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El lunes comienza el juicio al presunto descuartizador de Majadahonda

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir del lunes a Bruno Hernández, conocido como el presunto descuartizador de Majadahonda, acusado de matar a su tía y una inquilina, cuyos restos mortales aún no han sido localizados, pues supuestamente se deshizo de los cuerpos en una picadora industrial.

Así consta en el escrito del Ministerio Fiscal que solicita 30 años de internamiento al aplicarle una eximente "incompleta por enajenación mental" ya que padece esquizofrenia paranoide, un trastorno que "distorsiona el enfoque adecuado de la realidad".

SEGÚN EL ESCRITO EL ACUSADO MATÓ A SU TÍA

De ahí que la Fiscalía pida que el acusado cumpla su condena -está acusado de dos delitos de homicidio, un delito continuado de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas que suman 26 años de prisión- en un centro especializado para someterle a tratamiento.

Según señala el escrito del fiscal, el acusado mató a su tía Liria en 2010, troceó su cuerpo y lo destruyó en una máquina picadora industrial que tenía en el sótano de la vivienda donde residía su familiar.

Meses después del homicidio, Bruno Hernández falsificó un documento por el cual supuestamente su tía le cedía su vivienda de Majadahonda durante 15 años por 18.000 euros.

Una casa en la que vivía como inquilina en 2015 Adriana Giogiosa, de 54 años y nacionalidad argentina. El acusado presuntamente la asesinó el 1 de abril de ese año siguiendo el mismo modus operandi que con su tía.

Para creer que aún seguía viva, simuló que se había ido de viaje e introdujo una carta mecanografiada bajo la puerta del establecimiento de comida rápida donde trabajaba en la que se despedía repentinamente.

Con el mismo propósito envió mensajes desde del móvil de la víctima a sus allegados para comunicarles que estaba de viaje en Barcelona y que posteriormente tenía pensado ir a Europa. Sin embargo, uno de los hermanos de la mujer denunció su desaparición.

Al acusado, detenido días después, se le incautó el pasaporte y permiso de conducir de su inquilina, así como joyas, guantes y las llaves de un coche.

Podemos abre el debate sobre la reforma del Estatuto Fiscal

La diputada y secretaria de Plurinacionalidad de Podemos, Meri Pita, coordinadora de las jornadas, destaca la necesidad de aumentar la participación de la sociedad...

La fiscalía cree que González recurrió a algún juez, fiscal o...

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente madrileño Ignacio González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones", motivo por el que se opone a su puesta en libertad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".

En cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, Anticorrupción expone que la "mayor parte de los miembros de la familia" del expresidente madrileño "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

El acusado de matar a su mujer mientras dormía se niega...

El acusado de acuchillar hasta la muerte a su mujer mientras dormía y mostrar luego su cadáver a su hijo sostiene que sufrió un brote psicótico que le llevó a cometer el brutal crimen sin que aún pueda ser consciente de haber cometido los hechos de los que se le acusa.

Así lo ha defendido su letrado antes de la vista oral en la que tratará de demostrar esta tesis, en contra de lo que mantiene el Ministerio Fiscal. Sergio C.S. Se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por asesinato alevoso. Tras ser detenido, manifestó que su mujer se había suicidado con un cuchillo.

En su declaración, se ha acogido a su derecho a no declarar. "Prefiero no declarar porque no me acuerdo", ha dicho con voz temblorosa y nerviosa. Su abogado ha insistido en que no era consciente de lo que hizo. "La relación con su familia era excelente. No sabe lo que pasó. Perdió la noción del tiempo. No lo puede asimilar porque le produce mucha frustración", ha indicado.

LA CARA DE LA ASESINADA ERA DE "TERROR"

La cara de la mujer presuntamente asesinada por su marido con un cuchillo mientras dormía en su casa de Villaviciosa de Odón era de "absoluto terror", según han declarado hoy en el juicio los cuatro policías locales que acudieron al lugar en mayo de 2015 tras recibir el aviso y ver el cadáver. "Me impresionó muchísimo lo que vi. He visto a gente que ha fallecido pero esto me pareció impactante", ha dicho una de las agentes, quien ha destacado que la cara de la fallecida era de "absoluto terror, con los ojos y la boca abiertos".

Según el Ministerio Público, el acusado asestó varias puñaladas a su pareja mientras ella dormía con un cuchillo de cocina que le provocaron la muerte. Después, despertó a su hijo, le enseñó el cadáver y le dijo que ella se había autolesionado. Más tarde, comunicó a los servicios de emergencia que su mujer se había empezado a dar puñaladas por todo el cuerpo.

La defensa del acusado alega que su representado sufrió un "brote psicótico" en el momento de los hechos y que la relación que tenía con su mujer siempre fue "excelente".

En calidad de testigos han declarado cuatro policías locales de Villaviciosa de Odón que acudieron al lugar tras recibir el aviso y han coincidido en que la mujer ya estaba muerta cuando llegaron, que el hombre se había lavado -la bañera estaba mojada y había gotas de sangre- y que el acusado estaba "muy tranquilo".

También se encargaron de custodiar al hijo de la pareja, de diez años, el cual, según han relatado, "no articulaba palabra, estaba en shock, no lloraba ni gesticulaba" y "estaba muy frío". Para llevar al menor con otro familiar, los agentes han manifestado que llamaron a la hermana de la fallecida, quien nada más llegar al lugar de los hechos dijo a los policías: "La ha matado, ¿verdad?". "La ha cosido a puñaladas, ¿verdad?", dijo otro de los familiares de la víctima con el que se pusieron en contacto los agentes.

Durante esta sesión del juicio también han declarado como testigos varios guardias civiles que intervinieron en el caso tras recibir la llamada de emergencia del acusado.

Uno de los agentes ha relatado que cuando llegaron al domicilio estaban el padre y el hijo "muy tranquilos esperando en la puerta" y ha añadido que el acusado "hablaba con claridad y no decía ninguna frase absurda". "Yo no le vi que se inmutase al ver el cadáver", ha dicho el agente de la Guardia Civil.

El presidente de Murcia declara como investigado en el caso Auditorio

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado hoy en su interrogatorio como investigado en el caso Auditorio que él no conocía al arquitecto director del proyecto, Martín Lejárraga, y que no llevaba la parte técnica de la obra, sino que era el "impulsor político". Sánchez, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, declara hoy ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia instructor de la causa, Julián Pérez Templado.

Según fuentes cercanas al caso, el presidente ha dicho a preguntas del Ministerio Público que no manejaba información técnica del proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban llegando de los técnicos municipales.

El presidente, que ha llegado al Palacio de Justicia junto a su abogado, Francisco Martínez-Escribano, minutos después de las 9,00 horas, se enfrenta desde las diez de la mañana a un prolijo interrogatorio del fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, y del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que, tras un receso de quince minutos, continúa a esta hora.

La toma de declaración, que tiene lugar en la sala del jurado del Palacio de Justicia, se inició con el interrogatorio del Ministerio Fiscal a cargo del recién nombrado fiscal superior y del fiscal especialista en delitos de corrupción.

Los dos representantes del ministerio público están desarrollando en turnos alternativos un detallado interrogatorio al presidente, que era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras los años en que se proyectó y construyó el auditorio municipal, que fue recepcionado por el ayuntamiento sin que estuvieran terminadas las obras.

Según fuentes cercanas al caso, en el que se han personado como acusación particular los partidos Podemos y Psoe de Puerto Lumbreras, el presidente ha contestado que no conocía al arquitecto director de la obra y que él era el impulsor político del proyecto.

"Los técnicos avalaron las decisiones", ha subrayado el presidente.

Al parecer, Pedro Antonio Sánchez ha explicado que él no manejaba la información sobre el proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban pasando los técnicos municipales.

Además, ha reiterado que los seis millones de euros que aportó la Comunidad Autónoma en forma de subvención están invertidos en la obra.

Otras fuentes consultadas por EFE destacan que el presidente no ha eludido ninguna pregunta del ministerio público y que solo se ha remitido a los técnicos cuando le han requerido información "muy concreta" sobre el proyecto constructivo, como por ejemplo el tipo de cemento empleado en la obra.

Sánchez, que no ha contestado a los periodistas que aguardaban su llegada a la sede judicial, ha convocado una rueda de prensa en un hotel anexo al Palacio de Justicia cuando acabe su declaración judicial.

El autobús de Hazte Oir sigue inmovilizado en una nave de...

El autobús de la campaña de Hazte Oír contra los menores transexuales continúa este miércoles inmovilizado en una nave de Madrid con custodia policial hasta que se pronuncie la Fiscalía sobre qué hacer en relación a un posible delito de lgtbifobia, han señalado fuentes municipales.

Ayer, la Policía Municipal de Madrid procedió a inmovilizar el vehículo que circulaba por las calles de la capital con el mensaje 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen' por "incumplir la ordenanza de publicidad en los autobuses", que sólo permite que vaya en la de los vehículos de la EMT.

Además, también lo denunciaron inicialmente por incumplimiento de la ordenanza de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. En su artículo 2, referido a "medios de expresión publicitaria no autorizada", se indica que "se prohíbe la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público".

Por otro lado, también intervino por los contenidos 'lgtbifóbicos' de la publicidad que se observa en el vehículo la Unidad de Gestión de la Diversidad, que actuó de oficio y elevará a Fiscalía el informe correspondiente.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid anunció ayer que remitirá una denuncia al Ministerio Fiscal sobre los hechos recogidos en el Informe de la Abogacía del Estado acerca del caso, a la que había acudido para que aclarara si el contenido del texto de la campaña puesta en marcha por esta plataforma pudiera constituir un delito o una infracción penal.

Según este informe, los hechos que se denuncian podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal, es decir delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Además, este mismo hecho podría ser constitutivo de las infracciones administrativas tipificadas en el artículo 37.5 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, si estos hechos no constituyeran infracción penal.

Exfiscal de Murcia: No se puede perseguir a los fiscales más...

El hasta ayer fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado hoy intimidaciones a los fiscales anticorrupción y ha asegurado que "lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos".

López Bernal, en declaraciones a la Cadena SER, ha denunciado intimidaciones a él y a otros compañeros suyos que, pese a haberse denunciado y puesto en conocimiento de las instancias oportunas, no se investigan. "La situación es grave. Esto tiene que cambiar", ha dicho el fiscal, quien ha advertido de que si estas cosas siguen pasando y las investigaciones no prosperan, "en pocos años nos podemos encontrar con que nadie quiera luchar contra la corrupción".

Aunque ha insistido en que las intimidaciones a los fiscales anticorrupción no son exclusivas de Murcia y ha dicho que hay "cierta desprotección" en general, López Bernal ha concretado que, en su caso, se le han presentado querellas, rechazadas de plano por el Tribunal Supremo, por cortar unos pinos hace 32 años con el único fin de desprestigiarle.

También ha recordado que recientemente un fiscal y un inspector de Hacienda que trabajaban en la lucha contra la corrupción sufrieron robos en sus domicilios, y ha destacado que en el caso del fiscal no se llevaron nada de valor, solo el ordenador, dejando así "su tarjeta de visita". "No se nos ha hecho la vida especialmente agradable", ha subrayado.

No ha querido vincular su relevo, acordado ayer por el Fiscal General del Estado, con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez -"hay muchos otros investigados", ha dicho- y se ha mostrado convencido de que el fiscal que le sustituye seguirá investigando eficazmente la corrupción en la comunidad.

CATALÁ: NO ES RAZONABLE HABLAR DE PURGAS POR LOS CAMBIOS EN LA FICALÍA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este jueves al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, tras conocerse que será relevado en su cargo, que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos. Así se ha expresado el ministro antes de participar en un desayuno sobre el cumplimiento normativo en las empresas celebrado en el Club Financiero Génova, al fiscal superior de Murcia que fue quien solicitó la imputación del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio. "Si ha tenido problemas para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", ha indicado.

Catalá, que ha descartado que exista ningún tipo de purga, ha pedido que no se dé una imagen "tan negativa" de los nombramientos que se van a dar en la cúpula fiscal en las próximas fechas y que se conocieron anoche tras la reunión del Consejo Fiscal sobre este asunto, ya que a su juicio, "no es razonable" decir que los cambios son "impropios" del Ministerio Público.

"Todavía no conozco la propuesta de nombramientos pero estoy seguro que las personas que hayan podido ser propuestas para sustituir a las que hasta ahora ejercían sus funciones son todos ellos fiscales de absoluta cualificación, de absoluta capacidad y que desempeñan sus funciones con total profesionalidad", ha dicho el ministro, que ha apelado a la autonomía por la que se rige la Fiscalía de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Entre los cambios producidos destaca la designación del fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción --cuya jefatura está vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre--, y la propuesta de Jesús Alonso para fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo que supone el relevo del actual responsable, Javier Zaragoza, que llevaba en el cargo dos mandatos.

"Hay un número de cambios muy reducido en términos cuantitativos, por lo tanto me parece que dar esa imagen no corresponde cuantitativamente con la realidad, Hay un grandísimo número que continúa con sus responsabilidades y los cambios que se producen están dentro del espíritu del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que los puestos se puedan renovar cada cuatro años y esas son las reglas del juego", ha respondido el ministro.

PIDEN QUE COMPAREZCA CATALÁ

PSOE y Ciudadanos anunciaron hoy que pedirán la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras la propuesta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para relevar a Manuel López Bernal, que impulsó la investigación del actual presidente de Murcia en un presunto caso de corrupción urbanística, el popular Pedro Antonio Sánchez, al frente de la Fiscalía de esa comunidad, según indicaron fuentes parlamentarias.

Los socialistas también solicitarán la comparecencia en sede parlamentaria del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y demandarán explicaciones a Maza, que comparecerá en el Congreso de los Diputados el miércoles de la semana que viene en la Comisión de Justicia, por los cambios anunciados en otras fiscalías, entre ellas las de la Audiencia Nacional y Anticorrupción.

Además, los socialistas quieren que Lopez Bernal comparezca en el Congreso para explicar sus denuncias de intimidaciones por investigar casos de corrupción, como el que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

La juez archiva la causa de Funnydent porque no halla irregularidad...

El Juzgado cuarto de primera instancia e instrucción de Navalcarnero (Madrid) ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en que se ha investigado la presunta estafa de 8,8 millones de euros a 2.481 pacientes en las clínicas dentales Funnydent distribuidas en Madrid y Barcelona.

En un auto del pasado día 15 y al que ha tenido acceso Efe, la juez titular Teresa Álvarez dice que de las diligencias policiales y de la documentación disponible se desprende que el negocio era competitivo y "progresaba favorablemente permitiendo, prácticamente cada año, la apertura de nuevas clínicas, dando completa satisfacción a los pacientes hasta que tuvo lugar el cierre".

Según el criterio judicial, fue "la mala gestión en el último año" desarrollada por su administrador la que desembocó en el cierre y no un propósito inicial del investigado, el administrador de las clínicas, Cristóbal López Vivar, de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.

"Del informe emitido por la administración concursal unido a las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado", dice la juez.

Además, asegura que la documental y las cuentas bancarias intervenidas no han evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de ánimo de lucro.

El auto constata la "pésima gestión del negocio" por parte del investigado, "sin control adecuado de su volumen de gastos e ingresos", sin que consten indicios suficientes de la concurrencia de los elementos del tipo penal investigado.

Las actuaciones practicadas "sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil y carente de trascendencia penal", dice la juez, motivo por el cual archiva la causa "sin perjuicio de las acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil".

Contra este auto judicial cabe la interposición de un recurso, dice el auto.

En un escrito conocido el 30 de enero pasado, los administradores únicos de las clínicas Funnydent, nombrados por el juzgado, responden a la Fiscalía que no han detectado irregularidades de López Vivar ni en las cuentas bancarias ni en los movimientos en efectivo ni en la contabilidad con anterioridad al cierre de las clínicas.

El hombre que mató a su ex y a la hija...

Una compañera de trabajo de la mujer asesinada junto a su hija de nueve años, presuntamente a manos de su expareja, en Madrid en 2014, ha explicado hoy que éste la controlaba a través del móvil y el ordenador, donde había instalado un programa espía, y la mentía para pedirle dinero.

Lo ha dicho en una nueva sesión del juicio contra Raúl A., quien ayer confesó haber asesinado a su expareja y a la hija de ésta y luego haberlas arrojado a un pozo en San Vicente de la Cabeza (Zamora), donde fueron encontradas por la Policía cinco meses más tarde.

La Fiscalía pide para Raúl A. una pena de 38 años de prisión, por dos delitos de malos tratos y asesinato, además del pago de una indemnización aún por definir a los familiares de las víctimas. Una de las compañeras de trabajo de Adolfina, víctima y expareja del procesado, ha explicado que nunca le dio detalles de su relación, pero veía como "hablaban siempre por teléfono", a veces hasta las seis de la mañana, y que discutían asiduamente por cuestiones de celos y dinero.

Adolfina y su compañera compartían habitación durante la semana en el local de citas en el que ambas trabajaban, lugar que la víctima abandonaba los fines de semana para trasladarse a un piso en el que convivía con su hija y el acusado, en Vallecas. Una de las noches que ambas pasaron juntas, ha continuado su compañera de trabajo, Adolfina discutió por teléfono con el acusado por unas sumas de dinero que ella le había entregado con la promesa de que él se encargara de pagar sus cuotas de la Seguridad Social, cosa que nunca realizó.

"Él no contribuía con nada, siempre estaba en la casa que compartían los fines de semana, y le pedía dinero para la Seguridad Social, pero nunca lo pagaba", ha detallado. Fue en ese momento, ha continuado, que decidieron terminar con la relación, ante lo que Adolfina llegó a cambiar de móvil porque Raúl "la seguía llamando". También dejó de utilizar su ordenador, al darse cuenta de que tenía un programa informático instalado que enviaba copias de todo lo que escribía y hacía a otro dispositivo. "Cuando se separaron me dijo que tenía miedo, que estaba sola y que él se aprovechaba mucho de su situación" ha detallado.

Aún así, ha puntualizado, se sorprendió cuando vio fotografías de Adolfina y Raúl juntos en las redes sociales tiempo después de la ruptura, lo que le hizo sospechar que habían vuelto juntos pero que ella nunca se lo confirmó porque tenía "vergüenza".

Una de las acusaciones particulares personadas en la causa ha preguntado a la testigo por los diarios de Adolfina encontrados en la casa de citas, en los que escribió a Dios "rogándole que alejara al acusado de ella y de su hija, que le sacara de sus vidas porque le tenía miedo por lo mal que las trataba".

La compañera de trabajo de la víctima ha reconocido los diarios, en los que la veía "escribir durante horas tirada en la cama", pero desconocía el contenido de los mismos. También ha declarado Jesús G., amigo de Adolfina, quien ha explicado que tenían una relación de "confianza" y que ella le pedía que la "acompañara y ayudara" con cosas concretas, pero que cuando iban juntos por la calle a veces le pedía que se "fuera" porque llegaban "a donde estaba Raúl".

Asimismo, ha respondido a la representante del Ministerio Fiscal que dos días antes de desaparecer Adolfina, en junio de 2014, le dijo que "se iba con Raúl", después de lo cual no supo nada más de ella.

El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos.

El fiscal de Seguridad Vial alerta de la “desprotección” de las...

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha afirmado este lunes 23 de enero, "con sentido autocrítico", que las víctimas de accidentes de tráfico están en una "situación de desprotección, desamparo y abandono", y ha abogado por que las instituciones hagan "muchos y coordinados esfuerzos en esta materia".

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la celebración de la Jornadas Anuales de Fiscales Delegados de Seguridad Vial para abordar el tema de las víctimas de accidentes de tráfico, que ha tenido lugar en la sede del Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.

En este sentido, ha reconocido que, tras diez años como fiscal coordinador, "muy poco" se ha avanzado en este sentido, convirtiendo a los afectados en "víctimas de segunda categoría", ya que la "delincuencia vial sigue devaluada". Además, Vargas ha advertido de que esta situación "se ha acentuado" tras las dos últimas reformas legales: la reforma de los delitos imprudentes y la del Baremo de Tráfico.

En concreto, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha criticado el "olvido" al que son sometidas las víctimas por parte de la sociedad pero también por parte de las instituciones. Así, ha explicado que el acceso al proceso penal, tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, ha mejorado jurídicamente, "pero en la realidad no". "No saben qué hacer, cuándo intervenir, qué escritos presentar", ha subrayado.

Sobre la reforma de los delitos imprudentes, Vargas ha alertado de que está generando una "despenalización en la práctica de la tutela penal" y es que la infracción penal es "algo privado". "Subyace ahí incluso una concepción criminológica de que este tipo de delincuencia es propia de gente honrada, y por tanto todos la podemos cometer y por tanto la devaluamos", ha argumentado.

Asimismo, ha detallado que las víctimas "sólo" están amparadas en el proceso penal, que ha disminuido "indebidamente" porque se archivan. "Esto no puede ser. Son 1.680 muertos al año", ha enfatizado, para después agregar que "no puede ser" que, producida la tragedia, las victimas no tengan "toda la cobertura".

Respecto al Baremo de Tráfico, Bartolomé Vargas ha puesto de manifiesto que "introduce mejoras", pero al mismo tiempo es "complejo" y las víctimas lo desconocen, lo cual hace que "no pueden tomar sus decisiones". El fiscal coordinador ha asegurado que el Ministerio Fiscal está llevando acabo un "seguimiento" del mismo y ha apuntado que las tablas que incluye la norma para realizar los cálculos "se fundamentan en unas bases técnicas" que no están publicadas, lo cual es una "laguna importante".

El fiscal coordinador ha recordado que una víctima de accidente de tráfico a continuación sufre depresiones, desequilibrios emocionales y psicológicos, pérdida de empleo, etc. Del mismo modo, ha destacado que el hecho de enfrentar el proceso judicial hace que estén sometidos a una "victimización secundaria" debido a que suelen prolongarse en el tiempo, unos tres o cuatro años de media, según ha precisado el fiscal coordinador. A ello hay que añadir, como ha apuntado Vargas, la "absoluta indefensión" y de "desigualdad" en la que se encuentran las personas en situación de precariedad económica.

Según ha avanzado el fiscal coordinador de Seguridad Vial, de las Jornadas que se están celebrando saldrá un impulso "decidido" por parte del Ministerio Fiscal en materia de formación e instrucción de los cuerpos de seguridad encargados de esta materia, así como de coordinación de las instituciones implicadas a todos los niveles y de la sociedad. "Lo importante no es mi voz, sino la voz de las víctimas", ha apostillado.

En la rueda de prensa han participado varias víctimas de accidentes de tráfico. Es el caso de Ana González, viuda de un aficionado al ciclismo arrollado por un camión el 21 de octubre de 2013 y que se dio a la fuga tras el atropello. "Es una lucha en los juzgados", ha confesado González, que más de tres años después continúa sin fecha para el juicio. Por este motivo, Ana ha iniciado una campaña en Change.org para pedir cambios legislativos en relación con la penalización de la omisión de socorro y el homicidio imprudente.

Por su parte, Pilar ha relatado su experiencia después del atropello de su hijo Fer, quien presuntamente fue atropellado por un conductor que se saltó un stop en estado de embriaguez, teniendo "antecedentes por lo mismo". "Nuestra familia lo tenía todo", ha declarado en alusión al momento del siniestro, el 30 de abril de 2015.

Pilar ha explicado que su hijo fue atropellado cuando contaba 15 años, de modo que el impacto le provocó el coma. Así, ha afirmado que "la condena" continúa para Fer, que llega a tener diez horas diarias de rehabilitación. "Mi niño no tuvo un accidente. Mi niño se encontró con un delincuente", ha subrayado.

Finalmente, otro de los testimonios que se ha podido escuchar ha sido el del fiscal encargado del caso del accidente de autobús de Castuera en 2014, Diego Yebra, quien ha defendido el papel de los fiscales especiales a la hora de "ayudar" a las víctimas ante procedimientos que se "alargan". Yebra ha denunciado además que la sociedad está "poco concienciada" con esta lacra y la legislación "obsoleta".