación sustancial.

En el primer caso, la Sala concluye que "no existe desistimiento, ni expreso ni tácito de la Administración respecto a la ejecución del contrato", como se deduce de "los numerosos requerimientos que se dirigieron a la concesionaria para que reanudase las obras tras paralizarlas en 2010 de forma unilateral por falta de financiación".