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Sucesos


La Policía ha revisado los historiales de al menos 5 pacientes del hospital de Alcalá de Henares que murieron en los últimos años tras ser atendidos por la auxiliar de enfermería detenida la semana pasada acusada de asesinar a una anciana en ese centro, para ver si sus muertes podrían estar relacionadas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe que tras la detención el pasado sábado de Beatriz L.D., de 37 años, se revisó la cámara que se había colocado en 2015 en la zona de la planta de Medicina Interna en la que trabajaba la auxiliar, tras la muerte en julio de ese año de otra anciana en extrañas circunstancias.

Al igual que en el caso de la semana pasada, en aquel la paciente octogenaria había mejorado de sus dolencias cuando empeoró repentinamente y falleció, aunque no se pudo demostrar que la auxiliar tuviera algo que ver con esa muerte, ni con otras que trabajadores y familiares de pacientes consideraron entonces “extrañas”.

Ahora, al morir presuntamente asesinada otra paciente el pasado día 2, como demostró un TAC y la autopsia hechos a esta víctima, la Policía reabrió el caso de 2015 y también ha revisado al menos otros cinco informes de pacientes fallecidos “en extrañas circunstancias” a lo largo de los últimos años en la Unidad de Medicina Interna en la que trabaja Beatriz.

Se trata de confirmar si pudieron ser asesinadas, aunque las fuentes reconocen que, al haber pasado varios años de esos casos, será “muy difícil” determinarlo y, si fuese así, sería aún difícil recabar las pruebas necesarias para incriminar a la auxiliar.

LA ACUSADA NIEGA LOS HECHOS ANTE EL JUEZ

Las fuentes destacan que la arrestada se negó a declarar ante la Policía y luego negó los hechos que se le imputan ante el juez.

Por su parte el abogado de la auxiliar, José Julián Raboso, ha dicho a Efe que su defendida “es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y ha exigido que prevalezca la presunción de inocencia, algo que en su opinión no se está respetando “al publicarse datos de una investigación que está bajo secreto”, lo que es “impropio del estado de derecho”.

El letrado considera “lamentable” el tratamiento que algunos medios de comunicación están haciendo del caso, ya que propician “un juicio paralelo en el que ya se la ha condenado”, y ha subrayado que en el perfil de su defendida en la red social Facebook, que permanece abierto, se han vertido numerosos comentarios que pueden ser objeto de denuncia por su parte.

Raboso ha confirmado que Beatriz, que permanece en prisión provisional, negó ante el juez los hechos que se le imputan y que, al ser auxiliar de enfermería, no tiene acceso a elementos como jeringuillas, con las que supuestamente habría inyectado aire en vena a las víctimas.

Fuentes del hospital de Alcalá de Henares han precisado a Efe que las auxiliares de enfermería sí tienen acceso a este material, ya que pueden acceder al almacén en el que se guardan estos y otros utensilios de trabajo.

La cámara de seguridad instalada desde el año 2015 en el hospital príncipe de Asturias de Alcalá de henares ha sido la clave para la detención de Beatriz, la auxiliar de enfermería acusada de asesinar -al menos- a un paciente.

Pero la idoneidad de colocar este dispositivo -por orden judicial- tras las sospechas que provocaron varias muertes ha provocado controversia, también en el terreno político.

Cruce de palabras en Twitter entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y José Manuel Freire, portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid.

Freire afirmaba este sábado que “la primera obligación de la Administración sanitaria es proteger a los pacientes, no obtener pruebas policiales”.

Sánchez Martos le ha acusado de intentar sacar rédito político de este caso. Recuerda que su obligación es estar junto a la policía y los jueces. Y explica que no hay que crear una alarma innecesaria sobre la seguridad y la protección de los pacientes.

Una juez fue la que ordenó colocar esa cámara en 2015. Se pidió sigilio y silencio para evitar filtraciones.

Ahora, dos años después, esa cámara ha servido para comprobar que Beatriz entró cuatro veces en la habitación de la paciente en menos de hora y media.

La auxiliar se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Alcalá Meco acusada de un delito de asesinato con alevosía y puede que no sea el único.

La policía está investigando otra muerte sospechosa que ocurrió en el centro hace dos años.

En julio de 2015 una paciente de 80 años falleció tras un empeoramiento repentino. En el estudio forense se encontró también aire en los conductos sanguíneos de la mujer.

La policía investigó el caso. En ese momento no se pudo incriminar a nadie. Ahora se investiga si estamos ante otro ángel de la muerte.

Su misión es salvar vidas, por eso, ¿qué puede llevar a un facultativo a un profesional médico a matar a un paciente?.

Placer, poder, sentir que están “aliviando” el dolor de la víctima. Beatriz, podría ser lo que los criminólogos definen como un “ángel de la muerte”.

Les contamos el caso de la enfermera Jane Toppan, quien admitió durante su proceso judicial que la muerte la excitaba sexualmente. Toppan administraba una mezcla de drogas a pacientes que escogía como víctimas, se echaba en la cama con ellos y los mantenía cerca a su cuerpo mientras morían.

En Uruguay el 18 de marzo de 2012 la justicia procesó con prisión a tres enfermeros por el homicidio de al menos 16 pacientes del Hospital Maciel y la Asociación Española.

Fuentes policiales manejan una cifra que supera las 50 muertes que en las que también podrían tener responsabilidad los enfermeros. Los implicados admitieron haberlo hecho por “piedad”, sin embargo se comprobó que varios de los fallecidos no eran pacientes terminales.

Otro ejemplo es Harold Shipman, apodado el “Doctor Muerte”, un médico inglés que hacía parecer que sus víctimas fallecían por causas naturales. Entre 1975 y 1998, asesinó a por lo menos 215 pacientes; aunque se sospecha que habría matado a 250 personas.

Un caso de un ángel de la muerte sádico fue Richard Angelo, quien ideó un plan por el cual inyectaba drogas a sus pacientes, corría a la sala a socorrerlos e intentaba “salvarlos”, con el propósito de ser considerado un héroe por la familia del paciente. Confesó haber matado a 25 de sus pacientes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un hotel de Salou (Tarragona) a G.H., nacido en Irlanda en 1982, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las autoridades de su país por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La detención se ha llevado a cabo gracias al canal de cooperación policial internacional que a nivel europeo brinda la red ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos), mediante el que se lleva a cabo el intercambio de información operativa relativa a casos de especial relevancia para los cuerpos policiales de los países integrantes de la mencionada plataforma, entre los que se encuentra la Policía Nacional Española, en calidad de socio fundador y Punto Unico de Contacto.

El equipo ENFAST de la Policía de Irlanda cursó una solicitud a la Policía Nacional con la finalidad de localizar, detener y posteriormente entregar al fugitivo. La solicitud se basaba en un registro realizado en el vehículo de G.H. en el año 2013, en el que los agentes irlandeses encontraron dos pistolas con munición real y un fardo de cocaína.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el fugitivo había abandonado territorio irlandés para dirigirse a España en mayo de 2016, haciendo uso de un pasaporte de su país de curso legal emitido bajo una identidad falsa.

Las investigaciones se centraron entonces en la provincia de Málaga debido a las vinculaciones que presuntamente tenía con algún miembro de la familia Kinahan, un grupo organizado de origen irlandés con presencia en la Costa del Sol. Las informaciones recibidas a través de la red ENFAST indicaban que podría residir en algún punto de la provincia de Málaga, si bien las gestiones realizadas para localizar el inmueble fueron negativas.

Posteriormente se averiguó que varios miembros de su familia tenían previsto realizar un viaje a Málaga en noviembre de 2016, por lo que se organizó un dispositivo de vigilancia a su llegada a suelo español gracias al que fue localizado en compañía de su familia en el aeropuerto de la ciudad.

HUIDA DESENFRENADA

En el momento de proceder a su detención, G.H. arremetió con gran violencia contra los policías intervinientes y emprendió una huida desenfrenada, cruzando a la carrera los carriles de la autopista y logrando escapar de los agentes.

A finales del pasado mes de julio se recibió una comunicación por parte de los servicios policiales irlandeses en la que situaban nuevamente a su familia en España, más concretamente en Reus.

De manera inmediata se activó un operativo policial, formado por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales y de la UDYCO de Barcelona, que logró averiguar que el fugado podría estar alojado con su familia en un establecimiento de hostelería de Salou, bajo una identidad falsa.

Los investigadores confirmaron que, como sospechaban, era la persona que estaban buscando y verificaron con las autoridades irlandesas que se trataba de una de las identidades usadas por el fugitivo para favorecer su huida y a las que tendría acceso gracias a sus conexiones con otras bandas criminales.

Una vez confirmada la identidad del sujeto se solicitó la entrada y registro a la habitación en la que se alojaba. Agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) adscritos a la Jefatura Superior de Cataluña, en una intervención coordinada con el resto de actuantes, procedieron a su arresto.

Las autoridades mexicanas y el Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado hoy la muerte de la valenciana María del Pilar Garrido, que desapareció el pasado 2 de julio en el estado de Tamaulipas, al noroeste de México, cuando viajaba en coche con su marido y su hijo.

Las autoridades mexicanas han comunicado a la Embajada de España en el país norteamericano que los restos óseos encontrados el 26 de julio en un paraje cercano al lugar del secuestro corresponden a los de Garrido, de 34 años y natural de la localidad valenciana de Massalavés.

Raquel, la hermana de Pilar Garrido, ha asegurado a EFE que, si se corrobora que es ella, “se harán otras pruebas de ADN” cuando llegue a España y ha confirmado que la madre de ambas se había trasladado a México para estar en contacto con las autoridades mexicanas.

La hermana de Pilar Garrido y el alcalde de Massalavés, Gregorio Andreu, ofrecerán a las 21.00 horas una rueda de prensa en el salón de plenos del Ayuntamiento de ese municipio valenciano.

La desaparición de Garrido, que llevaba tres años viviendo en México, tuvo lugar en la carretera Soto La Marina con dirección a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, considerado uno de los estados más violentos del país.

Según el testimonio de su marido, Jorge González Fernández, fueron interceptados por dos hombres armados tras pasar unos días en la playa junto con su hijo de un año, quienes se llevaron consigo a su esposa.

El pasado 26 de julio, durante la búsqueda de la española, la fiscalía estatal informó del hallazgo de unos restos óseos en las proximidades de la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria.

En ese momento, advirtió de que no había indicios de que se tratara de ella y que las pruebas genéticas tardarían al menos diez días.

El suceso se dio a conocer públicamente a los 15 días de la desaparición, y las primeras informaciones llegaron desde España, cuando la familia de Garrido denunció el caso.

Al no haber una petición de rescate, el estatus jurídico para la investigación fue el de “persona no localizada”, porque no se pudo considerar un secuestro.

En base a la declaración del marido, se elaboró un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores, correspondiente a un hombre entre 15 y 16 años, de complexión delgada y de tez moreno oscuro.

Tamaulipas es uno de los estados más castigados por la violencia en México. Entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de los 568 registrados en el país en los primeros cinco meses del año, según datos oficiales.

La Embajada española y el consulado general de Monterrey, el más próximo a la zona, están en contacto con la familia de Garrido y “se han puesto a su disposición para los trámites que pueda necesitar”, han señalado las fuentes.

La mujer, de 86 años, estaba a punto de ser dada de alta, según informa el País. La auxiliar está ingresada en la cárcel de Alcalá Meco mientras se aclara el caso sobre el que la Policía mantiene un absoluto mutismo. Al parecer, las investigaciones comenzaron hace exactamente una semana cuando la anciana iba a ser dada de alta. Sin embargo, repentinamente comenzó a sentirse mal y falleció en cuestión de minutos. Ante la extrañeza del cuadro médico que no encontraba indicios que justificaran la repentina recaída, se inició una minuciosa investigación a partir de la medicación facilitada en las últimas horas.

Sólo a partir de un TAC pudieron comprobar que la causa de la muerte podría estar en una burbuja de aire que se apreciaba en su corazón por lo que tomaba cuerpo la posibilidad de un posible asesinato, dando parte del suceso a la Policía. Las investigaciones e interrogatorios a médicos y enfermeras que habían estado en contacto con la paciente todas las sospechas se centraron en la enfermera, Beatriz, de 37 años, pasando a disposición del judicial.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, ingresando la auxiliar de enfermería en el módulo de mujeres de la cárcel de Alcalá-Meco. La calificación penal provisional que fundamenta el ingreso en prisión es la comisión de un presunto delito de asesinato, sin perjuicio de que esta calificación pueda variar en el transcurso de la investigación. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá tiene previsto inhibirse para que la causa se lleve desde el Juzgado de Instrucción número 4.

LA AUXILIAR VOLVIÓ AL HOSPITAL DE ALCALÁ EN MAYO TRAS UNA BAJA DE AÑO Y MEDIO

Beatriz L.D., la auxiliar de enfermería detenida por el presunto asesinato en el Hospital Príncipe de Asturias, se reincorporó hace solo tres meses a su trabajo después de una baja de año y medio. Según señalan fuentes del Hospital de Alcalá, Beatriz L.D. se había reincorporado a su puesto de trabajo en mayo de este año después de haber permanecido de baja durante un año y medio a causa de una lesión en un brazo producida por un accidente laboral.

La auxiliar, que trabajaba en el Hospital Príncipe de Asturias hacía más de una década, ocupaba una plaza de interina en el centro desde el año 2014. La mujer prestaba servicio en uno de los cuatro controles de medicina interna con que cuenta el hospital en las plantas 4 y 5, dedicadas en buena medida a funciones de geriatría, debido al perfil de la especialidad y de la población a la que atienden.

LA POLICÍA INVESTIGABA DESDE “HACE ALGUNOS MESES” POR SOSPECHAS EN EL HOSPITAL

La Policía Nacional investigó anteriormente al menos otro fallecimiento en extrañas circunstancias en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, hace dos años, en el que también habría estado relacionada B.L.D., la auxiliar acusada de haber asesinado a una paciente el pasado jueves. Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo Superior de Policía, que señalan que en esa ocasión no existieron evidencias que permitieran llegar a ninguna conclusión acerca de las circunstancias del fallecimiento, pero que el caso presentaba similitudes en algunos aspectos con el suceso del pasado jueves.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha confirmado que la Policía investigaba desde “hace algunos meses” la situación en el hospital por la “sospecha de que pudiera estar ocurriendo algo irregular”, y que pidió a su administración que se mantuviera “sigilosa” para poder avanzar en las pesquisas.

B.L.D., de 37 años, fue detenida el pasado sábado. Tras el fallecimiento de la paciente agentes del Cuerpo Nacional de Policía se entrevistaron con todo el personal de la planta. La detenida se encuentra internada en el Centro Penitenciario Madrid I de Mujeres de Alcalá de Henares después de que el pasado lunes el Juzgado de Instrucción Número 2 de la localidad determinara su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso, que está bajo el secreto de sumario

CIFUENTES SOBRE ESTE CASO “AISLADO”: “NO PUEDE GENERAR ALARMA SOCIAL”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que la detención de esta auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá de Henares es un hecho “grave” pero se trata de “un caso aislado” que no puede generar “alarma” ni “desconfianza” en la ciudadanía. En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de entrega de llaves a los nuevos inquilinos de 140 viviendas de protección pública en régimen de alquiler en Alcorcón, Cifuentes ha indicado que no puede ofrecer muchos datos porque hay una investigación policial que “dura ya algún tiempo”. De hecho, ha comentado que las primeras sospechas se remontan desde hace “meses”.

En este punto, Cifuentes ha añadido que desde el “primer momento” la Consejería de Sanidad ha colaborado con la Policía de forma “muy estrecha” y que ello precisamente “ha permitido llegar a una detención”, en referencia a la auxiliar de enfermería que se encuentra ya en prisión provisional.

Sobre este suceso, Cifuentes ha dicho que la investigación policial tiene que ser completada y también se debe desarrollar la investigación judicial. Por ello, espera que la resolución de este caso se produzca “cuanto antes” y si la persona detenida fuera responsable de la muerte de esta paciente o de “otra persona más”, confía en que la Justicia actúe “con toda la fuerza que tenga que haber”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que todas las actuaciones que ha emprendido la Consejería de Sanidad han sido a indicación de la Policía y que precisamente se pidió discreción para poder acometer las pesquisas de investigación.

Preguntada sobre si habría que realizar algún examen psicológico a los profesionales sanitarios, Cifuentes ha señalado que esta detención es un “caso aislado” que no puede generar “alarma social” ni “desconfianza” en la “magnífica” sanidad madrileña. En este sentido y tras recordar otro hecho aislado como el caso de la facultativa Noelia de Mingo, ha comentado que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid es uno de los mejores del mundo precisamente por sus profesionales sanitarios, que tienen que pasar una “oposición”, “hacer entrevistas” y pruebas “psicotécnicas”. “No es anecdótico, es un tema grave pero es un caso aislado. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos porque los profesionales sanitarios dan un magnífico servicio”, ha remachado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada al cultivo y exportación de marihuana a Reino Unido, a través de empresas de mensajería, con 31 detenidos, la mayor parte de origen chino, y la incautación de 30.000 plantas de marihuana repartidas en 15 plantaciones de interior (indoor).

Se trata de una operación conjunta de ambos cuerpos con funcionarios de la Agencia Tributaria, en la que se han practicado 21 registros simultáneos en naves industriales y casas de lujo repartidas en 8 provincias -Vizcaya, Burgos, Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Madrid y Guadalajara- que se acondicionaban para instalar los cultivos.

En la fase previa de la operación, los agentes intervinieron 6.500 plantas en dos viviendas y una nave industrial, y se incautaron de 36.700 gramos de marihuana listos para el consumo. Más adelante, ya durante la operación en sí, aprehendieron 22.000 plantas de marihuana, 45.000 euros, una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros, 92 cartuchos del mismo calibre y una máquina contadora de dinero.

En total, han sido detenidas 31 personas, incluyendo a uno de los principales líderes de la banda, que se encontraba en Sevilla, por presuntos delitos contra la salud pública, fraude del fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

La red se servía de documentación robada para adquirir vehículos, contratos de alquiler y de luz, lo que dificultaba su identificación, y tenían tareas definidas dentro de la banda, entre ellas, conseguidores, montadores, cultivadores y cuidadores”.

Los llamados conseguidores se encargaban de localizar y alquilar chalés y naves aislados, con poca actividad, mientras que los “montadores” acondicionaban las plantaciones en pocos días para evitar llamar la atención.

Por su parte, los cultivadores se encargaban de adquirir las semillas, macetas y demás material necesario para el cultivo. En el eslabón más bajo de la organización se situaban los cuidadores, quienes custodiaban y evitaban el robo de las plantas, por lo que durante todo el proceso permanecían en los inmuebles sin abandonarlos.

La organización planeaba ir sustituyendo en esa tarea a los ciudadanos chinos por vietnamitas y de hecho dos de los 31 detenidos son de esa nacionalidad. La red contaba además con su propio sistema de seguridad: ciudadanos de nacionalidad ucraniana, dotados de armas de fuego, para evitar ataques de bandas rivales.

También tenía una extensa red de colaboradores que distribuían la droga a través de empresas de mensajería, en paquetes que no superaban los 15 kilogramos. Además, utilizaban una correduría de seguros, que cubría las pérdidas ocasionadas por las intervenciones policiales de los envíos a cambio de una remuneración pactada previamente.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Area de Investigación de Rivas Vaciamadrid, han desmantelado una organización criminal especializada en butrones y alunizajes a los que se le imputa una treintena de robos perpetrados en Madrid, Burgos, Toledo, Valencia, Zamora, Cuenca y Avila.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, se ha detenido a 17 personas que suman más de 100 antecedentes por hecos delictivos y se ha investigado a dos más en el marco de la operación denominada ‘Napoli’.

Para sus atracos, utilizaban vehículos de alta gama que robaban previamente y varios de los integrantes detenidos tenían “gran destreza” en el uso de la lanza térmica para abrir cajas fuertes y en la manipulación de sistemas de seguridad.

Los integrantes de este grupo tomaban “exhaustivas medidas de seguridad” y en el momento de su detención estaban asentados en barrios de la periferia de Madrid y en la provincia de Toledo, cambiando de vivienda con asiduidad, así como de vehículo para evitar ser detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación tuvo su origen el pasado mes de octubre tras cometerse un robo en tienda de telefonía móvil de la localidad de Rivas Vaciamadrid, haciéndose cargo de la investigación agentes pertenecientes al Puesto de la misma localidad.

El grupo investigado se trasladaba hasta las diferentes localidades donde realizaban un estudio “pormenorizado” del lugar donde perpetrarían el robo, decantándose por tiendas de telefonía móvil y donde utilizaban para la comisión de los robos vehículos de alta gama ,que habían sustraído previamente.

Entre los integrantes del grupo destaca la presencia de varios individuos con “gran destreza” en la apertura de cajas fuertes, y en el uso de lanza térmica así como, en la manipulación de los sistemas de seguridad.

CONDUCCION PELIGROSA PARA HUIR DE LOS AGENTES

En sus desplazamientos este grupo se caracteriza por su “peligrosidad”, ya que en el caso de ser sorprendidos por unidades policiales emprendían la huída a alta velocidad en vehículos de gran cilindrada, no dudando en “embestir” a los agentes, y provocando un gran riesgo para los usuarios de las vías.

Además no dudaban en utilizar la conducción “temeraria” como método disuasorio para evitar que las Fuerzas de Seguridad detectaran el vehículo cargado con el material sustraído, sacrificando así a alguno de los miembros de la banda que sabían que tras ser detenidos por esta causa, serían puestos en libertad

Una vez fueron identificados todos los integrantes del grupo, se lograron ubicar seis domicilios, procediéndose a su detención, en el barrio de Usera-Villaverde de Madrid y en la localidad toledana de Seseña. Los 17 detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años que suman más de 100 antecedentes, imputándoseles 32 hechos delictivos, robo con fuerza, robo de vehículos y atentado contra agentes de la autoridad.

El hombre de 35 años detenido en San Martín de la Vega tras intentar secuestrar a dos hermanos de 7 y 8 años, declara en el Juzgado número 1 de Valdemoro, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. El detenido pudo haber actuado bajo los efectos de las drogas. Del mismo modo, la magistrada María José González, titular de dicho juzgado, interrogará también a la abuela y los vecinos que le persiguieron.

Los hechos tuvieron lugar a las 23.30 horas en este municipio al sur de la capital cuando los menores paseaban acompañados de su abuela en la rotonda del Quiñón. El arrestado, vecino de la localidad, se acercó y separó a la fuerza a los hermanos para llevárselos consigo.

Según explica un testigo de los hechos, unos viandantes pudieron, alertados por la abuela, arrebatarle a los menores. También se alertó a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se personaran en la zona. Al parecer y cuando pretendía huir del lugar, el presunto secuestrador pegó y amenazó a diversos peatones.

Fuentes del Instituto Armado explican que el detenido por intento de secuestro permanece en dependencia de la Guardia Civil hasta su puesta a disposición judicial. El hombre arrestado tiene antecedentes por atentado contra agente de la autoridad y no hay relación familiar con los menores que intentó raptar.

COLABORACION CIUDADANA, CLAVE EN LA DETENCION

El Consistorio de la localidad ha agradecido en un comunicado la colaboración de los vecinos del municipio, quienes mediante su implicación avisando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Local y la Guardia Civil se pudo detener en una “rápida actuación” a este hombre por un delito de agresiones en la vía pública así como de otro por un delito de violencia de género.

Desde el Ayuntamiento han resaltado “tanto la conciencia ciudadana en su colaboración para prevenir estas situaciones, así como la rápida actuación policial que ha posibilitado su detención”. “El autor fue inmediatamente detenido, trasladado a los calabozos del Cuartel de la Guardia Civil donde se encuentra a la espera de juicio, mientras concluyen la investigación”, expresa el Consistorio en este comunicado.

Además de estos hechos se le imputará un delito de atentado contra la autoridad, al haber agredido a los agentes que procedieron a su detención. Asimismo, se está investigando el intento de secuestro de alguno de los menores, tal y como apuntan todos los indicios.

La Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía Local de San Martín de la Vega ha detenido esta pasada madrugada en ésta localidad madrileña a un hombre por presuntamente intentar secuestrar a un menor de unos seis años.

Según han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press, recibieron una llamada en la que les alertaban de un intento de secuestro.

El presunto autor fue identificado y se procedió a su detención. Se le imputa tanto intento de secuestro como otros hechos delictivos.

Tal y como ha relatado un testigo a Europa Press, el intento de secuestro se produjo en torno a la medianoche en la rotonda del Quiñón. Según este testimonio, el menor iba acompañado de su abuela. Un hombre se aproximó a ellos y separó al menor para llevárselo consigo.

Sin embargo, según este mismo testimonio, unos viandantes pudieron, alertados por la abuela, arrebatarle al menor. Al parecer, en su huida, el presunto secuestrador pegó y amenazó a diversos peatones.

La Guardia Civil se encuentra instruyendo diligencias.