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El alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, se negó este martes a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña por anunciar que dará apoyo al referéndum de independencia convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y anulado por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre.

Así lo explicó Solsona, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Fiscalía, a la que acusó de “extralimitarse de sus competencias” al citarle y ser un órgano “politizado”.

Solsona es uno de los más de 700 primeros ediles que ya han expresado su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta, una actuación expresamente prohibida por el alto tribunal. Si desoyen esta orden del Constitucional podrían incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Sólo este último delito está castigado con penas de cárcel de hasta ocho años.

Solsona explicó que estuvo en la Fiscalía durante media hora y que intentó sin éxito explicar los motivos por los que se negaba a declarar, al tiempo que dejó claro que “votar no es delito, no está tipificado en ningún sitio que participar en un referéndum sea ilegal”.

Dijo “no tener miedo” a las consecuencias legales que se deriven de su apoyo al referéndum y aseveró que al igual que se pide derecho a la ley, la justicia y las instituciones, también exigió que se respete su derecho a no declarar ante la Fiscalía. De hecho, retó a que se abra “una causa” a los alcaldes que apoyan el referéndum si se considera que han incurrido en un delito.

Preguntado por si temía ser encarcelado por su apoyo a la consulta, afirmó que “sólo soy alcalde y tengo un compromiso: que la gente pueda votar”. “Las consecuencias que haya, las habrá”, remachó.

ARROPADO POR FORCADELL Y MEDIO CENTENAR DE VECINOS

El alcalde de Mollerussa (Lérida) y diputado en el Parlamento catalán, Marc Solsona, comparecía ante la Fiscalía del TSJC en su condición de aforado, estuvo arropado por medio centenar de sus convecinos, por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por varios diputados del PDeCAT que le esperaban a la puerta de la sede judicial coreando “queremos votar”.

También estaba citado este martes el alcalde de Oliana (Lérida), Miquel Sala, que ha sido uno de los primeros en acudir a los juzgados de la Seu d Urgell y también se ha negado a prestar declaración.

En esa misma sede judicial han comparecido el alcalde de La Seu d Urgell, Albert Batalla, y los presidentes de los consejos comarcales del Alt Urgell y el Alta Ribagor a, siguiendo la misma pauta de guardar silencio. También se ha mantenido en silencio el edil del Pont de Suert, José Antonio Troguet.

El miércoles también declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña como aforados que son, el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el TSJC investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

El presidente de la cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, advirtió este martes de que en estos momentos “no es normal una decisión de inversión en Cataluña” porque las empresas están esperando a conocer como concluye el reto independentista.

Así se expresó Bonet en unas declaraciones tras la reunión ejecutiva del organismo cameral que aprobó una declaración institucional sobre este proceso, donde, sin embargo, consideró que “de momento no ha habido unos daños graves” por esta situación porque “la gente no se ha creído que esto fuera a progresar”.

En esta línea, el propio Bonet explicó que “esta hipotética situación yo creo que no se va a producir porque si se llegase a la independencia sería una catástrofe para Cataluña, para España e incluso para Europa”.

En cuanto a la actuación del Gobierno de España, afirmó que “está acertando hasta aquí en la actuación proporcionada frente a los distintos actos que se van produciendo en el proceso”.

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, defendió que el Ejecutivo de Rajoy “puede llegar al último resorte según se vayan produciendo los acontecimientos”.

En la declaración institucional, las cámaras sostienen que “Cataluña es una parte fundamental de España y debe seguir siéndolo”.

Por ello, añaden que “España ni quiere ni debe prescindir de Cataluña, porque constituye una pieza fundamental en su engranaje político, económico y social. Nos unen estrechos lazos históricos, culturales, sociales, económicos y personales que no se pueden soslayar”.

Asimismo, defienden que “la pertenencia a Cataluña no excluye, sino que incluye la pertenencia a España, como incluye la pertenencia a Europa” y que “son realidades que pueden, y deben, coexistir”.

Por último, concluyen que “en una democracia tiene que prevalecer el orden constitucional y legal vigente, incluyendo la legislación autonómica, por tanto no se dan las condiciones legales, políticas ni sociales para considerar lo que pueda suceder el próximo 1 de octubre como una consulta vinculante sobre la independencia de Cataluña”.

La Guardia Civil ha lanzado un operativo a primera hora de este martes contra la presunta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Girona a través de la empresa municipal del agua, en una investigación que afecta a la etapa en la que era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El dispositivo está coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga esta trama desde 2016. El juez investiga la gestión del suministro de agua y alcantarillado de esta localidad, en una derivada del caso del 3%, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha realizado un total de 15 registros a primera hora de este martes en Girona en el marco de la operación ‘Aquarium’, en la que investigan los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua, en una investigación que afecta a la etapa en la que era alcalde de la localidad el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Las pesquisas se centran en las empresas Girona y Agissa, la empresa que gestiona el agua de Girona, Sarrià de Ter y Salt y que está participada por los tres ayuntamientos y empresas privadas.

La causa se abrió hace más de un año a partir de una denuncia de la CUP contra el que era consejero delegado de la empresa mixta Aig~es de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) Narcís Piferrer, por un presunto delito de apropiación indebida.

Según fuentes de la investigación, estas supuestas irregularidades comenzaron cuando el socialista Joaquim Nadal era alcalde de Girona y continuaron durante la Alcaldía del ahora presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Guardia Civil está registrando desde primera hora de este martes la sede de Unipost en Terrassa, situada en la calle Mare de Déu dels Ángels, para buscar supuestamente material vinculado con el referéndum del 1 de octubre.

Así lo han detallado fuentes de la empresa de mensajería a Europa Press, que han asegurado que varios agentes se han personado en el establecimiento y que están revisando el interior de las instalaciones.

Este operativo de la Guardia Civil en Unipost de la ciudad se ha sumado a otro que ha llevado a cabo en otra sede de la compañía, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

CUELGAN CARTELES FALSOS DE CS, PSC Y PP

Varias localidades catalanas han amanecido con carteles falsos de Cs, el PSC y el PP a favor de votar ‘no’ en el referéndum del 1 de octubre, en el marco de una campaña para incentivar la participación.

Según fuentes socialistas, el PSC llevará este martes a la Fiscalía “la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima”: el posicionamiento del partido es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

En el cartel del PSC puede leerse ‘Vota ‘no’ y construyamos una nueva España’; en el de Cs, ‘Vota ‘no’. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores’, y en el del PP, ‘Por España, vota ‘no”.

Unidos Podemos lleva a debate este martes, en el Pleno del Congreso, la ley contra la discriminación de las personas LGTBI, y que cuenta, entre sus principales novedades, la “despatologización” de la transexualidad. El texto presentado, impulsado por la Federación que representa al colectivo LGTBI y firmado por la mayoría de los partidos de la oposición durante su registro en la Cámara Baja, también aboga por la creación de un centro de memoria histórica LGTBI con el que se pretende poner a estas personas en primera línea de la historia.

El documento registrado también contempla la constitución de varios órganos para garantizar el cumplimiento de la Ley. Entre ellos, se encuentra el Consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género que debe ser independiente al Gobierno.

De hecho, la función que se plantea de este consejo es remitir al Ejecutivo y a las comunidades autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la implantación de la norma, destacando la efectividad de la aplicación de las normas y la carencia en su implementación, entre otras funciones.

ACCESO A TECNICAS DE REPRODUCCION

La ley también recoge la creación de una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que servirá para “coordinar la ejecución en el ámbito de políticas LGTBI con los distintos organismos públicos”.

Del mismo modo, se contempla el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos con este tratamiento independientemente de su orientación sexual, así como que se garantice la atención sanitaria sin discriminación a las personas transexuales y transgénero, que se regirá por la autodeterminación de la identidad de género.

Además, recoge que se adoptarán los mecanismos necesarios para que la documentación administrativa y los formularios médicos se adecuen a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI.

ESPERAN EL APOYO DE LA MAYORIA

Durante la presentación del texto, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, reconoció que la propuesta de ley es fruto del trabajo de la sociedad civil y de las asociaciones que trabajan con los colectivos LGTBI. “Nosotros sólo hemos canalizado este trabajo”, declaró.

Por este motivo, Montero espera contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara para iniciar la tramitación de este texto. “Asumimos que nadie se opondrá al trámite parlamentario, aunque luego en el proceso de enmiendas se pueda cambiar el texto”, concluyó.

La Guardia Civil ha detenido este martes en Lleida a un hombre de 25 años, de nacionalidad paquistaní y residente en España, acusado de autoadoctrinamiento yihadista.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido formaba parte de un grupo de individuos, todos ellos de nacionalidad paquistaní, que fue parcialmente desmantelado el pasado mes de junio, cuando se detuvo también en Lleida a tres hermanos del presunto yihadistas.

Esta operación se ha realizado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número 1 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En esa operación, las autoridades se han incautado de varios soportes informáticos con abundante contenido yihadista. Del análisis de este material, la Guardia Civil estableció una clara relación entre de detenido y sus hermanos, que actualmente se encuentran en prisión.

Se cree que todos ellos conformaban un único grupo, de ideología extremadamente radical, con la clara intención de difundir el ideario yihadista, principalmente a través de redes sociales.


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