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Según también el último panel de hogares de la CNMC, ya un tercio de los contratos 3.0A, de los que existen 712.870 usuarios en España (23.128 en Canarias) con datos de febrero del presente año, han cambiado al menos una vez de comercializadora. Para el director-gerente de Unieléctrica, Diego Montes,  “las cifras muestran el grado …

El Gobierno va a crear cuatro nuevas autoridades administrativas independientes (AAI) que se encargarán de la defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero, lo que supondrá la extinción de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se escindirá en la Autoridad Administrativa independiente de Competencia, la Autoridad de Supervisión y Regulación de los Mercados, a las que se sumarán la Autoridad Administrativa independiente de Seguros y Planes de Pensiones y la Autoridad Administrativa independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros, según consta en el documento sobre la reforma de los organismos supervisores que desde hoy se somete a consulta pública.

El texto, publicado en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, explica que la norma integrará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también tendrá naturaleza de Autoridad Administrativa independiente.

La actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mientras que el ICAC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía.

Con el nuevo esquema se subsanará “la dispersión” en las competencias para la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y de los inversores financieros, que actualmente están repartidas entre los supervisores de banca, valores y seguros.

No obstante, el texto incide en que el Banco de España continuará realizando su labor de supervisión de la solvencia de las entidades de crédito, entre otras.

El documento también dice que se desarrollará un nuevo mecanismo para el nombramiento de los órganos de gobierno de las entidades supervisoras, del que únicamente avanza que se guiará por la transparencia, la meritocracia, la participación democrática y la inexistencia de conflictos de interés.

El fin es garantizar la idoneidad de los candidatos designados y dotar de mayor transparencia al procedimiento, lo que redundará en una mayor independencia de las Autoridades Administrativas independientes.

De acuerdo el documento del Ministerio, la reforma es fundamental para “contar con un marco más adecuado y conforme con las mejores prácticas internacionales en el cumplimiento de las vitales funciones que se encomiendan a los organismos supervisores”.

En el texto se recuerda que fue la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la que creó la figura de la Autoridad Administrativa independiente como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, cuyo desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.

El nuevo marco institucional que se planea adoptar surge del acuerdo suscrito entre el Gobierno y Ciudadanos, al que confían que termine sumándose el PSOE.

Nos hemos acostumbrado en la inmensa mayoría de los supermercados a pagar por ellas, pero a partir de Enero del año que viene, todos los comercios , también los pequeños tendrán que cobrar por cada bolsa de plástico. Quedará prohibida darlas gratuitamente. Es la opción elegida por el gobierno para cumplir con Europa.

El Proyecto de Ley que prepara el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente busca adelantar al 1 de enero de 2018 la prohibición de que los comercios distribuyan bolsas de plástico de forma gratuita y para ello pretende subir los precios actuales en los comercios que ya cobran por las bolsas a los consumidores que las solicitan.

Según la directiva europea, los Estados miembros deberán adoptar, al menos, una de las siguientes medidas: a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supera las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso; b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces.

El proyecto de Real Decreto recoge que a partir del 1 de enero de 2018 quedará prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos. Asimismo, establece que los comerciantes cobrarán una cantidad (desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 30 céntimos en función de las características y usos), por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor.

Por su parte, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) ha recordado que las empresas que forman parte de su asociación trabajan desde hace años en la reducción de bolsas de plástico. La patronal de las grandes superficies, que engloba a firmas como El Corte Inglés, Media Markt, Ikea o Carrefour, ha reiterado que sus empresas llevan aplicando un enfoque voluntario para la reducción de bolsas de un sólo uso, impulsando campañas de sensibilización tanto para empleados como para consumidores, según han informado a Europa Press fuentes de Anged.

Respecto a la recomendación de la CNMC que aboga por la creación de un impuesto, al igual que existe en otros países, se ha mostrado “con carácter general” contrario a crear nuevas figuras impositivas.

Por su parte, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa a cadenas como Mercadona, Grupo Dia, Ahorra Más o Covirán, ha señalado que no es necesario establecer un precio mínimo ni la creación de un nuevo impuesto para reducir el uso de las bolsas de plástico.

“Frente a las distintas opciones que hay como la del Real Decreto y la de la CNMC, proponemos que se pongan objetivos exigentes a las empresas que ponen bolsas en el mercado y se les permita elegir cuáles son los medios más adecuados para conseguir esos objetivos. Las empresas son las que más saben sobre su modelo de negocio y las necesidades de sus clientes”, ha asegurado a Europa Press el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo.

García Magarzo ha recordado que si en el anterior periodo del plan de residuos, que se desarrolló de 2011 a 2015, las cadenas de supermercados llegaron a reducir el uso de bolsas de plástico en un 80%, cree que el sector podrá seguir reduciendo su uso “sin la necesidad de que se ponga un precio fijo y mucho menos un impuesto”.

La factura eléctrica subirá este mes de enero un 26 % -o cerca de 14 euros en términos absolutos- frente al mismo mes del año pasado para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (pvpc), donde están unos 12 millones de hogares.

Según datos del simulador de factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo eléctrico para un doméstico “tipo” -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (kWh), es decir, 250 kWh mensuales-, ascenderá este mes a 65,69 euros frente a los 51,97 euros del mismo mes del año pasado, lo que supone 13,7 euros más o un 26 %.

Frente a diciembre, la subida es del 9 %, unos 5 euros más. Todas las comparativas están hechas tomando hasta el día de hoy, 29 de enero, y último disponible en los simuladores de la CNMC.

El recibo eléctrico refleja así el fuerte incremento que ha vivido el mercado mayorista (pool) este mes, tocando niveles que no se veían desde diciembre 2013 con 91,88 euros el megavatio-hora (MWh) de media el pasado día 25 y con horas por encima de los 100 euros.

De hecho, este mes va camino de convertirse en uno de los arranques de año con el megavatio más caro con 71,4 euros de media mensual.

Unos precios máximos que han coincidido con una ola de frío que llevó los termómetros a mínimos en España y disparó el consumo eléctrico en medio de un intenso debate social y político.

Al detalle de la factura, esta subida los precios del mercado mayorista eléctrico supone alrededor del 35 % del recibo de esos 12 millones de consumidores acogidos a tarifa regulada, mientras que el 65 % restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año.

Para el resto de consumidores, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Las fuertes subidas de este mes han vuelto a reabrir el debate sobre el sector eléctrico y el funcionamiento de ese mercado mayorista, donde generadores y comercializadores fijan el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente.

Así, se ha criticado, tanto desde la oposición como desde diversos colectivos sociales, que funcione bajo el criterio económico marginalista, es decir que todas las tecnologías de generación cobren en cada hora lo que marque la más cara que entra a funcionar, y se ha vuelto a reclamar una auditoría del sistema.

Desde el Gobierno, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha rechazado tanto un cambio en ese sistema como realizar una nueva revisión de los costes tras la reforma del sector eléctrico llevada a cabo en la anterior legislatura.

Lo que sí ha planteado ha sido una serie de medidas para actuar sobre el mercado gasista ya que sus precios meten presión al eléctrico: con escasez de agua y viento, las centrales de ciclo combinado -que utilizan ese combustible- son las que marcan el precio y es más elevado.

Una de estas medidas, la del creador de mercado, empezará a funcionar esta misma semana.

Nadal se ha centrado también en explicar las causas que han llevado a vivir los picos de este mes: subidas del gas, el petróleo y el carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia -con nucleares paradas y fuerte consumo- o las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España.

“Hemos tenido que producir con la peor mezcla, con las tecnologías más caras”, resumió esta semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Allí aprovechó para, a pesar de lo ocurrido este enero, recomendar a los usuarios seguir en la tarifa eléctrica regulada porque, “a largo plazo siempre es lo más barato”.

También señaló que la situación “terminaría remitiendo pronto”.

Mirando al mercado mayorista para mañana, el precio de la electricidad se situará en 70,81 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un 13 % más que el marcado para hoy, según datos de OMIE, el operador del mercado.

Los días festivos suelen tener precios más bajos al haber menor consumo eléctrico.

No obstante, ese precio medio negociado es un 23 % más barato que el máximo de la semana pasada.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 182.716 euros a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAM) por una recomendación colectiva de precios a sus asociados.

El expediente tuvo su origen en la denuncia interpuesta por un particular en octubre de 2013 contra nueve autoescuelas de Guadalajara, posteriormente ampliada a otras cinco autoescuelas de esta provincia y cinco en Alcalá de Henares, por acordar y unificar precios en la matrícula y las clases prácticas para la obtención del permiso de conducir clase B.

Según ha explicado la Comisión en un comunicado, en enero de 2014 el expediente se dividió en dos: uno correspondiente la investigación del acuerdo de precios entre las autoescuelas domiciliadas en Alcalá de Henares, que correspondió a la Comunidad de Madrid (Dirección General de Economía y Política Financiera), mientras que la investigación sobre las autoescuelas de Guadalajara fue para la propia CNMC.

Tras una propuesta inicial de archivo por parte del Servicio de Defensa de la Competencia de Madrid y la indicación por parte de la CNMC de continuar con la investigación, se completó la instrucción del expediente y quedó acreditado que fue la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAM) quien llevó a cabo una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) mediante la recomendación de precios a sus asociados desde 2011.

En concreto, la CNMC considera que la unificación de precios denunciada habría sido fomentada y facilitada por la Asociación a través de distintas acciones y recomendaciones para homogeneizar y fijar precios.

Así, la APAM encargó en 2011 a un catedrático de Economía Aplicada un estudio económico sobre precios para evitar la competencia entre autoescuelas que consideraba “desleal”.

La Asociación posteriormente difundió el estudio entre sus asociados a través de distintos medios como certificados gremiales sobre lucro cesante o guías orientativas sobre precios a las autoescuelas asociadas.

La Comisión considera que la actuación de la APAM a través de la recomendación de precios acreditada ha dañado sustancialmente las condiciones de competencia entre las autoescuelas radicadas en Alcalá de Henares y, posiblemente, en otros municipios y localidades de la Comunidad de Madrid.

La CNMC también solicita a la Asociación que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes y le ordena la difusión entre sus asociados del texto íntegro de esta Resolución.

Además, la Comisión insta a la Dirección General de Economía y Política Financiera de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.

La CNMC recuerda que contra estas Resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.