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Podemos rechaza eliminar las bonificaciones en el servicio de guaguas de La Palma

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  • Los colectivos de personas jubiladas, estudiantes y desempleadas perderían el derecho a la bonificación del 100% que tenían hasta ahora.

 

Revisar las condiciones de la concesión del servicio de transporte en guagua en la isla de La Palma, que hasta 2027 seguirá estando en manos del actual concesionario Transportes Insular La Palma, era algo necesario desde hace tiempo pero, a juicio de María José Roca Sánchez, responsable del área de Movilidad Sostenible  de Podemos en Canarias, “esto no puede servir de excusa para modificar el sistema de bonificaciones de modo que las personas usuarias del transporte público sean las perjudicadas”, ha argumentado, añadiendo que “la reorganización del transporte público en La Palma no puede ser a costa de las personas más vulnerables”.

Y es que, tal y como explica Roca, las personas jubiladas que cobraban menos de 900 euros al mes y personas desempleadas, que hasta ahora tenían derecho a una exención en el pago del billete de guagua, perderán dicho derecho según lo pactado en esa comisión –siendo Podemos el único que votó en contra- y, aunque se mantiene el derecho a una bonificación, esto supondrá un gran perjuicio para muchas personas que hasta ahora no tenían que pagar nada. “El sistema de porcentajes que quieren imponer, va a perjudicar sobre todo a aquellas personas que viven en núcleos poblacionales alejados de los servicios fundamentales”, explica la responsable de Movilidad del partido.

 

Roca recuerda que “mover una guagua cuesta casi lo mismo, tanto si no se sube nadie, como si se suben personas con bonificación del 100% o pagando el precio del billete entero”. El problema, continúa, es que mientras un servicio público no debe guiarse por criterios de rentabilidad, una empresa privada es lógico que lo haga. Para Podemos “un servicio público debe guiarse por el criterio fundamental de servir a las necesidades de la población y sobre todo a los que están en situaciones más precarias, y nunca por el criterio de ganancia o rentabilidad económica. Sin embargo, dado que TILP tiene la concesión hasta 2027, hasta esa fecha deberá buscarse un sistema que permita ofrecer un servicio de calidad sin merma de los derechos de las personas usuarias”, sentencia la responsable del partido.

 

Por otro lado, Podemos también muestra su preocupación ante las propuestas, aún en debate, de modificación de algunas rutas y frecuencias, que podrían suponer dejar a algunos núcleos de población casi sin servicio. Además, critica que a la hora de plantear estos cambios, no se haya activado el Consejo Territorial de Movilidad, previsto en la Ley del Transporte por Carretera, “permitiendo la participación ciudadana en un asunto tan fundamental como es el transporte”, explica Roca.

 

“Ni que decir tiene que la revisión de las condiciones de la concesión, sin embargo, era necesaria, y en ese sentido hay algunos puntos positivos entre los planteados, como el hecho de que se aclaren los derechos y obligaciones de las partes, el cálculo de los costes o la necesaria renovación de la flota, pero el problema viene en algunas de las medidas anexas a esta revisión, que es donde se incluyen las nuevas tarifas y modificación de las bonificaciones” finaliza.


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