El PSOE Canarias cuestiona la legalidad de las sedes del Gobierno de Clavijo






Canarias, 17 de febrero de 2017.- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado un escrito por el que solicita a la Mesa que encargue a los servicios de la Cámara un informe jurídico para determinar si las sedes oficiales del Gobierno cumplen la legalidad, en concreto lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Sedes de los Órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, explica que, de determinarse el incumplimiento, se pide al Parlamento que se dirija al Gobierno para que lo subsane.

 

Lavandera señala que en el Estatuto se establece que la sede de Presidencia del Gobierno autónomo alternará entre ambas capitales por periodos legislativos y que el vicepresidente o vicepresidenta residirá en sede distinta a la del jefe o jefa del Ejecutivo.

 

Indica que esta disposición normativa fue desarrollada por la Ley de Sedes, donde además se recoge que las sedes de las consejerías se distribuirán entre las dos ciudades que comparten la capitalidad siguiendo el principio de equilibrio. Asimismo, se contempla textualmente que si el número de consejerías fuera par, la mitad deberá tener su sede en Santa Cruz de Tenerife y la otra mitad en Las Palmas de Gran Canaria.

 

Si el número de Consejerías fuera impar, se añade, en la capital donde en el correspondiente periodo legislativo resida el presidente tendrá su sede un número de consejerías equivalente a la mitad por defecto del total existente y el resto en la capital donde resida el vicepresidente. Se entenderá por sede de las consejerías la ciudad en la que se fije la oficina principal de despacho del consejero, que será aquella en la que se ubique la Secretaría General Técnica, su oficina presupuestaria y demás órganos de carácter horizontal del departamento.

 

Continúa el texto en la línea de que las viceconsejerías, direcciones generales y centros directivos asimilados se ubicarán en la ciudad establecida como sede de la consejería. No obstante, cuando circunstancias objetivas de tipo organizativo lo impidan, podrán ubicarse en la otra capital. En todo caso, los centros directivos que tuvieran atribuidas competencias de carácter horizontal respecto a sobre otros órganos de la administración autonómica se ubicarán en la sede de la Consejería de la que dependan orgánicamente.

 

Lavandera expone que, por su parte, la disposición adicional segunda establece que las disposiciones reglamentarias que establezcan o modifiquen sedes de consejerías, organismos autónomos y entes públicos autonómicos serán comunicadas al Parlamento de Canarias para su debate y votación, en su caso, de propuestas de resolución, conforme a las previsiones del Reglamento de la Cámara.

 

Agrega que el decreto por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias, viene a decir que en Las Palmas de Gran Canaria radicarán las sedes de las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; Sanidad; Obras Públicas y Transportes; Educación y Universidades; y de Turismo, Cultura y Deportes. En Santa Cruz de Tenerife estarán las sedes de las consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; Presidencia, Justicia e Igualdad; Hacienda; Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

 

En la Comunicación del Gobierno 9L/CG-0001 sobre las sedes y la estructura de las consejerías del Gobierno de Canarias se articula, en su apartado 1, que “(…) derivado del mandato estatutario de alternar la sede de la Presidencia y la Vicepresidencia, en la presente legislatura la Presidencia tendrá su sede en Las Palmas de Gran Canaria y la Vicepresidencia en Santa Cruz de Tenerife”.

 

Por último, los Decretos 1/2017, de 4 de enero, del Presidente, así como el Decreto 5/2017, de 4 de enero, del Presidente, vinieron a designar a Pablo Rodríguez Valido como vicepresidente (con sede oficial en Santa Cruz de Tenerife) y consejero de Obras Públicas y Transportes (con sede oficial en Las Palmas de Gran Canaria), respectivamente, sin que en ningún momento se haya comunicado a la Cámara o publicado en el BOC ningún cambio de ubicación de las sedes.

 

“Es necesario que el Gobierno explique lo que a todas luces parece un incumplimiento de la legalidad y también de la función de control político mediante valoración y posterior votación que atribuye la legislación”, subraya Iñaki Lavandera.



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