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El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, ha propuesto una nueva organización en la dirección de la compañía, que incluye el nombramiento como nuevo consejero delegado del grupo de Angel Vilá, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director de Estrategia y Finanzas.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de Telefónica ha aprobado, en su reunión ordinaria celebrada hoy, proponer al Consejo el nombramiento de Vilá, hombre de confianza del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el marco de un rediseño del esquema organizativo de la compañía.

El cargo de consejero delegado en Telefónica permanecía vacante desde que Álvarez-Pallete fue nombrado presidente ejecutivo de la multinacional en sustitución de César Alierta, en abril de 2016.

Para que pueda asumir el cargo, se propondrá nombrar a Vilá consejero de Telefónica por cooptación, con el carácter de consejero ejecutivo, ocupando la vacante propiciada por la salida del órgano del gobierno de la compañía de Julio Linares.

Este último seguirá vinculado al grupo y se propondrá su próxima incorporación a los Consejos de Telefónica Brasil y Telefónica Deutschland, además de continuar ejerciendo labores de representación institucional de la compañía en diversos organismos.

Según el comunicado, el rediseño del modelo organizativo de la compañía ha sido decidido por Álvarez-Pallete para acelerar el ritmo de crecimiento del negocio, así como facilitar la implantación y el logro de nuevas metas y objetivos e impulsar los nuevos valores que habrán de regir la vida corporativa en los próximos años.

Igualmente, en el avance hacia una compañía de plataformas, Telefónica apuesta por seguir simplificando su estructura, unificando áreas de gestión para agilizar la toma de decisiones y la ejecución y reforzando las capacidades tecnológicas y de innovación.

El nombramiento de Vilá, según el comunicado, consolida el modelo operativo introducido en 2014, de forma que las cinco operadoras -España, Brasil, Hispanoamérica, Alemania y Reino Unido-, y las direcciones generales de Comercial Digital y de Recursos Globales reportarán directamente al consejero delegado.

LAURA ABASOLO, DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL

En este rediseño, Laura Abasolo asumirá la Dirección de Finanzas y Control, reportando directamente a Álvarez-Pallete, un área que engloba las responsabilidades sobre las áreas de Finanzas, Fiscal, Planificación Financiera y Coordinación, Consolidación y Políticas Contables, Control y Planificación y Relaciones con Inversores. Hasta la fecha, Abasolo era directora de Planificación, Contabilidad y Control de Gestión y miembro del Comité Ejecutivo desde marzo de 2014.

Asimismo, se crea la Dirección de Estrategia y Desarrollo Corporativo, cuyo máximo responsable será Enrique Lloves -hasta ahora director de Desarrollo Corporativo y de Fonditel- que se incorporará al comité ejecutivo de la Compañía.

Así, a Álvarez-Pallete le reportarán directamente, además de Vilá, Abasolo y Lloves, la Secretaría General del Consejo (Ramiro Sánchez de Lerín), el jefe de datos (Chema Alonso) y los responsables de las Direcciones de Comunicación Corporativa y Marketing Institucional (José Luis Gómez-Navarro), Asuntos Públicos y Regulación (Carlos López Blanco) y Asuntos Públicos de Presidencia (Francisco de Bergia), además de María García-Legaz, como directora de la Oficina del Presidente.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno ha aprobado también proponer al Consejo que Enrique Blanco sume a sus responsabilidades actuales, como responsable global de Tecnología, el área de sistemas, hasta ahora liderada por Phil Jordan, que deja la compañía.

Por otra parte, y con el objetivo de focalizar todos los esfuerzos y recursos destinados a innovación en una misma área, se propondrá la integración de Telefónica Open Future en el área de Innovación, liderada por Gonzalo Martín-Villa.

Luis Blasco, hasta ahora presidente de Vídeo en España, dejará la compañía.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid ha acordado este miércoles el calendario congresual acogiéndose a las normas aprobadas tras el 39 Congreso del PSOE federal, que contemplan un mínimo de avales del 2 por ciento para proclamar las candidaturas a la Secretaría General de la federación y la celebración de primarias a doble vuelta en el caso de que ningún candidato consiga más del 51 por ciento de los votos en la primera, que se celebrará previsiblemente el 30 de septiembre.

El 25 de julio tendrá lugar el Comité Regional Extraordinario para ratificar el calendario propuesto por la Comisión Ejecutiva Regional y cerrar el censo de militantes. En caso de haber una segunda vuelta, esta se celebrará el 7 de octubre y el 13. El Congreso Regional se celebrará los días 20, 21 y 22 del mismo mes.

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid se ha reunido este miércolesreúne para proponer las fechas del próximo Congreso y de las primarias. la Ejecutiva regional aprobará también el reglamento de las primarias, que será el mismo que se aplicó en el Congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general. Por lo tanto, se necesitarán menos avales para ser candidato y habrá segunda vuelta si en la primera nadie obtiene más del 50% de los votos.

Por otra parte, respecto a posibles candidatos, sólo la actual secretaria general, Sara Hernández, ha anunciado que tiene intención de presentarse a la reelección. El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco, según ha trascendido, ha insinuado que podría optar a la elección pero no lo ha confirmado oficialmente.

El próximo 18 de julio se celebrará una asamblea en la agrupación socialista de Chamartín -en la que milita el citado parlamentario- en la que algunos militantes que apoyaron en las pasadas primarias a Pedro Sánchez oirán a Franco y quizá también su decisión de ser candidato. Es posible que haya más candidatos pero, al no conocerse los plazos y las normas, ninguno se ha pronunciado al respecto.

La Comisión Europea (CE) propuso hoy crear un plan personal de pensiones paneuropeo, un producto financiero que podría contratarse y disfrutarse en todos los países de la Unión Europea (UE) con el que busca contribuir a afrontar el reto del envejecimiento y la caída de las prestaciones. “Europa afronta un reto demográfico: en 2060 por cada jubilado habrá solo dos personas trabajando, comparado con las cuatro que hay ahora”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis, durante la presentación de la propuesta.

“Necesitamos cubrir el agujero en las pensiones creado por el envejecimiento de la población (…) y los planes personales de pensiones son parte de la solución para complementar las pensiones estatales”, dijo Dombrovskis, quien subrayó que solo un 27 % de los europeos entre 25 y 64 años tienen uno de estos planes.

Al mismo tiempo, la UE quiere ayudar a crear un mercado europeo para estos productos financieros, que están muy desarrollados en algunos Estados miembros pero apenas existen en la mayoría: solo en España, Alemania, Austria, Suecia y Eslovenia, más de un 15 % de la población tiene un plan de pensiones.

Los proveedores que decidan introducir voluntariamente este futuro plan de pensiones paneuropeo (PEPP, en inglés) tendrán que cumplir unos requisitos de transparencia, dando información estándar sobre tarifas, costes y beneficios al suscriptor antes de la contratación.

Además, tendrán que ofrecer obligatoriamente una opción que garantice mayor seguridad en caso de quiebra, es decir, que exija al proveedor una estrategia de inversión “conservadora” en la que se mitiguen los riesgos, explicó Dombrovskis. Aunque las características “principales” del producto se estandarizarán en toda la Unión, se dejará también un margen de “flexibilidad” para adaptarlo a los mercados nacionales, ya que la propuesta no sustituye ni armoniza los regímenes de pensiones de todos los Estados.

De hecho, el tratamiento fiscal que se dé a estos productos dependerá de los países, por lo que Bruselas anima a las capitales a darles “al menos el mismo trato” que a los planes del mismo tipo bajo su régimen nacional. De ello dependerán, entre otras cosas, los costes que pueda afrontar el usuario a la hora de recuperar los beneficios acumulados en varios países.

Dombrovskis aseguró que ve “apoyo” entre los países a este plan, pero admitió que el “éxito” y “atractivo” del producto dependerá en buena medida de que el trato fiscal permita reducir sus costes. Bruselas cree que estos planes serán especialmente interesantes para trabajadores y estudiantes desplazados y autónomos que no estén cubiertos por el Estado, mientras que del lado de los proveedores, podrán ser distribuidos por aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, compañías de inversión o gestoras de activos.

Los proveedores tendrán que contar con una autorización de la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones (EIOPA) para sus planes y recibirán además un “pasaporte” que les permitirá comercializarlos en toda la UE, también a través de Internet. La Comisión subraya que esto les permitirá competir y combinar activos en toda la Unión, lo que a su vez contribuirá a movilizar una mayor inversión.

Según sus datos, este producto permitiría pasar de los 700.000 millones de euros en activos que gestionan hoy en planes de pensiones personales a 2,1 billones de euros en 2030, mientras que sin el plan paneuropeo, la cantidad aumentaría solo hasta los 1,4 billones. Esto se traduciría en unas inversiones adicionales de 231.000 millones de euros en capital y 385.000 millones en valores de deuda. La propuesta debe ahora se debatida por el Consejo (los países) y el Parlamento Europeo y la CE espera que entre en vigor en 2019 y los planes lleguen al mercado dos años después.

La expresidenta de la Asamblea de Madrid y actual presidenta de la empresa pública Tragsa, Elvira Rodríguez, comparecerá este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política para explicar los pormenores de la contratos que se adjudicaron sobre la concesión del servicio de la cafetería del Parlamento regional de los años 2009 y 2011.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que investigue entre otros, a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por una supuesta incompatibilidad en su papel dentro la mesa de contratación y en el comité de expertos por la adjudicación de estos contratos a una empresa de Arturo Fernández, que ha reconocido haber donando dinero a Fundescam, fundación del Partido Popular de Madrid.

Por otro lado, la comisión de investigación ha solicitado la comparecencia de Tatiana Recoder, letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Asamblea de Madrid en la VIII Legislatura e integrante del comité de expertos, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aludió en su comparecencia. Como sustituto, se convocaría a Artuto Zubiri, técnico superior de la Asamblea e integrante del comité de expertos.

Asimismo, ha sido convocado, Fabio Pascual Mateo, secretario general de la Asamblea en la VIII y IX Legislatura e integrante de la mesa de contratación, cuyo sustituto sería Francisco Cábaco, vicepresidente segundo de la Asamblea en la IX Legislatura e integrante de la mesa de contratación.

Sin embargo, finalmente no comparecerá al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, imputado en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del partido en esta comunidad, en calidad de apoderado de Fundescam hasta 2009.

Pero Podemos no la había registrado a tiempo, por lo que no ha sido admitida hoy por la Mesa de la Asamblea. En su lugar vendrá como sustituta la jefa del Servicio de Relaciones Exteriores y Protocolo de la Cámara y miembro del comité de expertos que valoró las ofertas para la adjudicación de la cafetería de la Asamblea, María Merino. La sesión comenzará mañana a partir de las 9 horas.

Las primeras etiquetas con la nueva clasificación deberán llegar a las tiendas al final de 2019. Para seguir el ritmo de las mejoras tecnológicas en eficiencia energética, la normativa precisa que la clasificación se revisará cuando el 30% de los productos en el mercado comunitario reciban la máxima clasificación (A), o cuando el 50% esté …

La Comisión de Venecia ha remitido una carta al presidente catalán, Carles Puigdemont, en la cual le dice que cualquier referéndum tendría que “llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas” y “de plena conformidad con la Constitución y la legislación aplicable”.

La carta, avanzada hoy por los diarios La Vanguardia y El Punt Avui y a la que ha tenido acceso Efe, es la respuesta del presidente de la Comisión, Gianni Buquicchio, a la misiva que el presidente catalán le remitió el 29 de mayo informándole de la voluntad del Govern de celebrar un referéndum acordado con el Ejecutivo del PP y de contar con la colaboración de este organismo.

La misiva, de solo dos párrafos y fechada el día de ayer, viernes 2 de junio, subraya que la Comisión de Venecia, organismo asesor del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, “ha enfatizado consistentemente la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y con la legislación aplicable”.

En concreto, el presidente de este organismo, denominado oficialmente Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, apunta que, sin duda, Puigdemont es “consciente” de que tanto la voluntad de celebrar un referéndum como de cooperar con esta comisión debe implementarse de acuerdo con las autoridades españolas.

La Comisión de Venecia agradece a Puigdemont haberle informado de la resolución adoptada por el Parlamento catalán, que dice haber leído con “gran interés”, y “toma nota” de la intención de la Cámara catalana de cooperar con la institución para la consecución de un referéndum acordado.

En esta línea, celebra el interés del Parlament en el Código de Buenas Prácticas para los Referéndums desarrollado por la Comisión de Venecia.

La carta se ha remitido a Puigdemont con copia al representante español en el Consejo de europa, Luis Javier Gil.

La respuesta de la Comisión de Venecia remarcando la necesidad de un referéndum acordado que cumpla con la Constitución y con la legislación se produce después de que el presidente catalán haya anunciado contactos con los integrantes del Pacto Nacional por el Referéndum previos al anuncio de la fecha y la pregunta de la consulta sobre la independencia.

Frente a estas intenciones, el Gobierno ha instado a Puigdemont a acudir al Congreso a hablar con el resto de las fuerzas parlamentarias, por ser los diputados los únicos que pueden modificar la Constitución para permitirlo legalmente.

La Comisión Europea (CE) pidió hoy a España más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas para responder a las necesidades de parados y empresarios y medidas para promover la contratación indefinida.

Bruselas publicó hoy sus recomendaciones económicas por países de cara a los próximos 12 a 18 meses, que alertan de la falta de un plan general en España para combatir la segmentación en el mercado laboral y recuerdan que el país tiene uno de los mayores porcentajes de empleo temporal en toda la Unión Europea.

También recomiendan acciones para abordar las “persistentes disparidades” regionales en las condiciones para poder disfrutar de unos ingresos mínimos garantizados y para mejorar la ayuda a las familias, incluido el acceso a cuidados infantiles de calidad.

SUGIERE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SOBRE DÉFICIT EXCESIVO

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario sugiere a España que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el procedimiento de déficit excesivo, incluidas las medidas para reforzar el marco fiscal y el de licitaciones públicas. “España todavía carece de un marco político claro y consistente de contratación pública que asegure el cumplimiento legal”, así como la competencia y la eficiencia económica, dice la Comisión Europea, que recuerda que el Gobierno español ha aplicado medidas este año que deberían mejorar el sistema de supervisión en ese ámbito y que están pendientes de la aprobación del Parlamento.

También menciona la necesidad de llevar a cabo una revisión completa del gasto para identificar posibles áreas donde mejorar la eficiencia.

La Comisión Europea recomienda asimismo a España abordar las disparidades regionales existentes en los resultados educativos, en particular, mediante el refuerzo de la formación de los enseñantes y a través del apoyo individual a los estudiantes.

Por último, pide a las autoridades españolas que garanticen una inversión “adecuada y sostenible” en la investigación e innovación, y que refuercen la gobernanza a todos los niveles.

También sugiere a España que garantice la aplicación completa y a tiempo de la ley sobre la unidad de mercado.

RECLAMA “ESTRATEGIAS PREVENTIVAS” PAAR PREVENIR LA CORRUPCIÓN

En sus recomendaciones, Bruselas da un toque de atención a España por la corrupción e indica que, pese a los “progresos” para combatir ese problema, y en particular las investigaciones sobre casos a nivel local y regional, no se han desarrollado “estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción”.

Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos ha aprobado hoy con el apoyo del PP y de Ciudadanos no debatir cerca de 4.000 enmiendas que habían presentado PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT con cargo a la sección 31 de los Presupuestos Generales del Estado, después de verse respaldos por el Gobierno.

La Mesa de Presupuestos se ha reunido a las 22:00 horas de la noche para votar si deben tramitarse las enmiendas interpuestas a cargo de la denominada sección 31 “Gastos de diversos ministerios” cuando exceden del crédito del que se dispone, que es de 15 millones de euros. Después de dos días de intenso debate en esta comisión, finalmente los votos del PP y de Ciudadanos han permitido que no se tramiten las enmiendas superiores a 15 millones de euros y que se debatan y voten las inferiores a esta cantidad hasta alcanzar dicho importe.

Los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos insisten en que no pueden debatirse enmiendas que conjuntamente suponen un valor de 46.926 millones de euros, y argumentan que no son “constructivas” porque no se financian con una baja en la misma sección. La Mesa se ha visto respaldada por un informe del Gobierno que ha llegado hoy a la misma comisión después de que ésta pidiese al Ejecutivo su criterio sobre la posibilidad de cómo “instrumentar” las enmiendas que se presentan en esa sección una vez excedido el crédito disponible.

El documento del Ejecutivo afirma que “no deberían tramitarse” según el reglamento del Congreso porque superan la cuantía prevista de este fondo y “vulnera” lo aprobado por el pleno en el debate de totalidad de los Presupuestos. “Cualquier otra enmienda distinta de las constructivas supone por lo tanto un riesgo de aprobar enmiendas que modifiquen las cuantías globales de los presupuestos y que carecen de financiación”, indica el informe del Ejecutivo.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos han calificado de “cacicada” la decisión de la Mesa, ya que no tiene precedentes en la historia de los Presupuestos que se censure un debate de enmiendas presupuestario. El PSOE ha anunciado que presentará un recurso urgente ante la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, para anular esta decisión y estudiará otras medidas que se puedan tomar en el Congreso.

Fuentes socialistas han añadido que lo ocurrido hoy es “un escándalo” ya que “se ha consumado la cacicada del PP y de Ciudadanos” y se “rompe con el modelo de debate de los Presupuestos de la democracia de los últimos 25 años”. Además, han advertido de que en las próximas horas el PSOE pondrá en marcha una “dura campaña de denuncia en toda España” y otras fuentes diferentes afirman que analizarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de un derecho fundamental.

El PSOE reitera que el reglamento del Congreso no permite a la Mesa de esta comisión no admitir un debate de enmiendas. Al margen de esta decisión de la Mesa de Presupuestos, el Gobierno tiene la capacidad de poder vetar las iniciativas a los Presupuestos que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos.

El presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre y el portavoz parlamentario del PP, Jaime de Olano, han insistido en que el debate presupuestario y las votaciones deben ir sobre créditos e importes reales y no teóricos. Por otra parte, la Mesa de Presupuestos también ha aprobado el listado de enmiendas que debían subsanarse por errores técnicos.

PODEMOS RECURRIRÁ QUE SE IMPIDA DEBATIR ENMIENDAS

El portavoz de Unidos Podemos en la comisión de presupuestos del Congreso, Segundo González, ha avanzado hoy que su grupo recurrirá la decisión de PP y Ciudadanos, que con el respaldo del Gobierno, impedirán debatir cerca de 4.000 enmiendas que había presentado la oposición al proyecto presupuestario. González, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha acusado a PP y Ciudadanos de actuar como “caciques” del Gobierno por “cercenar el debate cambiando las reglas de juego a mitad de la partida”.

Segundo González ha explicado que Ciudadanos cambio el criterio que mantenía anteriormente y que se acordó remitir al Gobierno las enmiendas durante el debate presupuestario lo que permitirá que ejerza su derecho a veto mientras se están votando y debatiendo. El diputado de Unidos Podemos se ha mostrado sorprendido de que Ciudadanos colabore en esa “obstrucción” de la labor parlamentaria, algo a lo que -dice- que ya les tiene “acostumbrados” el PP.

Por eso, ha anunciado que recurrirán la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos que a su juicio “cercena” el debate parlamentario.