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Por Clemente Polo*

La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)  anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciadoreferéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea realizar el 1 de octubre (1-O). Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalitat no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.


En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura.  El gobierno de la Generalitat estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalitat puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.


En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. 

Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.


Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio,  transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalitat, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. 

Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.


Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicadoen el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.


La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalitat pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estimaque la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados  adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.


De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. 

La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ‘embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice’. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalitat de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.


La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalitat dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalitat de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidassobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. 

Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.


* Clemento Polo es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona