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El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha planteado hoy a la oposición poder lograr un acuerdo para dejar los elementos estructurales de la enseñanza “a resguardo de vaivenes políticos”, si bien ha defendido que las evaluaciones de final de etapa son imprescindibles en la reforma educativa.
En el pleno del Senado, donde ha respondido a cuatro preguntas del PSOE y tres de Entesa, PNV y CiU, el ministro ha asegurado que el PP va a hacer en el Parlamento “todos los esfuerzos necesarios y requeridos” a través de contactos “informales y luego más formales”.
El Gobierno, ha insistido, está dispuesto al máximo diálogo con todos los grupos parlamentarios con vistas al consenso político y social, “respetando los elementos cardinales de la reforma”, aunque sin nombrar ninguno explícitamente.
No obstante, esta mañana el ministro había defendido en el Foro de Madrid que las evaluaciones de final de etapa necesarias para graduarse en ESO y Bachillerato son “lo más irrenunciable” del proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que sólo a través de ellas se recuperará un sistema que garantice resultados y elevará “la tensión educativa” de alumnos y docentes.
También ha negado como “falso de toda falsedad” que la reforma ataque a las lenguas cooficiales autonómicas, sino que se atiene “escrupulosamente” a lo dictado por el Tribunal Constitucional.
Mientras que Wert ha reconocido en el Senado que el Gobierno aspira a un nivel de consenso mayor para sacar adelante el proyecto legislativo, los grupos de la oposición lo han acusado de ampararse en la “soledad parlamentaria y social” de la mayoría absoluta y le han pedido que retire la reforma.
UNA CUESTION DE LIBERTAD
En relación con la polémica sobre las lenguas, Wert ha asegurado al senador Ramón Alturo (CiU) que se incorporará a la futura ley aquella fórmula que proponga la Generalitat de Cataluña y que garantice la libertad de escoger educación en castellano en esa comunidad.
“Es un problema de libertades, me da igual que sea el de uno, de diez o de mil, porque seguirá siendo un problema de libertades”, ha dicho Wert.
La senadora del PNV Rut Martínez ha pedido al ministro que, en el debate parlamentario, “haga gala de ese talante dialogante” que ofrece, al tiempo que no ha descartado que su grupo presente un veto en la Cámara Alta.
Sobre aspectos concretos de la ley, ha negado el ministro que se rompa la prevalencia de la enseñanza pública, ha defendido que el sistema de escuela concertada funciona “razonablemente bien” y no había sido cuestionado por los socialistas hasta ahora, después de que el senador del PSOE Francisco José Álvarez de la Chica lo haya acusado de querer convertir la educación pública en un “bonsái”.
Wert ha defendido la posibilidad de concertar la educación diferenciada por sexos, una opción minoritaria en el conjunto del sistema escolar, siempre que respete las condiciones que fija la Unesco y no perjudique las oportunidades educativas de chicos y chicas.
El senador socialista Vicente Álvarez Areces ha acusado al ministro de “mentir” en el Parlamento sobre la realidad de los “recortes” educativos y de esconderse detrás de “trucos semánticos”, a lo que Wert ha replicado que las reducciones presupuestarias las toman las comunidades en función de sus competencias.
“Está solo, esta ley no tiene futuro y ha generado rechazo generalizado; atienda más a la calle y a este Parlamento”, lo ha instado el senador socialista.
El parlamentario de Entesa Rafael Bruguera ha insistido en que la Lomce “no es necesaria”, a lo que el ministro le ha preguntado “qué tipo de cataclismo” es necesario para aceptar una reforma educativa cuando España tiene abandono escolar prematuro del 25 %, un 37 % de repetidores a los 15 años y un 57 % de paro juvenil.
Entre las comunidades, el Gobierno catalán ha pedido hoy una reacción “clara y contundente” contra la Lomce, para lo que convocará una cumbre de partidos y de la comunidad educativa autonómica próximamente.
La consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno, ha avanzado que el Junta trabajará en un “plan B alternativo” para minimizar los efectos “negativos” de la reforma.
El sindicato FETE-UGT se plantea la posibilidad de objetar a la reforma si el Parlamento la aprueba sin cambios sustanciales.
21 mayo, 2013 /
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La policía colombiana, en coordinación con la española y con agentes especiales, busca a dos turistas españoles secuestrados desde el pasado viernes en una zona de Colombia fronteriza con Venezuela.
Se trata de Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y de Conchi Marlaska, de 43 años, quien es familiar del juez español Fernando Grande-Marlaska, jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y serían naturales de Avilés, en el norte de España.
Fuentes de la Policía colombiana explicaron a Efe que los secuestradores, que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se pusieron en contacto el fin de semana con las familias de Sánchez y de Marlaska para pedir un rescate.
Las fuentes indicaron que no está confirmado por ahora que las FARC sean las responsables, ya que es habitual en Colombia que otros grupos se hagan pasar por esta guerrilla para obtener mayores beneficios de la extorsión.
El secuestro sucedió el pasado viernes en el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, cuando los españoles se dirigían en automóvil hacia el turístico Cabo de la Vela.
Al parecer los captores, aún sin identificar, provocaron un accidente con el fin de secuestrar a los turistas para trasladarlos posteriormente a la zona fronteriza con Venezuela, que quizás hayan cruzado según las fuentes informantes.
El vehículo de alquiler, modelo Chevrolet Spark fue encontrado abandonado por la Policía colombiana en el caserío de Siapana, en el municipio de Uribia, a pocos kilómetros de la frontera.
De hecho, la Alcaldía y la Policía de esa población ofrecieron hoy 50 millones de pesos (unos 27.050 dólares) a quien informe sobre el paradero de los secuestrados.
Minutos después de que la información del secuestro de los dos turistas viera la luz, esta fue confirmado por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en Madrid.
García-Margallo dijo que desde el momento en que el Gobierno español tuvo conocimiento del secuestro, su departamento ha estado “en contacto” con el Ejecutivo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con las familias de los dos españoles.
“En los temas de secuestro la norma de la casa es mantener una discreción absoluta”, afirmó el jefe de la diplomacia española.
Por su parte, la Embajada de España en Bogotá guarda silencio sobre el secuestro.
Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas se pronuncien de forma oficial acerca del suceso.
La Guajira, en el caribe colombiano, es una región desértica que en los últimos años ha vivido un incremento del turismo que acude en su mayoría al Cabo de la Vela, un accidente geográfico situado en el extremo norte de Sudamérica.
Pero por su posición fronteriza también tiene presencia de diversos grupos armados como la guerrilla de las FARC, bandas narcoparamilitares o cárteles internacionales de la droga, dedicados todos al narcotráfico y el contrabando.
La Policía Nacional de Colombia, que trabaja en coordinación con la española para resolver el caso, ha enviado a La Guajira agentes del grupo especial anti-secuestros y anti-extorsión (GAULA), que trabajan con la posibilidad de que los secuestrados estén en territorio venezolano.
Sánchez Fernández y Marlaska Sedano se unen al geólogo canadiense Jernoc Wobert, en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado enero, en el contingente de extranjeros secuestrados en Colombia.
El secuestro se conoce en vísperas de la llegada a Colombia del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para asistir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali.
21 mayo, 2013 |
Publicado en Mundo |
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La policía colombiana, en coordinación con la española y con agentes especiales, busca a dos turistas españoles secuestrados desde el pasado viernes en una zona de Colombia fronteriza con Venezuela.
Se trata de Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y de Conchi Marlaska, de 43 años, quien es familiar del juez español Fernando Grande-Marlaska, jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y serían naturales de Avilés, en el norte de España.
Fuentes de la Policía colombiana explicaron a Efe que los secuestradores, que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se pusieron en contacto el fin de semana con las familias de Sánchez y de Marlaska para pedir un rescate.
Las fuentes indicaron que no está confirmado por ahora que las FARC sean las responsables, ya que es habitual en Colombia que otros grupos se hagan pasar por esta guerrilla para obtener mayores beneficios de la extorsión.
El secuestro sucedió el pasado viernes en el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, cuando los españoles se dirigían en automóvil hacia el turístico Cabo de la Vela.
Al parecer los captores, aún sin identificar, provocaron un accidente con el fin de secuestrar a los turistas para trasladarlos posteriormente a la zona fronteriza con Venezuela, que quizás hayan cruzado según las fuentes informantes.
El vehículo de alquiler, modelo Chevrolet Spark fue encontrado abandonado por la Policía colombiana en el caserío de Siapana, en el municipio de Uribia, a pocos kilómetros de la frontera.
De hecho, la Alcaldía y la Policía de esa población ofrecieron hoy 50 millones de pesos (unos 27.050 dólares) a quien informe sobre el paradero de los secuestrados.
Minutos después de que la información del secuestro de los dos turistas viera la luz, esta fue confirmado por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en Madrid.
García-Margallo dijo que desde el momento en que el Gobierno español tuvo conocimiento del secuestro, su departamento ha estado “en contacto” con el Ejecutivo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y con las familias de los dos españoles.
“En los temas de secuestro la norma de la casa es mantener una discreción absoluta”, afirmó el jefe de la diplomacia española.
Por su parte, la Embajada de España en Bogotá guarda silencio sobre el secuestro.
Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas se pronuncien de forma oficial acerca del suceso.
La Guajira, en el caribe colombiano, es una región desértica que en los últimos años ha vivido un incremento del turismo que acude en su mayoría al Cabo de la Vela, un accidente geográfico situado en el extremo norte de Sudamérica.
Pero por su posición fronteriza también tiene presencia de diversos grupos armados como la guerrilla de las FARC, bandas narcoparamilitares o cárteles internacionales de la droga, dedicados todos al narcotráfico y el contrabando.
La Policía Nacional de Colombia, que trabaja en coordinación con la española para resolver el caso, ha enviado a La Guajira agentes del grupo especial anti-secuestros y anti-extorsión (GAULA), que trabajan con la posibilidad de que los secuestrados estén en territorio venezolano.
Sánchez Fernández y Marlaska Sedano se unen al geólogo canadiense Jernoc Wobert, en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado enero, en el contingente de extranjeros secuestrados en Colombia.
El secuestro se conoce en vísperas de la llegada a Colombia del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para asistir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali.
21 mayo, 2013 |
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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha negado la existencia de “contrapartidas” a raíz del regalo de boda que miembros de la trama Gürtel hicieron a su yerno, Alejandro Agag, y ha indicado sobre esta cuestión que “la duda ofende”.
A su llegada al hotel Exe Moncloa, donde hoy ha realizado una visita, los periodistas han preguntado a la alcaldesa de Madrid por la relación entre la familia Aznar con la trama Gürtel, después de que el diario El País haya publicado hoy que la trama pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.
“Como ha dicho ya mi yerno es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes”, ha contestado Botella, que se ha remitido al comunicado que Agag ha remitido al medio en cuestión.
“No tengo nada más que decir que lo que ha dicho mi yerno en un comunicado”, ha apostillado la alcaldesa de Madrid.
Según publica hoy El País, la trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Agag y Ana Aznar, hija de Botella y del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la trama corrupta, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace.
Alejandro Agag ha reconocido a El País que la cantidad aportada por la trama se hizo en concepto de “regalo de boda” y que fue destinada “exclusivamente” a la iluminación de la fiesta posterior al convite del enlace en la finca Los Arcos del Real.
Agag, según El País, invitó a Correa a la boda debido a su “relación de amistad con él en esa época” y ha señalado en un comunicado que ni él ocupaba en esa época cargo público alguno ni Correa estaba imputado en ninguna causa judicial.
Los documentos que acreditan la participación en los gastos de la boda, añade el diario, fueron descubiertos por la policía hace dos años, aunque no habían trascendido hasta ahora.
21 mayo, 2013 |
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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha negado hoy la existencia de “contrapartidas” a raíz del regalo de boda que miembros de la trama Gürtel hicieron a su yerno, Alejandro Agag, y ha indicado sobre esta cuestión que “la duda ofende”.
A su llegada al hotel Exe Moncloa, donde hoy ha realizado una visita, los periodistas han preguntado a la alcaldesa de Madrid por la relación entre la familia Aznar con la trama Gürtel, después de que el diario El País haya publicado hoy que la trama pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.
“Como ha dicho ya mi yerno es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes”, ha contestado Botella, que se ha remitido al comunicado que Agag ha remitido al medio en cuestión.
“No tengo nada más que decir que lo que ha dicho mi yerno en un comunicado”, ha apostillado la alcaldesa de Madrid.
Según publica hoy El País, la trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Agag y Ana Aznar, hija de Botella y del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la trama corrupta, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace.
Alejandro Agag ha reconocido a El País que la cantidad aportada por la trama se hizo en concepto de “regalo de boda” y que fue destinada “exclusivamente” a la iluminación de la fiesta posterior al convite del enlace en la finca Los Arcos del Real.
Agag, según El País, invitó a Correa a la boda debido a su “relación de amistad con él en esa época” y ha señalado en un comunicado que ni él ocupaba en esa época cargo público alguno ni Correa estaba imputado en ninguna causa judicial.
Los documentos que acreditan la participación en los gastos de la boda, añade el diario, fueron descubiertos por la policía hace dos años, aunque no habían trascendido hasta ahora.
21 mayo, 2013 |
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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha negado la existencia de “contrapartidas” a raíz del regalo de boda que miembros de la trama Gürtel hicieron a su yerno, Alejandro Agag, y ha indicado sobre esta cuestión que “la duda ofende”.
A su llegada al hotel Exe Moncloa, donde hoy ha realizado una visita, los periodistas han preguntado a la alcaldesa de Madrid por la relación entre la familia Aznar con la trama Gürtel, después de que el diario El País haya publicado hoy que la trama pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.
“Como ha dicho ya mi yerno es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes”, ha contestado Botella, que se ha remitido al comunicado que Agag ha remitido al medio en cuestión.
“No tengo nada más que decir que lo que ha dicho mi yerno en un comunicado”, ha apostillado la alcaldesa de Madrid.
Según publica hoy El País, la trama Gürtel pagó en septiembre de 2002 una parte de los gastos de la boda de Agag y Ana Aznar, hija de Botella y del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Dicho pago ascendió a 32.452 euros y el presunto máximo responsable de la trama corrupta, Francisco Correa, asistió como invitado al enlace.
Alejandro Agag ha reconocido a El País que la cantidad aportada por la trama se hizo en concepto de “regalo de boda” y que fue destinada “exclusivamente” a la iluminación de la fiesta posterior al convite del enlace en la finca Los Arcos del Real.
Agag, según El País, invitó a Correa a la boda debido a su “relación de amistad con él en esa época” y ha señalado en un comunicado que ni él ocupaba en esa época cargo público alguno ni Correa estaba imputado en ninguna causa judicial.
Los documentos que acreditan la participación en los gastos de la boda, añade el diario, fueron descubiertos por la policía hace dos años, aunque no habían trascendido hasta ahora.
21 mayo, 2013 |
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Las Diputaciones provinciales asumiran las competencias de los ayuntamientos que no consigan ofrecer sus servicios a un coste proporcionado. Es el pilar fundamental de la reforma de la administración Local que le ha presentado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro a la Comisión Nacional de la Administración Local. La iniciativa tendrá que ser aprobada en el consejo de ministros y podría entrar en vigor el 1 de enero de 2014.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.
El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto. Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio.
Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.
Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade, una pérdida de calidad.
CINCO AÑOS DE MARGEN
Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8 por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya han aplicado ahorros y ajustes.
De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más que el año anterior. “La ley ha entrado en vigor antes de estar en vigor”, dicen estas fuentes.
Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le cuesta dar un servicio.
Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de 100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.
UNA “HORQUILLA SALARIAL” PARA FUNCIONARIOS
El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.
Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una “horquilla salarial” para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.
Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
21 mayo, 2013 |
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El Gobierno establecerá una “horquilla de corte” en los presupuestos generales del Estado para limitar los salarios de los empleados públicos municipales, según ha dicho hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Con esta medida el Gobierno pretende que no haya tantas diferencias entre los trabajadores públicos de las diferentes comunidades autónomas y están pendientes de determinar los baremos para esta regulación, ha explicado Beteta en una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).
El secretario de Estado, quien ha asegurado que no existe “la menor intención” de recortar los sueldos, ha incidido en que los “complementos específicos” de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una “horquilla de corte”.
“Ello no quiere decir que se vaya a bajar ni que se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos”, ha puntualizado.
En relación con la reforma local, Beteta ha precisado que “no ha habido un acuerdo global” con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aunque sí han recogido muchas de las alegaciones presentadas por los municipios y las comunidades.
Uno de los aspectos que ha centrado la reunión de hoy, presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a la que ha asistido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha sido el del “coste estándar”.
Beteta ha dicho que antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la propia CNAL para “poder hacer los cálculos” que, según ha dicho, “son facilísimos”, de manera que los municipios tengan un plazo de cuatro meses -desde octubre- para poder adaptarse y ser eficientes.
“Más eficiente quiere decir más barato para el ciudadano y mejor para el conjunto de la ciudadanía”, ha subrayado.
El presidente de la FEMP ha dicho que “no es posible hacer una valoración de la eficiencia de cada servicio sin conocer el coste estándar” y ha negado que sea cierto el dato aportado ayer por Hacienda sobre la ineficiencia del 92,11 por ciento de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Sobre ello, Beteta ha dicho que “no hay consecuencias porque son datos de 2011″ y ha apuntado que muchas de las cuentas de 2012 certifican que la situación ha mejorado.
En cualquier caso ha dicho que el coste de los servicios obligatorios municipales en las localidades de menos de cinco mil habitantes suponen el triple que en las de más de cien mil ciudadanos.
De la Serna ha mostrado su desacuerdo con que en la reforma se evalúen todos y cada uno de los municipios aunque tengan una gestión eficiente, algo con lo que no está de acuerdo el Ministerio, que piensa que “los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona en cada municipio”.
El secretario de Estado ha certificado que tras la reunión de la CNAL, la reforma local pasará al Consejo de Estado para analizar y enviar un informe a las Cortes y no ha descartado que en este trámite se puedan introducir algunos aspectos que se han quedado fuera y que eran peticiones de la FEMP.
Se trata, según el secretario de Estado de una “ley profundamente municipalista” que evita duplicidades, define competencias, garantiza el control económico presupuestario de los municipios y favorece iniciativas económicas que eviten intervenciones administrativas.
En cuanto a las competencias de Servicios Sociales, Beteta ha dicho que en el plazo de un año las comunidades deberán hacerse cargo de ellas y si no es así se les retraerá la cantidad correspondiente por la prestación de esos servicios de su participación en los ingresos del Estado.
En Educación, la corporación local seguirá prestando el servicio hasta que no se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica y local, mientras que en Sanidad los ayuntamientos se irán retirando porque no es una competencia municipal.
El presidente de la FEMP ha dicho que “no es cierto” que un ayuntamiento pueda perder el conjunto de sus competencias, ya que siempre habrá servicios que tengan que mantener, y ha puesto como ejemplo la gestión de los cementerios municipales.
De la Serna también se ha referido a una de las cuestiones “más controvertidas” de la reforma, en relación con la intervención de municipios y ha asegurado que “va a desaparecer ese artículo” de la norma.
Además, ha dicho que no va a haber reducción de concejales y ha opinado que “no alteraría la situación económica del país” que concejales y alcaldes de municipios de menos de mil habitantes perciban un sueldo limitado.
En el proyecto de la reforma local se ha recogido el reparto competencial para las comunidades forales, las ciudades autónomas, Madrid, Barcelona y las islas Canarias y Baleares.
21 mayo, 2013 |
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El Gobierno establecerá una “horquilla de corte” en los presupuestos generales del Estado para limitar los salarios de los empleados públicos municipales, según ha dicho hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Con esta medida el Gobierno pretende que no haya tantas diferencias entre los trabajadores públicos de las diferentes comunidades autónomas y están pendientes de determinar los baremos para esta regulación, ha explicado Beteta en una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).
El secretario de Estado, quien ha asegurado que no existe “la menor intención” de recortar los sueldos, ha incidido en que los “complementos específicos” de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una “horquilla de corte”.
“Ello no quiere decir que se vaya a bajar ni que se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos”, ha puntualizado.
En relación con la reforma local, Beteta ha precisado que “no ha habido un acuerdo global” con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aunque sí han recogido muchas de las alegaciones presentadas por los municipios y las comunidades.
Uno de los aspectos que ha centrado la reunión de hoy, presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a la que ha asistido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha sido el del “coste estándar”.
Beteta ha dicho que antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la propia CNAL para “poder hacer los cálculos” que, según ha dicho, “son facilísimos”, de manera que los municipios tengan un plazo de cuatro meses -desde octubre- para poder adaptarse y ser eficientes.
“Más eficiente quiere decir más barato para el ciudadano y mejor para el conjunto de la ciudadanía”, ha subrayado.
El presidente de la FEMP ha dicho que “no es posible hacer una valoración de la eficiencia de cada servicio sin conocer el coste estándar” y ha negado que sea cierto el dato aportado ayer por Hacienda sobre la ineficiencia del 92,11 por ciento de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Sobre ello, Beteta ha dicho que “no hay consecuencias porque son datos de 2011″ y ha apuntado que muchas de las cuentas de 2012 certifican que la situación ha mejorado.
En cualquier caso ha dicho que el coste de los servicios obligatorios municipales en las localidades de menos de cinco mil habitantes suponen el triple que en las de más de cien mil ciudadanos.
De la Serna ha mostrado su desacuerdo con que en la reforma se evalúen todos y cada uno de los municipios aunque tengan una gestión eficiente, algo con lo que no está de acuerdo el Ministerio, que piensa que “los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona en cada municipio”.
El secretario de Estado ha certificado que tras la reunión de la CNAL, la reforma local pasará al Consejo de Estado para analizar y enviar un informe a las Cortes y no ha descartado que en este trámite se puedan introducir algunos aspectos que se han quedado fuera y que eran peticiones de la FEMP.
Se trata, según el secretario de Estado de una “ley profundamente municipalista” que evita duplicidades, define competencias, garantiza el control económico presupuestario de los municipios y favorece iniciativas económicas que eviten intervenciones administrativas.
En cuanto a las competencias de Servicios Sociales, Beteta ha dicho que en el plazo de un año las comunidades deberán hacerse cargo de ellas y si no es así se les retraerá la cantidad correspondiente por la prestación de esos servicios de su participación en los ingresos del Estado.
En Educación, la corporación local seguirá prestando el servicio hasta que no se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica y local, mientras que en Sanidad los ayuntamientos se irán retirando porque no es una competencia municipal.
El presidente de la FEMP ha dicho que “no es cierto” que un ayuntamiento pueda perder el conjunto de sus competencias, ya que siempre habrá servicios que tengan que mantener, y ha puesto como ejemplo la gestión de los cementerios municipales.
De la Serna también se ha referido a una de las cuestiones “más controvertidas” de la reforma, en relación con la intervención de municipios y ha asegurado que “va a desaparecer ese artículo” de la norma.
Además, ha dicho que no va a haber reducción de concejales y ha opinado que “no alteraría la situación económica del país” que concejales y alcaldes de municipios de menos de mil habitantes perciban un sueldo limitado.
En el proyecto de la reforma local se ha recogido el reparto competencial para las comunidades forales, las ciudades autónomas, Madrid, Barcelona y las islas Canarias y Baleares.
21 mayo, 2013 |
Publicado en España |
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha pedido a todo el PP que le ayude a convencer a toda la sociedad de que el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE) “es la reforma que necesita el país”, durante su intervención en el Foro Madrid.
De este modo, en el acto organizado por el PP de Madrid, ha pedido a todo el partido que se implique en esta “tarea pedagógica” porque tienen que hacer entender a la ciudadanía que la LOMCE es necesaria y ha pedido que se centre la atención en los objetivos principales. Así, ha destacado que hay que entender la gravedad del problema de fondo al que se enfrenta la LOMCE y ha advertido de que la “ferocidad” con la que se ataca el proyecto, de un modo “extremadamente ideológico”, revela la “debilidad” de los planteamientos críticos.
Precisamente, sobre los objetivos principales de la norma, Wert ha recalcado que las evaluaciones externas son “el aspecto más irrenunciable de toda la LOMCE” porque “lo que no se mide es imposible mejorarlo”. En este sentido, ha señalado que el mayor problema que ha habido en España a partir de la LOGSE es la pérdida de la cultura de la evaluación.
En su opinión, sólo con las evaluaciones se va a recuperar un sistema que garantice unos mínimos y que “ayudará a elevar la tensión” tanto de estudiantes como de docentes para la mejora del sistema.
Además, Wert se ha referido al tratamiento de las lenguas cooficiales en la reforma. “Da pereza tener que explicarlo otra vez”, ha asegurado al tiempo que ha subrayado que es un tema en el que se está creando “confusión interesada”.
“Los pajaritos apuntando a las escopetas”, ha espetado tras ser cuestionado por su opinión respecto a un ‘aviso de insumisión’ por parte de la Generalitat de Cataluña. Así, ha apuntado que alguna administración ha “sobrereaccionado”, ya que la norma –según matiza el ministro– “no supone un ataque a las lenguas cooficiales”.
“Es falso de toda falsedad que la norma suponga ningún ataque a las lenguas cooficiales ni una imposición autoritaria del castellano”, ha concretado.Para el ministro de Educación, la mayoría de las comunidades autónomas con lengua cooficial han optado por un bilingüismo integrado que Wert considera como “el más razonable”. También ha insistido en que la norma no pone en cuestión a la administración catalana sino que pretende ser una “salvaguarda” para la enseñanza del castellano.
DISPUESTO A NEGOCIAR CON CATALUÑA
Igualmente, ha reiterado que no se ha inventado el hecho de que algunos padres hayan reclamado en Cataluña por este tema, al tiempo que ha denunciado el uso de un “lenguaje bélico” para algo que es “simplemente la garantía de unos derechos”. En la misma línea, ha recalcado que el Gobierno está dispuesto a negociar con Cataluña “con una sola condición”: que se respete el castellano como lengua vehicular.
También ha respondido que la decisión de que el Estado avance el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a alumnos que lo pidan –lo que se cobrará de los fondos que correspondan a Cataluña en la financiación autonómica– “es un procedimiento temporal hasta que haya una oferta sostenida con fondos públicos de la CCAA para que el castellano sea una lengua vehicular”.
Respecto al recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el País Vasco, lo ha considerado “prematuro” porque “ni siquiera ha empezado a tramitarse en el Congreso”. Además, ha añadido que en el tema competencial el texto tiene el apoyo del Consejo de Estado, donde se explica que “se ha respetado la distribución de competencias que marca la Constitución española”.
AGUIRRE AGRADECE A WERT INTENTE “ENDEREZAR EL TORCIDO RUMBO” DE LA EDUCACIÓN
La presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha agradecido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la recién aprobada reforma educativa que pretende “enderezar el torcido rumbo de la educación en España”.
Aguirre le ha trasladado este agradecimiento al presentarle en la conferencia del Foro Madrid que han organizado los populares madrileños, en la que ha considerado que la nueva ley es “absolutamente necesaria” para combatir el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación.
Tras señalar que era una ley “esperada por toda la sociedad y la comunidad educativa”, la también exministra de Educación ha pedido a Wert que no ceje en su lucha por “recuperar el castellano” a la hora de llamar “a las cosas por su nombre” en el sistema educativo.
Aguirre ha querido dejar claro que “todas las leyes educativas” de los últimos treinta años han sido aprobadas por gobiernos socialistas, sin el apoyo del Partido Popular.
Ha recordado que el PP tan sólo sacó adelante una reforma educativa en 2002, aunque ha remarcado que no se llegó a aplicar porque cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno la paralizó. Esperanza Aguirre ha dicho que la “furibunda reacción” del PSOE contra la Lomce es la mejor muestra de que están “empecinados” en un sistema educativo que es “catastrófico”.
EL PSOE INSISTE EN QUE IRÁ AL CONSTITUCIONAL
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha insistido en que los socialistas presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno aprueba la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) sin el respaldo de la comunidad educativa.
En rueda de prensa tras la rueda de prensa de la Junta de Portavoces, Rodríguez ha reafirmado su “planteamiento absoluto y contrario” a la reforma educativa planteada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, por la que dice que llevan pidiendo de “forma insistente” la retirada del texto “que va en contra de toda la comunidad educativa”.
ICV ADVIERTE DE QUE LA LOMCE REVELA “LA VERDADERA CARA DEL PP
El diputado de ICV, Joan Coscubiela, ha criticado que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es una “verdadera barbaridad” desde el punto de vista educativo, que evalúa a los alumnos como quien fabrica “tornillos”, y que es “fundamentalista” al manifestar “la verdadera cara del PP” al imponer la religión en la sociedad.
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de los martes, Coscubiela ha señalado que esta normativa es también “intervencionista” desde el punto de vista moral, a la vez que “uniformizadora” no sólo de las competencias autonómicas sino también sobre los alumnos, a quienes quiere evaluar a todos por igual “como si se tratara de una fábrica de tornillos”. Esta nueva normativa establece una serie de reválidas al final de cada etapa educativa.
En referencia a la comparecencia prevista por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para este miércoles, Coscubiela ha avanzado que recriminará la “ofensiva por tierra, mar y aire” que está desarrollando el Gobierno con la catalanofobia para recabar votos ante la “nefasta política de austeridad” que está emprendiendo y que, a su juicio, erosiona a sus bases sociales y que cohesiona a los sectores más derechistas”.
21 mayo, 2013 |
Publicado en España |
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