Canarias

Adicae Canarias propone la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y más ayudas para el alquiler

En el archipiélago, se llevaron a cabo, en el primer trimestre de 2019, más de 620 lanzamientos relacionados con la LAU

Canarias, 10 de junio, 2019.- Adicae Canarias considera imprescindible la modificación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, responsable de que en el primer trimestre del año se hayan producido más de 10.000 lanzamientos. De estos datos, en Canarias se realizaron más de 620 lanzamientos en los juzgados como consecuencia de la LAU, de los que más de 380 fueron en la provincia de Las Palmas y cerca de 250 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos practicados por impago de alquiler en el primer trimestre de 2019 aumentaron un 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, siete de cada diez lanzamientos  realizados en 2019 fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y “con tendencia al alza”, tal y como apunta el CGPJ.

Es por ello que la asociación considera que se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el Salario Mínimo Interprofesional, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda.

“Resulta contrario a toda lógica que el precio del acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, no se abarate y que los consumidores que quieren acceder a una vivienda se encuentren en las mismas dificultades, o peores, que en tiempos del boom inmobiliario. Mientras esto no sucede, es importante la dotación de mayores ayudas para el alquiler, especialmente para los consumidores más desfavorecidos”, aseguran desde la asociación de consumidores.

Para poder frenar esta burbuja del alquiler, Adicae propone una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones. En este sentido, es imprescindible la creación de una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, que representan todavía el 25 %, las administraciones deben promocionar e implementar las posibilidades para acceder a mecanismos como la reestructuración de la deuda, posibles quitas y la dación en pago que mejoren los derechos de los consumidores en este ámbito.

 



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