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Pedro Quevedo ( NC ) presenta nueve enmiendas para que las corporaciones locales y comunidades autónomas usen el superávit en servicios públicos

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  • El diputado de NC señala que los excedentes de las corporaciones locales canarias (ayuntamientos y cabildos) supera los 1.000 millones de euros y el de la comunidad canaria ronda los 230 millones de euros
  • Están paralizados esos 1.230 millones de euros pese a que Canarias tiene una tasa de paro EPA del 20%, cinco puntos más que la media estatal, y un indicador Arope de riesgo de pobreza y exclusión social del 40,2%, 14 puntos por encima de la media española

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha presentado un conjunto de enmiendas, tanto a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (cuatro) como a la modificación de las normas de aplicación de la regla de gasto (cinco). Con ellas se pretende que tanto las corporaciones locales como las comunidades autónomas que cumplan con los objetivos de déficit y de deuda pública acordados, así como con los plazos de pago a proveedores establecidos legalmente, puedan usar su superávit en la financiación de los servicios públicos y las competencias que tengan asumidas.

En el caso de Canarias, el superávit de sus corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) referidos al año 2017 está en torno a los 1.000 millones de euros y el de la comunidad canaria ronda los 230 millones de euros. Unos 1.230 millones de euros de las administraciones públicas canarias se encuentran en depósitos bancarios en una sociedad tan necesitada de recursos públicos al sufrir una tasa de paro EPA del 20%, cinco puntos por encima de la media estatal, y con un indicador Arope de riesgo de pobreza y exclusión social del 40,2%, 14 puntos por encima de la media del Estado.

En opinión de Quevedo, la aplicación de la regla de gasto está imponiendo a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas un límite a la evolución de sus gastos más restrictiva que la que deriva del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Provocando que los gobiernos locales y territoriales se encuentren obligados a mantener importantes superávits fiscales sin poder dedicarlos a financiar, en el marco de sus competencias, los servicios públicos que prestan a la ciudadanía y, especialmente, a adoptar medidas frente a las altas tasas de pobreza y exclusión social que ha dejado como herencia la crisis. Y priorizando el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público.

En el caso de los ayuntamientos, asegura el diputado nacionalista, han mantenido desde hace varios años superávit presupuestario, mientras que la deuda municipal ha caído de forma sostenida, siendo el único sector de las administraciones públicas que reduce su nivel de endeudamiento. Mientras estas administraciones tienen miles de millones de euros en los bancos la citada regla de gasto les impide aplicarlos a financiar sanidad, educación o servicios sociales a pesar de cumplir todos los objetivos establecidos de déficit y deuda pública.

El diputado nacionalista recordó que, con relación a la reforma de la Ley de Estabilidad Financiera, las propuestas de Nueva Canarias son “similares” a las defendidas por los partidos suscribientes de la presente proposición de ley en numerosas iniciativas parlamentarias y declaraciones de apoyo a las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso del superávit antes de que se formara el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez”. Por lo que confía en que, siendo consecuentes con lo que PSOE y Unidos Podemos han venido defendiendo en los últimos años, apoyen las enmiendas de NC.

Las enmiendas de Nueva Canarias proponen, por tanto, dispensar de la aplicación de la regla de gasto tanto a las corporaciones locales como a las comunidades autónomas y que puedan aplicar su superávit presupuestario en su totalidad a la financiación de los servicios públicos y competencias que tengan atribuidas. Así como modificar el apartado 6 del artículo 15 para evitar que el Senado pueda vetar la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública acordados por el Gobierno.


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