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Granados podría implicar a Aguirre y González en su declaración ante el juez del caso Púnica

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El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, declara hoy a petición propia ante el juez del caso, Manuel García Castellón, en calidad de investigado.

La nueva comparecencia de Francisco Granados se producirá a primera hora de la mañana y se produce después de que el que fuera secretario general del PP madrileño lo solicitara en un escrito en el que también reclamaba un careo con su antiguo amigo y hoy colaborador de la Justicia, David Marjaliza, y la testifical de cerca de 40 personas, entre ellas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Según ha adelantado la cadena SER, que ha podido hablar con Granados este fin de semana, el ex dirigente del PP rectificará, y admitirá ante el magistrado la financiación ilegal del PP en Madrid en las dos campañas electorales durante las que ostentó la secretaría general del partido. Además, el supuesto líder de la Púnica responsabilizará de la financiacion ilegal a la expresidenta Esperanza Aguirre, y a su sucesor en el cargo, Ignacio González. También está previsto que el ex dirigente popular responsabilice a Esperanza Aguirre e Ignacio González de las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de distintas consejerías y de Arpegio.

El mismo día de la declaración de Granados también se ha conocido la existencia de una de las cajas en las que, presuntamente, Granados ocultaba lo que ganaba de las supuestas mordidas que recibía la trama a cambio de amañar contratos públicos en la Comunidadde Madrid de diversos ayuntamientos, según ha publicado el diario El Mundo. Se trataría de la empresa Bustren PM, que se creó en 2012 y al frente de la cual se encuentra, según los datos que existen en el registro mercantil, Jesús Trabada, ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de Mintra

DECLARACIÓN VOLUNTARIA

El juez instructor fija el interrogatorio a las 9.30 horas de la mañana y accede de esta forma a la petición formulada el pasado mes de octubre por el exconsejero regional aunque le negó el resto de diligencias solicitadas, entre las que se encontraban citar en calidad de investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, su sucesor en el cargo Ignacio González, la actual mandataria regional Cristina Cifuentes y a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

El juez alegó que "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recordó además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.

Granados, que en un primer momento pidió que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud a tenor de los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Angel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.

OBRAS DEL METRO LIGERO

En su declaración ante el juez el pasado 17 de enero David Marjaliza, presunto cerebro de la red, reconoció que tanto él como Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por hacerse con las obras de Metro de Madrid. Se refirió a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre, en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

A tenor de estas declaraciones y de la entrega de facturas por parte del constructor, el juez de la Audiencia Nacional citó en calidad de investigados al empresario y al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Vir el pasado 6 de febrero. Ambos negaron durante el interrogatorio los términos en los que se expresó Marjaliza y se desvincularon de estos presuntos amaños.

En respuesta, Granados apuntó en un escrito dirigido al juez que su imputación en estos hechos se debe al "afán o inquina acusatoria demostrada hasta día de hoy" por Marjaliza, ya que cuando se produjo la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte en enero de 2005, "no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante".