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La Comunidad de Madrid ha atendido ya con los nuevos antivirales de acción directa a 16.564 pacientes de los 18.000 diagnosticados de hepatitis C en la región, el 92%, y se sitúa a la vanguardia de España con la publicación del “Libro Blanco de la Hepatitis C”, elaborado conjuntamente por médicos y afectados.

La sanidad madrileña ha invertido 290 millones de euros en adquirir las medicinas y ya atiende a pacientes en todos los estadios de la enfermedad, desde la fase inicial (F0) a la fase más avanzada de fibrosis del hígado (F4), ha explicado hoy el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos.

El Libro Blanco presentado hoy supone “un hito mundial; es la primera en el mundo que una región sanitaria” realiza este trabajo elaborado entre los especialistas médicos, las asociaciones de pacientes y representantes de la Administración, integrantes del Observatorio regional de Seguimiento de la hepatitis C.

“Es un hito mundial, es la primera vez en el mundo que una región sanitaria presenta un Libro Blanco de esta enfermedad”, según el consejero para quien Madrid ha ejercido de “punta de lanza en España” al ser la primera región en universalizar el tratamiento, y ha llamado a seguir trabajando para erradicar la enfermedad.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha advertido hoy de que el aumento de jóvenes fallecidos entre 15 y 24 años en un 16 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 198 en 2016, revela la necesidad de impulsar la educación vial en los colegios y su coordinación con las autoescuelas. En rueda de prensa ha planteado también reforzar la formación para la obtención del permiso de conducir y actuaciones encaminadas a la concienciación vial en el marco de una estrategia o plan nacional y ha recordado que jóvenes con 15 años ya pueden acceder a conducir ciclomotores.

Ha recordado que desde 2011 no se conocían unas cifras similares de jóvenes fallecidos en las carreteras y ha señalado que además de los citados 198 jóvenes muertos en 2016 hay que sumar otros 1.500 ingresados en hospitales y 23.000 heridos. Vargas ha facilitado datos estadísticos de 2016, que según ha subrayado “ha supuesto un repunte de la siniestralidad con un incremento del 7 por ciento, de tal forma que el número de fallecidos han pasado de 1.689 en 2015 a 1.810 en 2006, el de accidentes con víctimas de 97.756 a 102.362 y el de heridos con ingreso hospitalario de 9.495 a 9.755.

Ha lamentado que no parece este año se esté invirtiendo esta tendencia pues desde el 1 de enero hasta el pasado día 23 habían muerto ya en las carreteras españolas 641 personas frente a las 629 del mismo periodo del pasado ejercicio. Bartolomé Vargas ha subrayado que las salidas de la vía se han constituido en 2016 en la primera causa de los fallecimientos, en concreto 601, un 33 por ciento del total, que los procedimientos sancionadores administrativos por distracción y uso del móvil alcanzaron la cifra de 117.921 y que la velocidad inadecuada concurre en el 29 por ciento de los accidentes.

Para el fiscal estos datos llevan a la conclusión de que “la prisa y la tensión psicológica con la que se conduce son trasunto de la aceleración con la que se vive en la sociedad, el exceso de velocidad consiguiente, la fatiga, el sueño, la utilización del móvil y la distracción concomitante, principalísimas causas de la siniestralidad que están omnipresentes en nuestras carreteras”. “Además, la influencia de las drogas y del alcohol es evidente en la conducción, está en las estadísticas en un 12 por ciento, y de 66.000 controles de drogas hay un 30 por ciento positivos”.

Por ello ha estimado que “hay que concienciar a todos pero especialmente a los jóvenes, dado el repunte que han sufrido en la siniestralidad, y explicarles que no deben consumir alcohol ni drogas y que han de conducir respetando las normas”. Ha aclarado que lo más complejo es “probar la influencia de las drogas porque el fiscal debe velar por las garantías del procedimiento y por ello dirige un número de acusaciones más reducido en esta materia que en alcoholemia pero está al tanto y promueve esas investigaciones”.

Vargas ha destacado que en 2016 se dictaron 80.831 sentencias de condena por delitos viales de peligro, el 32 por ciento de todas las emitidas por los tribunales por toda clase de causas penales, lo que supone que aproximadamente una de cada tres sentencias condenatorias lo ha sido por delitos contra la seguridad vial. Casi el 90 por ciento de las condenas por delitos viales fueron dictadas de conformidad y en un porcentaje muy alto con cumplimiento inmediato de las 55.148 penas de privación del derecho a conducir y un pronto cumplimiento de buena parte de la 50.000 multas y 27.954 penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Bartolomé Vargas ha dado instrucciones a fiscales y agentes de tráfico para perseguir los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, castigados con penas de hasta cuatro y tres años de prisión respectivamente. Ha explicado que se trata de incidir en la investigación y castigo de los adelantamientos con grave vulneración de las prohibiciones, los excesos de velocidad, la marcha atrás en autopistas y autovías y no detenerse en la señal de stop o ante un semáforo en rojo.

Asimismo las vulneraciones graves a los deberes de precaución con los colectivos vulnerables como los menores, las personas de la tercera edad, los discapacitados, los peatones y los ciclistas. Sobre los ciclistas ha comentado que sufren conducciones temerarias de “conductores insolidarios que no han procesado debidamente que son parte de la circulación y que los ven como una molestia, pero los ciclistas son indispensables y han venido para quedarse”. Según los datos facilitados hoy por la Fiscalía en 2016 murieron 67 ciclistas, 343 motoristas y 389 peatones frente a los 58, 329 y 367 registrados en 2015 respectivamente.

Casi 320.000 personas dependientes continúan en lista de espera en España a la espera de recibir prestaciones o servicios sociales mientras que cada día fallecen cerca de 100 dependientes sin recibir estas ayudas, según algunas conclusiones del ‘Informe del Observatorio de la Dependencia’ correspondiente al primer semestre de 2017, presentado este jueves.

Según explicó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio de Dependencia, José Manuel Ramírez Navarro, “este Informe analiza los datos oficiales de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en este periodo, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio”.

Este Informe destacó que a 30 de junio de 2017, un total de 898.243 personas fueron atendidas siendo el número total de dependientes reconocidos de 1.217.355. La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Según este estudio, el esfuerzo de las Comunidades Autónomas consiguió el aumento, en los dos últimos años, del número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.

Además, el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 euros al mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 euros al mes y 177,86 euros al mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa, según destacó este Informe.

LA AYUDA LLEGA DEMASIADO TARDE

A este respecto, el presidente del Observatorio de la Dependencia destacó que “la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley”.

Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

VARIOS AÑOS PARA ACABAR CON LAS LISTAS DE ESPERA

El Informe destacó que “resulta preocupante que, aun reconociendo el cambio de tendencia, de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía”. Además, del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando “como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa”.

A todo ello se añade que mientras casi 120.000 grandes dependientes o dependientes severos, que son los que requieren mayor atención y con mayor urgencia, “la tendencia para la atención residencial es a la baja”, e incluso en los primeros seis meses de 2017 se observa una pérdida de 370 prestaciones. “Ello hace que la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en el primer semestre de 2017”.

Por lo tanto, el empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) “se estaría frenando en torno a los 200.000, y el número de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017”.

Según el Observatorio de la Dependencia, en el primer semestre de este año el coste del Sistema ascendió a 3.700 millones de euros, es decir, solo 86 millones más que en el semestre anterior. El copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones. La financiación finalista de la AGE en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente.

Algunos de los principales fuegos registrados en el sureste de Francia, que obligaron ayer a la evacuación de unas 12.000 personas, incluidos 3.000 campistas, han sido estabilizados, indicaron hoy los medios franceses.

En Bormes les Mimosas, donde se registró el foco más virulento de los últimos días, que arrasó 1.700 hectáreas, el fuego no ha avanzado durante la noche, pero todavía quedan “puntos calientes”, informa el diario “Le Dauphiné Liberé”.

El alcalde de ese municipio del departamento meridional de Var, François Arizzi, señaló en la cadena “BFM TV” que está optimista y confía en que la gente pueda volver hoy a su residencia o lugar de vacaciones.

En Martigues, el incendio que ponía en peligro la población de Carro ya ha sido controlado, mientras que en Artigues las llamas todavía no han cesado.

Los fuertes vientos, la sequía y el calor se encuentran detrás de una oleada de incendios que han devorado más de 7.000 hectáreas de vegetación, la mitad de ellas en el departamento de Var.

Las autoridades judiciales han abierto una investigación para saber si esos fuegos tienen o no un origen criminal.

La Federación Nacional de Bomberos de Francia (FNSPF) ha destacado esta semana que más de 5.300 bomberos están movilizados, “muchos de ellos implicados desde hace días e incluso semanas”, pero ha reclamado que el refuerzo puntual de medios para controlar estos fuegos se traduzca en un mayor apoyo en su actividad cotidiana.

Un amplio dispositivo integrado por vecinos y fuerzas de seguridad busca desde última hora de este miércoles en la localidad malagueña de Pizarra a Lucía, una niña de tres años desaparecida mientras cenaba con sus padres en la terraza de un restaurante.

Según informa la Guardia Civil en su perfil de Twitter, la pequeña llevaba un vestido de rayas y fue vista por última vez en la explanada de la estación de tren donde se encontraba con sus padres. El alcalde de Pizarra, Félix Lozano, ha explicado que los primeros avisos de la desaparición se recibieron sobre las 23,20 horas, cuando la menor “fue perdida de vista en apenas dos minutos” por sus padres, que rápidamente empezaron a buscarla sin éxito en las inmediaciones del bar donde estaban junto a otros familiares.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Lozano ha destacado que “el pueblo se ha volcado desde el principio” en la búsqueda de Lucía, en la que han participado de la noche cientos de vecinos junto a efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Según el alcalde, las primeras batidas se centraron en las inmediaciones de la estación de tren y se reforzarán desde primeras horas de esta mañana distribuidas en seis equipos integrados por vecinos y miembros de los cuerpos de seguridad.

La representante legal de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que un Juzgado ha ordenado la entrega este miércoles de sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla, afirma que “desconoce su paradero” y “qué va a hacer con los niños” minutos después de que se haya cumplido el plazo para que los entregue, como ha ordenado la jueza, con el objetivo de que regresen con él a Italia, donde tienen fijada su “residencia habitual”.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada había fijado la entrega de los menores para las 16,30 horas de este miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberían ser llevados por la madre a fin de que sean entregados al progenitor, según consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, pasado ese plazo sin que Rivas haya comparecido con los menores en el punto de encuentro, su abogada, María Castillo, ha reconocido en declaraciones a los periodistas desconocer dónde se encuentra si ha abandonado o no el municipio de Maracena con los niños o cuáles son sus intenciones, puesto que de hecho no tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.

El padre de los menores, desplazado desde Italia esta tarde hasta el punto en el que debían entregarle a sus hijos y que denunció la sustracción de los niños, lo ha abandonado sobre las 16.50 horas, veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre.

Desde el Punto de Encuentro Familiar, dependiente de la Junta de Andalucía, han indicado que pondrán en conocimiento de la juez que no se ha producido el intercambio fijado.

APOYO DEL DEFENSOR DEL MENOR

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que “seguirá trabajando” en la queja presentada ante la institución por el caso de Juana Rivas, la mujer maltratada de Maracena (Granada) que por orden judicial tiene que entregar a sus dos hijos de once y tres años al padre para que regresen a Italia, al tiempo que asegura que “hará todo lo posible” para que estos niños “estén en un clima de no violencia”.

En declaraciones a Europa Press, Maeztu señala que, como Defensor del Menor, “no puede invadir la competencia de los tribunales”, en referencia a la orden del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada que la obliga a entregar a sus hijos a su progenitor, porque “las sentencias hay que cumplirlas”, lo que “no quiere decir que la batalla esté perdida, e insiste en que “seguirán colaborando y ayudando en pro de los niños”.

Un hombre de 35 años ha herido a su expareja y a la madre de esta después de dispararles varios tiros con una escopeta en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. Posteriormente, se ha quitado la vida, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos han ocurrido sobre las 15.32 horas de este miércoles, cuando un varón de 35 años, vecino de Tavernes, ha efectuado diversos disparos con una escopeta, que han causado heridas a su exmujer y a la madre de esta.

Tras el ataque, el agresor se ha quitado la vida de un disparo, según las mismas fuentes.

Es un trámite necesario, pero que a menudo acaba con la paciencia de los pasajeros. Son los controles fronterizos. Ahora se han logrado reducir los tiempos de espera a sólo 20 segundos. La Policía Nacional ha presentado este miércolas su nueva campaña en redes sociales para potenciar el uso del ABC System, un sistema automático de identificación y verificación de documentos que permitirá a los ciudadanos de la Unión Europea cruzar la frontera de los aeropuertos españoles en menos de 20 segundos.

En una rueda de prensa, el comisario jefe del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Fernando Moré, ha presentado esta iniciativa que pretende ofrecer una solución a las largas colas que se han venido produciendo durante el último mes y reforzar la seguridad ante la amenaza terrorista.

Para ello, el ABC System cuenta con un doble mecanismo de comprobación biométrica que identificará la cara y la huella dactilar del pasajero, así como la autenticidad de su documento de identidad. Su uso está destinado a ciudadanos europeos mayores de edad que cuenten con un pasaporte o un documento nacional de identidad en vigor que entren a España desde fuera del espacio Schegen.

En lo que va de año, según los datos ofrecidos por el comisario, 34 millones de pasajeros han tenido que realizar el control de pasaportes en alguno de los aeropuertos españoles, de los cuales un millón y medio de ellos ya ha utilizado estas cabinas automatizadas.

El objetivo, ha continuado, es “aumentar la seguridad, que está directamente reñida con la velocidad” por ello se hace necesario implementar el uso de las nuevas tecnologías, ya que la policía “es un recurso limitado que actualmente cuenta con únicamente 500 efectivos para todo el aeropuerto de Barajas”.

Esta medida se encuadra dentro del nuevo reglamento aprobado por los países del espacio Schegen, que obliga a todos los Estados miembros a realizar controles sistemáticos de todas las personas, tanto a la entrada como a la salida.

La Policía Nacional cuenta ya con más de 100 cabinas habilitadas con el ABC System en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Girona, La Línea, Palma de Mallorca y Algeciras, donde se registra el 80 % del volumen total de pasajeros que llegan a España.

Por último, tanto el responsable policial de Barajas como otros agentes del servicio de fronteras y representantes de AENA que le han acompañado durante la rueda de prensa han indicado que este sistema ya está en vigor desde 2012, pero su uso ha sido mínimo, por lo que buscan darlo a conocer ante los ciudadanos con la campaña en redes sociales.

PIERDEN SU VUELO EN BARCELONA POR LAS COLAS LOS CONTROLES DE SEGURIDAD

De haber contado con el ABC System las decenas de pasajeros no habrían perdido su vuelo este miércoles por las colas que se han formado a primera hora y a media mañana en los controles de seguridad de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por el conflicto laboral en la empresa encargada del servicio, Eulen. Es el caso de Ascensión, que tras unos días de vacaciones en Barcelona regresaba a Bilbao: “Una hora y media esperando para pasar seguridad; se va el vuelo, nos hacen dar mil vueltas… y esta tarde tenía que empezar a trabajar y no empezaré”.

Marco viajaba a Italia para pasar allí diez días de vacaciones, y ahora todo apunta a que tendrá que esperar al sábado para volar: “Pierdo mis vacaciones, el hotel, las reservas… ¿todo esto quién lo paga?”, se preguntaba. Los dos viajaban con Vueling, y se han mostrado aliviados cuando la compañía les ha anunciado que les cambiará el vuelo sin ningún coste adicional.

La indignación ha dominado el ambiente, sobre todo entre las 10.00 y las 11.00 horas, cuando las colas han desbordado la terminal T1 y las filas de usuarios que esperaban se han ramificado por toda la instalación.

Tanto las aerolíneas como Aena, mediante carteles informativos en las pantallas donde salen los horarios y las puertas de embarque, recomiendan a los pasajeros que vayan con más antelación de la habitual a El Prat para evitar que posibles colas en los controles de seguridad les hagan perder el vuelo.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han estrenado hoy nuevos sistemas de inteligencia artificial, pioneros en el mundo, que permiten rastrear y analizar de forma instantánea archivos incautados en operaciones policiales, especialmente contra la explotación y la pornografía infantil.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, han presidido el acto de entrega de los nuevos equipos de detección de delitos electrónicos en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) de Madrid.

Estas herramientas, desarrolladas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), consisten en sistemas de inteligencia artificial que permiten detectar rostros infantiles o estimar la edad y el género de las personas que aparecen en los archivos incautados en registros a supuestos pedófilos.

Una vez recopilada la información incluida en los dispositivos registrados, el propio sistema establece una escala de prioridades para que los agentes puedan identificar con mayor facilidad los contenidos de más importancia delictiva. “Antes se hacía una búsqueda manual, más lenta, en la que, quizá, no encontrabas nada, mientras que ahora es más sistemático, más rápido y se encuentra todo lo que estamos buscando”, ha explicado uno de los guardias civiles responsables de los nuevos equipos.

Durante el acto, Zoido ha recordado que los ataques en el ciberespacio son ya la tercera actividad criminal más lucrativa en el mundo y que, según Europol, “cada día más de un millón de personas son víctimas del cibercrimen”. El ministro ha incidido en que estos equipos, a pesar de que su aplicación está enfocada a los delitos de pornografía y explotación infantil, también permiten perseguir “actividades particularmente preocupantes” en la red, como el juego de la “ballena azul” que incitan al suicidio entre los jóvenes.

Por su parte, Álvaro Nadal ha subrayado que se trata de “un proyecto pionero en el mundo, en el que por primera vez tenemos una herramienta rápida que puede hacer análisis forenses de manera inmediata”. También ha resaltado que estos nuevos equipos cuentan ya con “las ventajas de la inteligencia artificial, con sistemas que mejoran cuanto más se usan y a los que se le ha enseñado a aprender”.

La falta de agua en Italia, una alerta por sequía, afecta a dos terceras partes de la superficie cultivable del país donde 10 regiones han pedido el reconocimiento de “estado de calamidad” y las pérdidas en agricultura y ganadería alcanzan los 2.000 millones de euros.

En la capital, Roma, ya se plantean cortes en el suministro y el mismo Vaticano ha cortado el agua de las fuentes ante la escasez de agua que sufre la ciudad. De momento, el gobierno de la región del Lazio ha anunciado que no permitirá tomar más agua del lago de Bracciano.

“La sequía está afectando a la ciudad de Roma y los alrededores de la capital y la Santa Sede también ha tomado medidas para ahorrar agua. Por esta razón, el gobierno de la Ciudad del Vaticano ha decidido cortar el agua de todas las fuentes, tanto las externas situadas en la plaza de San Pedro como las internas ubicadas en los Jardines del Vaticano y en el territorio del Estado”, ha informado Radio Vaticana.

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ha convocado este martes una reunión con el presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, y representantes de la empresa de suministro ACEA para intentar lograr una solución y evitar los cortes de agua en los próximos día.

La empresa encargada del suministro de agua a la capital, ACEA, ha advertido en un comunicado de que “la reducción drástica de la entrada de agua al suministro de agua de la capital nos obligará a poner en marcha un cambios drásticos en la oferta”. Entre esas medidas podría estar el racionamiento o el corte de agua para millones de romanos.