Según Mario Cabrera Industria fuerza la Ley de Hidrocarburos para facilitar el acceso de Repsol a las perforaciones petrolíferas en Canarias

-       Tramita la adjudicación de nueve permisos distintos en un único proceso, contraviniendo la Ley de Hidrocarburos al superar el máximo de hectáreas permitido  

-       Mario Cabrera denuncia campañas mediáticas desde Madrid para descalificar la oposición de Canarias a las prospecciones

El Ministerio de Industria del Gobierno de España ha forzado administrativamente el procedimiento para adjudicar los permisos de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. “Tramitan en un solo expediente y con un solo Real Decreto lo que en realidad deberían ser nueve expedientes distintos y nueve autorizaciones distintas, con nueve procedimientos administrativos, de consulta y de informes distintos. En resumen, facilidades para la multinacional petrolera, que recordemos tiene ex altos cargos en la secretaria de Estado que tramita el expediente e invita al Ministro responsable a almuerzos en hoteles de cinco estrellas. Todo al mismo tiempo que alguien patrocina en Madrid campañas mediáticas de descrédito a quienes en Canarias, mayoritariamente, se oponen a las prospecciones. Son formas antidemocráticas de actuar que demuestran lo que hay detrás de todo esto: dinero para las multinacionales y atropello a los canarios”, explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.

El Real Decreto por el que el Gobierno de España autoriza las prospecciones petrolíferas a Repsol y sus socias multinacionales afecta a un total de 616.000 hectáeras distribuidas en 9 grandes áreas “frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área localizada a apenas 10 kilómetros de nuestras costas. Sin embargo, toda la legislación estatal establece un máximo de concesión de prospecciones sobre 100.000 hectáreas en cada expediente. Aquí se le concede a Repsol y sus socios en total 616.000 hectáreas, se intenta disfrazar fraccionando en 9 áreas, pero al final se tramita todo junto, demostrando que en realidad es el mismo proceso”, apuntó. La organización internacional Oceana ya alertó sobre esta herramienta utilizada para vulnerar la aplicación de la normativa.

Mario Cabrera recordó que “hay experiencias recientes sobre casos similares que demuestran que es una irregularidad más y que justifica que los tribunales suspendan este proceso. Va a ser un argumento más para acabar con esta autorización que Canarias no quiere”

En este sentido, la Ley de Hidrocarburos de 2008 establece un máximo de 100.000 hectáreas para permisos de investigación. La norma anterior de 1974 también establecía el mismo máximo de autorizaciones en 100.000 hectáreas. Más recientemente, la Ley 34/1998 reitera la limitación a 100.000 hectáreas.

En definitiva, en ninguna de las herramientas normativas de aplicación se permiten hacer concesiones a un solo beneficiario de más de 100.000 hectáreas, “lo que hace el Ministerio es tratar de obviar estas licitaciones diciendo que en total son 9 concesiones, una para cada área. No es así. Se tramita todo junto, en el mismo expediente y con el mismo Real Decreto y se adjudican a la misma multinacional. Por mucho que lo disfracen con un barniz administrativo, los tribunales ya han actuado contundentemente contra este tipo de acciones”, explicó.

Proceso viciado

Mario Cabrera recordó que todo el proceso administrativo y político “tiene graves defectos de forma, de contenido, de caducidad, de incidencia ambiental y hasta de respeto a la opinión democrática de Canarias. Un Gobierno, por muy central que sea, no puede bajar la cabeza ante una multinacional y obviar la opinión unánime de todas las instituciones democráticas de las dos islas orientales y del propio Ejecutivo regional”, explicó.

“Hay que para esto como sea. Hay que aprender de los errores. No lo decimos nosotros. Lo dicen todos los ayuntamientos de las dos islas orientales. Lo dicen los dos Cabildos, lo dicen el Parlamento de Canarias, lo dice el Gobierno de Canarias y lo dice el pueblo de Canarias que de forma multitudinaria salió a la calle el 24 de marzo en la que ha sido la mayor manifestación de nuestra historia”, añadió Mario Cabrera.

“Lo dice también Greenpeace, lo dice Adena, lo dice Oceana, lo dicen Ecologistas en Acción, lo dice El Guincho, lo dice Ben Magec, la Seo Birdlife, lo dice la Sociedad para el estudio de los cetáceos, la Secac, lo dice la federación Internacional de Turoperadores desde 2002, lo dice la Asociación europea de Turoperadores, lo dicen las asociaciones de vecinos, los clubes deportivos, los colectivos de científicos de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las palmas de Gran canaria, de varias universidad europeas y americanas”, terminó señalando el presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Las claves del expediente

• Se autoriza forzando la Ley de Minas, que dice que no se puede hacer concesiones de prospecciones de más de 100.000 hectáreas. Aquí se hacen 9 que suman 616.000 hectáreas, con una supuesta división en nueve cuadrículas. Pero se tramita todo en el mismo momento, se concede en el mismo acto administrativo y se hace además a una misma sociedad multinacional.

• La ordenación medioambiental que se aplica es de los años 90, de hace tres décadas. Ahora se recupera el expediente rápidamente porque lo que quieren es no tener que aplicar la nueva legislación europea mucho más restrictiva que entrará en vigor en enero de 2013.

• Los planes de trabajo y las autorizaciones caducaron hace ya 4 años.

• Los avales económicos son de hace casi 30 años. No se corresponden con los costes actuales y la documentación está caducada.

• En 2004 los tribunales ya suspendieron este proceso. Y ahora se reactiva a través de una convalidación, para evitar tener que aplicar la nueva norma europea que entra en vigor en 2013 y es mucho más estricta.

• El Gobierno de Rajoy ha eliminado 3 líneas del borrador de Real Decreto para impedir que fuera necesario el informe y el consentimiento previo de las instituciones de la Comunidad Canarias, Cabildos incluidos. Es un grave retroceso democrático.

• El que tramita el expediente en el Ministerio de Industria es un alto cargo que hasta hace poco era alto directivo de Repsol.

• El Gobierno de Rajoy no quiere que la gente pueda leer libremente el expediente. Impide su consulta y ha advertido a las instituciones canarias de que si se dejan leer las copias parciales remitidas actuará sancionando.

• Se tramita a prisa y corriendo, con dos plazos de 10 días, y el segundo porque desde Canarias se protestó.

• No se responden a las alegaciones formuladas. Se autorizan las concesiones sin responder a los escritos presentados durante el plazo oficial de consulta.

• Se impide que la sociedad canaria, los ayuntamientos, los otros cabildos, las universidades, las organizaciones ecologistas, los vecinos, puedan opinar. Se les impide hacer alegaciones. Por eso el Cabildo de Fuerteventura se ha hecho eco de sus alegaciones presentándolas como propias.