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La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por su gestión...

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite tres querellas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus respectivos consejos de administración por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros. En su escrito, el titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acuerda la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Entre las diligencias previstas por el magistrado, acuerda llamar a declarar a todos los querellados y requiere documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al FROB y al propio banco, en tanto que pide al Banco de España que designe a dos peritos para determinar si la información contable ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación.

También quiere que la CNMV designe otros dos peritos para que analicen la existencia de un "ataque de cortos" sobre las acciones del banco, y determinen cuál hubiera sido el valor de éstas de no haberse producido. El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.

Asimismo, el juez se refiere a las condiciones salariales y la indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo Por lo que respecta al periodo de Saracho al frente del Popular, lo que se denuncia es una supuesta campaña de desprestigio de la entidad para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios. Una de las querellas la ha presentado la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC), que representa a 1.007 perjudicados, y se dirige contra Saracho por un presunto delito de administración desleal.

La querella de Estel Ingeniería y Obras atribuye los delitos de falsedad societaria, administración desleal, falsedad documental y delito contra el mercado a ambas excúpulas, y la tercera procede de dos particulares y se dirige también contra los antiguos gestores así como contra la firma auditora PwC, por la presunta comisión de un delito contra el mercado y los consumidores, y otro delito societario.

Estas dos últimas incluyen como querellado al que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros. En agosto, Del Valle denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la resolución del Popular y su venta al Santander por un euro. En los próximos días, Andreu citará a declarar a los querellados, aunque esperará a la admisión del resto de querellas para convocar a los testigos.

Atascos en la A-2 por las obras de acceso a la...

El tráfico en la autovía A-2 en sentido Zaragoza, entre los kilómetros 6 y 8 en Madrid, se ve afectado desde este martes por el comienzo de la segunda fase de las obras de reordenación de los accesos a la nueva sede corporativa del Banco Popular.

Según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado, esta segunda fase de las obras tendrá una duración estimada de dos meses. Se modificará la salida número 8 de la autovía A-2 sentido Zaragoza y sólo se permitirá que los vehículos y autobuses accedan a Canillejas, Barajas pueblo y Avenida de Logroño.

Para los usuarios que quieran acceder a la Avenida 25 de Septiembre y por tanto, a la Feria de Madrid, se ha habilitado un itinerario alternativo por la Glorieta de Canillejas, la Avenida de Logroño y la M-40.

En la primera fase de las obras, llevada a cabo en agosto, se estrecharon los tres carriles de la calzada principal de la autovía A-2 sentido Zaragoza, que pasan a tener un ancho de 3 metros.

El objetivo de estas obras es la conexión de la futura vía de servicio de titularidad del Ayuntamiento de Madrid, que dará continuidad a la calle Josefa Valcárcel hasta la glorieta de Canillejas, con la calzada derecha de la Autovía A-2.

Para ello, es necesario ejecutar la demolición del firme existente en el arcén derecho de la calzada principal de la A-2 con sentido Zaragoza, así como el desmontaje de los elementos de contención de vehículos existentes y la reposición de todos los servicios que se vean afectados por las obras.

Cortes de tráfico en Canillejas

A partir de la noche del lunes, los vecinos y trabajadores de la zona de Canillejas lo van a tener más difícil para acceder a esta zona.

Se corta la salida desde la A-2 por las obras de acceso que se están construyendo a la nueva sede del Banco Popular.

Hemos querido hacer ese recorrido, centrarnos en los puntos más importantes que ustedes deben evitar desde mañana hasta el 30 de noviembre.

Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra del...

La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.

En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa.

En una nota, Anticorrupción no ha aceptado la responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco Popular Portugués.

Entre las querellas contra los exdirectivos destaca la que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de julio contra el expresidente Ron; el ex consejero delegado (CEO) Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC, y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

También el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió en julio con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.

Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, encargado de ejecutar la operación.

Además, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.

El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras -Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital- presentaron el 7 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.

Asimismo, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y ayer hizo lo mismo contra la JUR y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya presentó su denuncia a la JUR.

El Santander ganó 3.616 millones hasta junio, un 24 % más,...

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 3.616 millones de euros hasta junio, un 24 % más que un año antes, debido, en su mayor parte, al incremento de los ingresos, al control de costes y a la mejora de las provisiones para insolvencias. Según ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra incluye un aportación de 11 millones de euros procedente del Banco Popular, adquirido el pasado 7 de junio, por lo que su contribución aún no es muy significativa.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha precisado que el negocio "ha mostrado tendencias positivas en todos los mercados", sobre todo en América Latina, y ha mejorado mucho en España y Reino Unido "a pesar del entorno". Sobre el Popular, Botín asegura que confía en que la adquisición genere un rendimiento del 13-14 % en 2019 y afirma que desde la compra, Santander ha avanzado "de forma significativa" para afrontar las prioridades, tras la ampliación de capital y el plan para reducir la exposición inmobiliaria de Popular.

Además, "podemos decir que la calidad y el nivel de compromiso de los equipos de Popular son muy altos", ha añadido.

En todo el Grupo, el número de clientes vinculados aumentó en 1,9 millones desde el 30 de junio 2016, y suma ya 16,3 millones. La adquisición de Popular incrementó el crédito a clientes un 10 %, hasta 861.221 millones de euros, en tanto que los depósitos de clientes repuntaron un 8,5 % y alcanzaron los 764.300 millones.

"Aunque los depósitos de clientes de Banco Popular cayeron en 20.000 millones de euros entre el 30 de diciembre 2016 y el 7 de junio 2017", tras la adquisición "se han empezado a recuperar" y han crecido en 5.000 millones en las semanas posteriores a la compra. La calidad del crédito siguió mejorando y la morosidad bajó hasta el 3,55 %, frente al 3,74 % registrado a 31 de marzo y al 4,29 % que tenía un año antes.

Incluyendo al Banco Popular, la morosidad del grupo a 30 de junio 2017 fue del 5,37 %. Los clientes digitales aumentaron otros 4 millones en los últimos 12 meses, hasta 23 millones. La diversificación entre mercados maduros y emergentes sigue siendo una de las principales fortalezas de Santander, que obtuvo un 51 % de sus beneficios semestrales en Europa y un 49 % en América.

Por áreas geográficas, Santander España duplicó ganancias y obtuvo 603 millones de euros, influido por el cargo neto de 216 millones entre plusvalías y costes de reestructuración del primer semestre de 2016. En Brasil, la entidad ganó 1.244 millones de euros, el 32 % más, con un fuerte incremento en los ingresos, apoyado en el fortalecimiento del real brasileño. En Reino Unido obtuvo 824 millones de euros, el 13 % menos, debido a que hace un año contabilizó plusvalías por la venta de su participación en Visa Europa.

Santander Consumer Finance (SCF) ganó 633 millones, el 13 % más, de nuevo con una mora "históricamente baja".

En México la entidad obtuvo 350 millones de euros (+21 %); en Chile ganó 297 millones, (+20 %); en Portugal, 233 millones (+16 %); en Argentina, 193 millones (+28 %); en Estados Unidos, el beneficio aumentó un 1,5 %, hasta 244 millones y en Polonia ganó 142 millones (-15 %).

A cierre de marzo, el banco tenía una ratio de capital de máxima calidad CET 1 del 10,98 %, frente al 12,32 % de un año antes, por encima del mínimo requerido del 9,58 %, mientras el capital CET 1 "fully loaded" (que cumple todas las exigencias de Basilea III), alcanzó el 9,58 %, frente al 10,36 %.

El Santander compensará a los clientes de Popular que acudieron...

Banco Santander compensará con "bonos de fidelización" a los clientes minoristas de Banco Popular que adquirieron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, aunque para acceder a la oferta se deberá renunciar a emprender acciones legales contra el banco cántabro. Santander también compensará a los clientes que adquirieron obligaciones subordinadas computables como 'Tier 2' de las emisiones del 29 de julio y del 14 de octubre de 2011 y las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Popular en España o de Santander en el momento de la resolución.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco que preside Ana Botín ha informado de que quedan excluidos de la acción comercial tanto los miembros del consejo de administración de Banco Popular hasta su resolución, como las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa declarada en la entidad. También los inversores institucionales.

La oferta consiste en la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente.

Serán obligaciones perpetuas emitidas por Santander, con 100 euros de valor nominal, y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco cántabro, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE). Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización.

La entidad estima que el valor nominal máximo a emitir de estos "bonos de fidelización" será de 980 millones de euros aproximadamente

El importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos.

Hasta una inversión de 100.000 euros se recibirá el importe íntegro, mientras que en el tramo de 100.000 a 500.000 euros se aplica un descuento del 25% y en el que va de 500.000 euros a un millón de euros la quita es del 50%.

En este sentido, Santander calcula que el 99% de los clientes y empleados de Popular que compraron acciones de la entidad en la ampliación de capital celebrada de mayo de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que la "gran mayoría recibirá bonos por el importe íntegro que invirtió, asegura la entidad.

COSTE DE 680 MILLONES DE EUROS

El banco prevé que el coste máximo de la operación de fidelización de los afectados por la resolución de Popular ascienda a 680 millones de euros, aproximadamente, en el momento de su concesión. No tendrá un impacto adicional en el capital, al haberse incluido en los ajustes de primera consolidación.

Santander explica que la acción de compensación sigue una lógica "comercial" con el fin de reforzar la relación con los clientes en un ejercicio de "compromiso" y de "apuesta" por una relación a largo plazo.

Para recibir los bonos de fidelización, los clientes deberán renunciar a emprender acciones legales contra Santander, sus administradores, directivos y empleados.

Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen estos instrumentos, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas de Popular.

La operación está sujeta, en todo caso, al efectivo registro del folleto informativo en la CNMV y a la autorización por las autoridades de Defensa de la Competencia de la adquisición de Banco Popular.

Linde: El Banco de España “pudo hacer más” durante la crisis...

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este miércoles que la institución "pudo hacer más" en algunos aspectos durante la crisis financiera, pues se adoptaron medidas "valiosas pero no suficientes" ante la "violencia" de la segunda recesión de 2011. En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a las cajas de ahorro, el gobernador presentó el 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014' publicado a mediados del pasado mes de junio.

El responsable del Banco de España apuntó que "se pudo hacer más, hubiera sido adecuado intentar hacer más", aunque defendió que se hicieron "algunas cosas útiles". "No fue un periodo vacío de iniciativas", defendió.

Linde explicó que "hubo errores de apreciación en cuanto a cómo podrían corregirse los desequilibrios acumulados con la burbuja inmobiliaria", para agregar que "se pensó que podrían corregirse de forma suave o gradual". Sin embargo, "la realidad mostró que esta expectativa era demasiado optimista porque la corrección fue rápida y brutal, con consecuencias que aún no hemos superado enteramente".

Además, apuntó que el Banco de España "no podía actuar con independencia de la evolución" de las finanzas públicas y de "las decisiones de otras instituciones".

Por otra parte, subrayó que dejar quebrar a las entidades en dificultades "no era una opción razonable en términos económicos"; y que es un "interrogante", con argumentos en ambos sentidos, si el coste público de la reestructuración financiera hubiera sido menor con un enfoque gradual o con una actuación agresiva. "El intento de minimizar a corto plazo el coste de la resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos con un enfoque gradual podría haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos que un enfoque más agresivo o ambicioso desde el inicio de la crisis", expuso.

NO SE OCULTAN FALLOS

Linde quiso dejar claro que en el informe no se han "ocultado fallos o insuficiencias que existieron", y que el objetivo del mismo es tratar "de servir lo mejor posible al interés general".

Según el gobernador, el Banco de España no adoptó medidas que hubieran podido "frenar el gran aumento" del crédito en el sector privado registrado entre 2001 y 2007, sobre todo en la rama de construcción e inmobiliario.

En todo caso, las iniciativas adoptadas en aquellos años, relacionadas, por ejemplo, con las provisiones contracíclicas, tuvieron "eficacia para ayudar a resistir la primera crisis, aunque no fueron suficientes para proteger" a las entidades en la segunda recesión.

También se refirió a los sistemas institucionales de protección (SIPs), para señalar que "no fueron suficientes para resolver los problemas de solvencia y gobernanza de la mayoría de las cajas".

En cuanto al efecto de la recesión, expuso que "parece claro" que el Banco de España estimó que ésta iba a tener lo que los economistas llaman "forma de V", y no "forma de W", "sin anticipar el fuerte impacto de la segunda recesión sobre la solvencia de muchas entidades de crédito".

En este sentido, aseguró que "reconocer el impacto de la segunda recesión es crucial, porque existe una tendencia a ignorarla, como si fuera una incidencia sin importancia cuando fue fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y en su impacto sobre nuestras entidades de crédito".

"NI VOZ, NI VOTO" EN LA RESOLUCIÓN DEL POPULAR

Luis María Linde, considera que el papel del organismo en la resolución de Banco Popular fue de mero "observador" y ha asegurado que la institución no tuvo "ni voz ni voto" en la intervención de la entidad. "El Banco de España en la resolución no tiene ni voz ni voto, no tiene ninguna función, en materia de resolución es un mero observador", ha indicado Linde, que ha insistido en que la institución no tuvo "ninguna participación" en la decisión de las instituciones comunitarias.

"Nunca he dicho que el Banco de España no tenga nada que ver, pero el Banco de España no toma decisiones porque estas se efectúan en Fráncfort", ha añadido.

Además, Linde considera que la resolución de Banco Popular se ha producido en un "contexto diferente" al de la crisis financiera y ha defendido que las necesidades de capital de la entidad detectadas durante la crisis, por importe superior a 3.200 millones de euros, podían resolverse de forma privada.

"Tanto Popular como Ibercaja podían cubrir sus necesidades de capital por sus propios medios sin acometer un traspaso de activos a la Sareb", ha espetado Linde, quien estima que la resolución se produce en un "contexto diferente" al de la crisis financiera 2008-2014, "incluso si se considera que el origen aún lejano de los problemas de esta entidad se encuentran en el periodo analizado.

"Popular expresó que podía resolver el problemas por sus propios medios y el Banco de España dio su conformidad como el resto de autoridades", ha agregado Linde.

El BCE insta a España a investigar la retirada de depósitos...

La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, ha asegurado este lunes en el Parlamento Europeo que hay "margen"...

Luis de Guindos: “El Banco Popular era un banco zombi”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, reconoció hoy que "el Banco Popular en las circunstancias en las cuales estaban era un banco zombi", para agregar que ahora, integrado en el Santander, "tiene muchas más posibilidades de competir que las que tenía hace tres, cuatro o cinco meses, o incluso antes". Así lo indicó en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde acudió para informar sobre el proceso de resolución y venta del Popular al Santander acordado por la Junta Única de Resolución.

De Guindos defendió que la resolución del Popular "no ha generado ningún tipo de pérdida" y quiso dejar claro que el Ministerio de Economía "no es el supervisor, ni es el regulador ni es la Junta de Resolución", además de que "no tiene inspectores en los bancos". Por ello, quiso dejar claro que él siempre ha dicho que el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) le trasladaron, cuando les preguntó por la situación del Popular, que la entidad era solvente, una afirmación que no sale de los supervisores y no de ningún análisis del Ministerio. En esta línea, quiso dejar claro que desde el Gobierno "no podíamos intervenir", para señalar que "hubiera sido una injerencia" en una entidad privada.

Respecto a que el coste de la operación fuera un euro, el ministro indicó que "la cuestión no es el euro, es que el Santander tiene que hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros". "Levantar 7.000 millones no es sencillo, pero todo parece indicar que el Santander lo va a conseguir", dijo el titular de Economía.

El ministro también abordó las informaciones publicadas que apuntan que instituciones como la Seguridad Social y comunidades autónomas retiraron importantes cantidades de dinero del Popular días antes de la venta de la entidad.

De Guindos expuso que en el caso de la Seguridad Social, ésta mantenía un saldo "muy superior a la media que habitualmente tenía en dicha entidad financiera".

Sin embargo, agregó, "sí es cierto que hubo comunidades autónomas y ayuntamientos que retiraron cantidades fuertes de depósitos del Banco Popular".

Por otra parte, aseguró que el caso del Popular "no es lo mismo que Bankia ni de Catalunya Caixa", ya que el gobierno corporativo es diferente "a pesar de los muchos errores que se hayan podido cometer", a lo que se une que "no a va costar un euro de recursos públicos, no hay ningún tipo de aval al comprador, ni hay garantías ni recursos públicos comprometidos, en absoluto".

Accionistas minoritarios del Popular denuncian a Saracho en Anticorrupción

Accionistas minoritarios del Popular, agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, han presentado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle.

Según ha confirmado el presidente del despacho y secretario general de Aemec, Javier Cremades, en rueda de prensa, "esta misma mañana" han constituido la agrupación de accionistas minoritarios del Popular, conformada por 385 accionistas, lo que supone el 3,5% del capital social del banco. "Estamos delante de un grave accidente del capitalismo en España. No es un proceso de expropiación, sino de incautación", subrayó.

La denuncia plantea dos líneas de investigación. Por un lado, la agrupación pide que se estudie si ha habido o no una "manipulación del precio de la acción" y, por otro, que analicen la administración que han llevado los gestores en los últimos meses. "Han generado (los administradores) una auténtica manipulación para alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta general", apuntó Cremades.

"Al derecho de Aemec interesa contra el mercado y los consumidores en su modalidad de uso de información relevante para la cotización de valores en mercados organizados por parte de aquellos que han tenido partipación significativa en la gestión de la entidad financiera o un posible delito de administración desleal, y que ha podido generar el supuesto y que ha determinado como remate final la absoluta pérdida del valor de las acciones perjudicando severamente a los accionistas", recoge la denuncia.

De este modo, Cremades señaló que han generado "pánico" entre la propia clientela, que ha ido retirando de manera "intensa" sus depósitos, propiciando la falta de liquidez del banco. "Estamos convencidos de que la Justicia va a acabar poniendo un precio a la confiscación de estas acciones. No se puede de un día para otro borrar un banco sistémico de la Unión Europea, que tenía más de 300.000 propietarios", indicó.

"LO CUESTIONAREMOS TODO"

Asimismo, el despacho ha resaltado que lo cuestionarán "todo" pese a que autoridades que han participado en la compra de la entidad por parte del Santander hayan defendido la legalidad del proceso.

"El ministro de Economía (Luis de Guindos), el presidente del Banco Central Europeo (Mario Draghi) o el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Sebastián Albella) han ofrecido la compra como una solución positiva para los contribuyentes, pero hay 300.000 accionistas que tienen que ser recompensados", resaltó.

En la misma línea, Cremades expresó que le resulta "muy llamativa" la decisión de Emilio Saracho de designar a JP Morgan, "entidad bancaria de la que provenía", para "realizar una operación ya contratada". "Queremos saber qué ha pasado. Las acusaciones no van dirigidas contra el Santander. Le han dando un banco vacío de contenido patrimonial y queremos saber quién lo ha destruido. Estos son los que tienen que pagar", subrayó.

Según la querella presentada por la agrupación, que seguirá las vías civil, penal y mercantil, los gestores del banco tenían un plan "perfectamente urdido", "destinado a la entrada en el capital social del Banco Popular y en su consejo de administración para depreciar maliciosamente y a su favor la cotización de las acciones mediante el filtrado de información".

"Se pretendía crear una situación insostenible que ha conducido a la destitución del que fuera presidente del consejo, y nombramiento del posterior, y que ha concluido con su venta al Santander por decisión de la Junta Unica de resolución del Banco Central Europeo, ejecutada por el acuerdo del FROB --primera vez que sucede--", añade el documento.

NO ES UN DENUNCIA PERSONAL CONTRA DEL VALLE

Por otro lado, en alusión al inversor mexicano Antonio del Valle, consejero dominical del Popular hasta el 28 de septiembre de 2016, siendo sustituido por su primo y presidente del consejo de administración de Grupo Financiero, Jaime Ruiz Sacristán, la denuncia detalla que ambos podrían haber actuado "a la espalda de la CNMV en defensa de sus intereses propios y en detrimento de los propios del banco hasta el momento de la intervención de este miércoles.

No obstante, Javier Cremades quiso dejar claro que no tienen información sobre la participación del grupo mexicano de Del Valle y que la denuncia una acusación particular contra el inversor, sino una denuncia para que la Fiscalía investigue. "Todos los nombres están a debate, no sabemos si son culpables o no", declaró.

"LA CAIDA HA SIDO PROVOCADA POR UNA DECISION ADMINISTRATIVA"

El socio del despacho de abogados y catedrático en derecho mercantil, Angel Fernández, por su parte, se mostró extrañado ante las "posiciones bajistas" que mostraba el valor de la acción de Popular mientras sus homólogos, "e incluso cualquier compañía española", estaban "estabilizados".

"La caída a cero no la ha dado el mercado, la ha dado una decisión administrativa que es nueva para nosotros y para toda Europa. No tener liquidez no significa que el banco no tenga valor patrimonial. Esperemos que la Justicia y la CNMV tomen cartas en el asunto y tengamos una solución a todo lo que ha sucedido en este último tiempo", añadió.

Ignacio Aragón, también socio de Cremades & Calvo Sotelo y profesor de derecho mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, coincidió con sus compañeros en que el Popular ha sufrido una gestión "temeraria" y ha llevado una estrategia "errática". "Ha lanzado mensajes al mercado que no eran los adecuados y todo esto ha conducido a cierto pánico a los clientes del banco, que se han llevado los depósitos. La falta de liquidez ha sido consecuencia de una mala gestión", insistió.

"Tenemos la impresión de que los reguladores bancarios son criaturas nocturnas, que intervienen en la sombra sin la información suficiente para poder hacerlo. Han salvado a 'zombies' bancarios que eran manifiestamente insolventes, como fue el caso Bankia, y ahora, por contra, han intervenido y liquidado el banco español más solvente que hubo en el panorama bancario durante muchos años", declaró Alberto Ruiz, socio del bufete.

Además, para Ruiz la operación de compra por parte de la entidad presidida por Ana Botín ha supuesto una "liquidación indirecta" que no sabe cómo terminará. "No sabemos si se terminará con la absorción de un banco que en el último año ha pasado todos los test de estrés, incluso con nota, y que en los últimos meses ha visto como su cotización bursátil caía, literalmente, a plomo", recalcó.

Por último, manifestó que la "supuesta subasta" de Popular ha sido respaldada "por unos informes que contradecían a los que manejaban las potenciales entidades interesadas".

"JAMAS PENSABAMOS QUE EL BANCO QUEBRARIA"

En el lado de los accionistas minoritarios, Julio Delpie, poseedor de 160.000 títulos del Popular, afirmó que se han sentido "engañados" y que no se explican desde la plataforma de afectados cómo el banco ha pasado de ser uno de los "más rentables del mundo" a estar "quebrado", mientras aseguró que no han recibido ninguna notificación por parte del Santander.

Otro accionista minoritario, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, afirmó que "jamás" pensaban que la entidad podría caer en bancarrota tras superar los test de estrés del BCE y con el ministro de Economía asegurando que era "solvente". "Sabíamos que había riesgo, pero en ningún momento pensábamos que pasaría esto", concluyó.