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Nereida Calero defiende una reforma del alquiler vacacional que responda a las singularidades de cada zona turística y acabe con los efectos negativos paralelos

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Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, abogó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias por una reforma de la normativa relacionada con el alquiler turístico y vacacional, que sirva para “frenar los efectos perversos que este fenómeno está teniendo en algunas zonas; y que en aquellas donde se permita, se haga con garantías de calidad y seguridad tanto para turistas como para residentes; controlando siempre cómo afecta a la población residente”.


Para la diputada majorera es fundamental tener siempre presente la necesaria adaptación de la norma “a zonas, municipios e islas, con realidades muy distintas; en las que el alquiler vacacional tiene también una incidencia muy diferente”.

Explicó la diputada que el 2017 se ha cerrado en todo el Estado con 82 millones de turistas extranjeros, de los que 14 correspondieron a Canarias. Lo que la convierte en la segunda comunidad con mayor importancia en el sector, con un crecimiento del 7’2%.

Pero quiso llamar la atención sobre un dato: “de estos 82 millones de turistas, alrededor de 10 millones se alojaron en viviendas de alquiler turístico regularizadas… Obviamente desconocemos cuántos recurrieron a viviendas alegales o ilegales. Es decir, sólo en el plano legal, tenemos un crecimiento interanual de un 20% en el número de turistas alojados en viviendas. Evidentemente, es una nueva realidad para la que no estábamos preparados, ni en Canarias ni en ninguna otra comunidad”.

Puso como ejemplo que en Madrid el Ayuntamiento acaba de aprobar una moratoria de un año para nuevas autorizaciones en viviendas, porque las solicitudes ya les desbordaban. Mientras, la Comunidad de Madrid prepara un decreto para regularlas.

El Ayuntamiento de Barcelona prohíbe abrir nuevos alojamientos de este tipo en el centro de la ciudad, ha reforzado la detección y sanción de los pisos turísticos ilegales, y multa a los operadores que los publicitan.

Baleares también multa hasta con 40.000 euros a quien alquile pisos a turistas y hasta con 400.000 euros en el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales.

La comunidad de Castilla-La Mancha está elaborando ahora mismo su norma. En Euskadi también están tramitando un borrador de decreto. Y la Junta de Extremadura trabaja en la reforma de la Ley del Turismo, porque también carece de un marco específico.

Recordó por ello que en Canarias desde 2015 contamos con un Decreto sobre el que los tribunales deben dictaminar; y puso en valor la apuesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, porque “el trabajo para   la elaboración de un nuevo decreto ya está avanzado” y se presentará en breve, tal y como anunció el consejero Isaac Castellano.