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Economía


El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado hoy que España podría salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas este mismo año en el caso de que alcance el objetivo de déficit marcado en el 3,1 % del PIB para 2017.

En su intervención en la Comisión de Economía del Congreso para hablar de la evolución de la economía española y del crecimiento empresarial, De Guindos ha destacado el esfuerzo de las administraciones públicas por reducir el déficit, que ha sido “condición sine qua non para estar a punto de salir del brazo correctivo de Bruselas”.

“Si este año se alcanzase un déficit del 3,1 del PIB, España podría salir este mismo año del procedimiento de déficit excesivo”, ha precisado.

El paro bajó en 340.700 personas en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 8% menos, registrando su mayor descenso trimestral de la serie histórica, iniciada en 1964, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras este recorte del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 3.914.300 personas, con lo que se baja de la cota de los 4 millones de desempleados por primera vez desde el cuarto trimestre de 2008.

Así, la tasa de paro bajó 1,5 puntos en el segundo trimestre, hasta situarse en el 17,22%, su nivel más bajo desde finales de 2008. En el último año, el paro se ha reducido un 14,4%, con 660.400 desempleados menos.

En el segundo trimestre de este año se crearon 375.000 empleos (+2%), por encima de los 271.400 puestos de trabajo creados en el segundo trimestre de 2016, pero por debajo de los segundos trimestres de 2014 y 2015, cuando se generaron más de 400.000 empleos. A cierre de junio, la tasa de empleo se situó en el 48,7%, casi 1,2 puntos más que un año antes.

En los últimos doce meses, la ocupación ha aumentado en 512.300 personas, a un ritmo del 2,8%, medio punto más que en el trimestre anterior. El número total de ocupados se situó al finalizar junio en 18.813.300, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2010.

A cierre del primer semestre había en España 22.727.600 activos, de los que 18.813.000 tenían un empleo y 3.914.300 estaban en paro. El número de activos se incrementó en 34.300 en el segundo trimestre (+0,1%), con lo que la tasa de actividad repuntó ligeramente, hasta el 58,8%. En el último año, los activos se han reducido en 148.000 personas (-0,6%).

Casi todos los empleos creados entre abril y junio pertenecían al sector privado, que registró un avance de la ocupación de 345.100 personas (+2,2%), mientras que el empleo público aumentó en este trimestre en 29.900 personas (+1%).

El Banco de Santander ha cubierto la ampliación de capital de 7.072 millones de euros que lanzó con el objetivo de cubrir la compra de Popular, la mayor parte durante el periodo de suscripción preferente, abierto entre el 6 y el 20 de julio. Concretamente, han quedado suscritas las 1.458,23 millones de nuevas acciones ofrecidas en el aumento de capital, de las que 1.447,42 millones, el 99,259%, quedaron cubiertas durante el periodo de suscripción preferente, según ha informado la entidad presidida por Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La demanda de los títulos de la ampliación de capital ha superado en 8,2 veces la oferta, puesto que durante el periodo de suscripción preferente se solicitaron 10.634,42 millones de acciones adicionales. Santander ha asignado, además, 10,8 millones de títulos adicionales, lo que supone el 0,741% del aumento.

La demanda total de la operación equivalente en euros supera los 58.600 millones.

De esta forma, las acciones ofertadas en la ampliación de capital han quedado completamente suscritas, por lo que no procede abrir un periodo de asignación discreccional.

Tras completar la ampliación, la entidad procederá al otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital y la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Para el director financiero de Banco Santander, José García Cantera, el resultado de la ampliación de capital supone un reconocimiento al “sentido estratégico y financiero” de la adquisición de Banco Popular, “además de ser un voto de confianza” en la entidad, en España y en Europa.

“La adquisición de Popular es una oportunidad única para impulsar nuestra estrategia en España y Portugal”, ha agregado García Cantera, quien se ha mostrado “muy satisfecho” con el “éxito” de la ampliación de capital y el respaldo recibido por parte del mercado.

En esta ampliación de capital han actuado como ‘global coordinators’ UBS y Citi, banco que actuó también como asesor único de Santander en la compra de Popular por el precio de un euro tras la resolución de la entidad.

UGT ha dado hoy por muerto el acuerdo salarial que negociaban los sindicatos con la CEOE y Cepyme para 2017, después de que la última propuesta mejorada de la patronal siga sin incluir una cláusula de garantía salarial.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado durante una conferencia en Burgos que “da por muerto” el acuerdo de negociación colectiva para 2017, después de que la patronal “se descolgara” con una propuesta, acordada hace tres meses, pero comunicada ayer para simular que se trataba de “un último intento”.

El último planteamiento de subida de la CEOE, que oscila entre el 1,2 % y el 2 %, más medio punto adicional en función del sector y empresa, estaba ya acordado hace tres meses, ha dicho Álvarez, y sólo quedaba pendiente la “irrenunciable cláusula de revisión salarial”.

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, ha propuesto una nueva organización en la dirección de la compañía, que incluye el nombramiento como nuevo consejero delegado del grupo de Angel Vilá, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director de Estrategia y Finanzas.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de Telefónica ha aprobado, en su reunión ordinaria celebrada hoy, proponer al Consejo el nombramiento de Vilá, hombre de confianza del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el marco de un rediseño del esquema organizativo de la compañía.

El cargo de consejero delegado en Telefónica permanecía vacante desde que Álvarez-Pallete fue nombrado presidente ejecutivo de la multinacional en sustitución de César Alierta, en abril de 2016.

Para que pueda asumir el cargo, se propondrá nombrar a Vilá consejero de Telefónica por cooptación, con el carácter de consejero ejecutivo, ocupando la vacante propiciada por la salida del órgano del gobierno de la compañía de Julio Linares.

Este último seguirá vinculado al grupo y se propondrá su próxima incorporación a los Consejos de Telefónica Brasil y Telefónica Deutschland, además de continuar ejerciendo labores de representación institucional de la compañía en diversos organismos.

Según el comunicado, el rediseño del modelo organizativo de la compañía ha sido decidido por Álvarez-Pallete para acelerar el ritmo de crecimiento del negocio, así como facilitar la implantación y el logro de nuevas metas y objetivos e impulsar los nuevos valores que habrán de regir la vida corporativa en los próximos años.

Igualmente, en el avance hacia una compañía de plataformas, Telefónica apuesta por seguir simplificando su estructura, unificando áreas de gestión para agilizar la toma de decisiones y la ejecución y reforzando las capacidades tecnológicas y de innovación.

El nombramiento de Vilá, según el comunicado, consolida el modelo operativo introducido en 2014, de forma que las cinco operadoras -España, Brasil, Hispanoamérica, Alemania y Reino Unido-, y las direcciones generales de Comercial Digital y de Recursos Globales reportarán directamente al consejero delegado.

LAURA ABASOLO, DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTROL

En este rediseño, Laura Abasolo asumirá la Dirección de Finanzas y Control, reportando directamente a Álvarez-Pallete, un área que engloba las responsabilidades sobre las áreas de Finanzas, Fiscal, Planificación Financiera y Coordinación, Consolidación y Políticas Contables, Control y Planificación y Relaciones con Inversores. Hasta la fecha, Abasolo era directora de Planificación, Contabilidad y Control de Gestión y miembro del Comité Ejecutivo desde marzo de 2014.

Asimismo, se crea la Dirección de Estrategia y Desarrollo Corporativo, cuyo máximo responsable será Enrique Lloves -hasta ahora director de Desarrollo Corporativo y de Fonditel- que se incorporará al comité ejecutivo de la Compañía.

Así, a Álvarez-Pallete le reportarán directamente, además de Vilá, Abasolo y Lloves, la Secretaría General del Consejo (Ramiro Sánchez de Lerín), el jefe de datos (Chema Alonso) y los responsables de las Direcciones de Comunicación Corporativa y Marketing Institucional (José Luis Gómez-Navarro), Asuntos Públicos y Regulación (Carlos López Blanco) y Asuntos Públicos de Presidencia (Francisco de Bergia), además de María García-Legaz, como directora de la Oficina del Presidente.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno ha aprobado también proponer al Consejo que Enrique Blanco sume a sus responsabilidades actuales, como responsable global de Tecnología, el área de sistemas, hasta ahora liderada por Phil Jordan, que deja la compañía.

Por otra parte, y con el objetivo de focalizar todos los esfuerzos y recursos destinados a innovación en una misma área, se propondrá la integración de Telefónica Open Future en el área de Innovación, liderada por Gonzalo Martín-Villa.

Luis Blasco, hasta ahora presidente de Vídeo en España, dejará la compañía.

Los notarios consideran positivo que el consumidor tenga que acudir al menos dos veces a la notaría para solucionar todas las dudas que tenga antes de firmar una hipoteca. Desde la Asociación Hipotecaria se espera que el anteproyecto que el gobierno está preparando en el sector acabe con la judicialización del sector, mientras las organizaciones de consumidores creen que se queda corto.

Nadie se opera sin hacerse el preoperatorio. Los notarios son los primeros interesados en que quienes vayan a firmar una hipoteca, acudan previamente a una reunión informativa, gratuita, en la que se solventen todas sus dudas sobre el contrato que les va a ligar a un banco durante gran parte de su vida.

Dispondrán de siete días para recibir asesoramiento del notario que elijan, que estará obligado a informarles si están frente a una claúsula abusiva. En esos siete días, el consumidor deberá acudir al notario, que comprobará que se le ha entregado toda la información obligatoria y que se ha hecho en plazo, al tiempo que responderá todas las preguntar que le plantee y le explicará las cláusulas sensibles del contrato

El prestatario deberá firmar un acta notarial, que será gratuita para el prestatario, en la que pone de manifiesto que conoce toda la información necesaria.

Más tarde, el consumidor acudirá con el banco a la firma del contrato ante notario y tanto este como el registrador no podrán autorizar la firma de la escritura si no se cumplen todas las obligaciones ni si el contrato cuenta con cláusulas consideradas abusivas por sentencias firmes.

Es una de las novedades del anteproyecto de ley, que incluye además que los bancos no podrán obligar a contratar otros productos con la hipoteca, a cambio de un tipo de interés más bajo.

Por ello, desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) se considera que la reforma de la ley es “una magnífica oportunidad para organizar el marco hipotecario”, según el presidente de la organización, Santos González, quien señala además que no desaparecerán los paquetes siempre que sean beneficiosos para los usuarios.

La reforma establece requisitos más duros para los desahucios, insuficientes según las organizaciones de consumidores, que consideran que no acabará con la judicialización por claúsulas abusivas y desahucios abusivos y desde Facua señalan que “habría que hacer una modificicación más radical”.

La ley facilitará además el cambio de préstamo variable a fijo limitando las comisiones.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, en la última reunión antes de las vacaciones de verano, un convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en una entrevista concedida a ‘El País’, en la que afirma que el coste de este proceso se reversión al Estado de las autopistas de peaje será “sustancialmente menor” a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el sector.

De la Serna afirma que la reversión de dichas autopistas no debe calificarse de “rescate”, porque las vías entran en liquidación judicialmente, y esa infraestructura revierte al Estado, “queramos o no”. “Y lo que el Gobierno va a hacer es prepararse para cuando llegue ese momento. Para eso, el Consejo de Ministros va a aprobar en su última reunión de julio un convenio para encomendar a la Seittsa la gestión de esas autopistas durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar. Porque nuestra vocación no es renacionalizar esas autopistas, sino poder volverlas a poner en el mercado”, explica el ministro.

Según De la Serna, dicho convenio permitirá que Seittsa realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someterán a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 puedan volver a ponerse en el mercado.

Además, la nueva licitación servirá para aminorar el efecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). “Aún está por decidir si lo hacemos en uno o dos bloques, pero todas saldrán al mismo tiempo”, afirma.

ENTRE ELLAS ESTAN LAS RADIALES MADRILEÑAS

En la actualidad, un total de nueve autopistas se encuentran en concurso de acreedores.

Estas son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.

El Gobierno quiere que en el futuro próximo, además de que haya más transparencia y que el cliente reciba más información a la hora de firmar una hipoteca, sea mucho más fácil cambiar las condiciones del préstamo o ir amortizándolo con un coste menor que en la actualidad. El Ministerio de Economía ha enviado hoy al Consejo de Estado un anteproyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario con la idea de aprobar después del verano un proyecto de ley que, tras su tramitación parlamentaria, vea la luz como norma.

Ese texto hará más fácil cambiar de una hipoteca variable a una fija y viceversa al abaratar los costes de subrogación en los que se incurre al cambiar el préstamo de banco o una modificación de las condiciones de la hipoteca, lo que se conoce como novación.

De este modo el banco que concedió inicialmente el préstamo solo puede recibir una compensación por este cambio de condiciones en los tres primeros años de vida de la hipoteca y los gastos notariales, por ejemplo escritura, quedan reducidos “al mínimo”, según han explicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

La futura ley incorporará también varias medidas para proteger al deudor hipotecario, entre ellas la posibilidad de amortización anticipada del préstamo para que se pueda hacer en cualquier momento y el banco sólo pueda recibir una compensación “limitada”.

Quien tenga una hipoteca con un tipo de interés variable podrá amortizar anticipadamente pagando una comisión por la cantidad entregada del 0,5% en los tres primeros años, que bajará al 0,25% hasta el quinto año, en el que queda reducida a cero.

En las hipotecas a tipo fijo, la comisión de reembolso será del 3% en los cuatro primeros años y del 4% a partir de entonces, e igualmente la comisión se aplica sobre el capital que se amortice y no sobre el total de la hipoteca pendiente de pago.

Además, la norma, que incorporará con retraso una directiva europea sobre la materia, ofrecerá a quien tenga hipotecas en otra divisa, como los afectados por préstamos en yenes o en francos suizos, cambiarla a la moneda del país en el que reside o en la obtiene sus ingresos.

También se busca que no se repitan episodios como los de las cláusulas suelo y se obliga a los bancos a entregar en un primer momento al cliente una ficha con los datos básicos del préstamo en la que se advierta claramente de las condiciones -y si se exige la contratación de un producto que esté justificada que es porque beneficia al cliente-, al tiempo que se desglosa quién asume cada uno de los distintos gastos hipotecarios.

Un notario será el encargado de comprobar que el cliente ha recibido toda esta información, antes de que el mismo cliente vuelva a la notaría a firmar un préstamo que el fedatario no podrá dar por bueno si existen cláusulas declaradas abusivas por la justicia.Y para evitar que haya controversia, como está sucediendo ahora con los vencimientos anticipados o los intereses de demora, la nueva ley eliminará que estos aspectos se negocien para que jamás se plantee la duda de si son abusivos.

El interés de demora será tres veces el interés legal del dinero y se establecen nuevos plazos para que el banco pueda pedir el vencimiento anticipado de una hipoteca.

Hasta este momento, a partir del tercer mes de impago de la cuota hipotecaria el banco considera al cliente moroso y puede iniciar los trámites para embargar el inmueble, pero ahora ese umbral se eleva y el cliente entra en impago cuando en la primera mitad de la vida del préstamo deja de pagar el 2 % y en la segunda mitad, el 4 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó hoy al alza las perspectivas de crecimiento de España para 2017 y 2018, y situó a su economía entre las que tuvieron una actividad “sorprendentemente positiva” en la zona euro desde finales de 2016, según informa Efe.

La institución financiera indicó que la economía española crecerá un 3,1 % este año y un 2,4 % el que viene, en la actualización de su informe de abril sobre perspectivas de la economía mundial presentada en Kuala Lumpur. La proyección representa un alza de 0,5 y 0,3 puntos con respecto a la anunciada hace tres meses para estos dos años, respectivamente, lo que sitúa a la española como la economía que mejora más en esta revisión, solo superada por Canadá, que lo hace 6 décimas este año.

El FMI ya reconoció la semana pasada que “la recuperación económica de España sigue siendo fuerte, con el consumo, la inversión y las exportaciones netas contribuyendo a un patrón de crecimiento más equilibrado”. El nuevo informe situó a España a la cabeza del grupo de la zona euro, en el que también están Alemania, Francia e Italia, que tuvo un mejor comportamiento de lo esperado a finales de 2016 y principios de 2017. Según la actualización, la zona del euro crecerá un 1,9 % este año y un 1,7 % el siguiente, 0,2 y 0,1 puntos por encima de lo previsto en abril.

El FMI eleva la previsión de Alemania 0,2 puntos hasta un 1,8 % en 2017 y 0,1 puntos hasta 1,6 % en 2018; sitúa el crecimiento de Francia en 1,5 % (2017) y 1,7 % (2018), con una mejora de 0,1 puntos ambos años; e Italia mejora 0,5 y 0,2 puntos hasta el 1,3 % (2017) y el 1 % (2018). La revisión del FMI no ofreció datos de otras economías de la región, salvo Reino Unido, del que dijo que avanzará un 1,7 % (2017) y un 1,5 % (2018), con una revisión a la baja de 0,3 puntos este año debido a que la actividad del primer trimestre “defraudó las expectativas”.

El organismo apuntó que el buen comportamiento económico a finales de 2016 y principios de 2017 “hace pensar que el ímpetu de la demanda interna es más pujante de lo previsto”. “A la vez, se prevé que la demanda externa se afianzará, con mejores perspectivas para los socios comerciales de la zona del euro”, vaticinó la actualización del FMI.

El informe también alertó de riesgos a medio plazo para economías de la zona euro que “enfrentan un exceso de capacidad y obstáculos al crecimiento potencial derivados del envejecimiento de la población, la debilidad de la inversión y el lento avance de la productividad”. “Teniendo en cuenta la debilidad tanto de la inflación subyacente como de las presiones salariales, la política económica debería estar calibrada para reorientar al alza las expectativas inflacionarias, en consonancia con las metas; cerrar las brechas del producto; y, si corresponde, reequilibrar la posición externa”, añadió.

El FMI indicó que “los diferenciales respecto de los bonos alemanes se han comprimido drásticamente en Francia, Italia y España gracias a la moderación de la incertidumbre electoral y al afianzamiento de los indicios de reactivación”. El euro, además, se ha fortalecido en el segundo trimestre del año en torno al 3 % “gracias a la mayor confianza en la recuperación de la zona del euro y a la atenuación del riesgo político”.

Los expertos de la institución financiera señalaron que “la reactivación cíclica podría ser más vigorosa y más sostenida en Europa”. También pronosticaron un repunte del crecimiento en 2017 de las economías emergentes y en desarrollo de Europa, principalmente, debido a la mejora de la proyección de Turquía, “cuyas exportaciones se recuperaron con fuerza en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017 tras cuatro trimestres de contracción moderada”.

En el panorama internacional, el FMI confirmó que la economía mundial mantiene el “buen camino” y calculó que crecerá un 3,5 % en 2017 y un 3,6 % en 2018. No obstante, la institución advirtió que, si bien “los riesgos están equilibrados a corto plazo”, se inclinan a la baja a medio plazo.

Los peligros provienen por parte de la “continua incertidumbre” que generan situaciones como el Brexit o la política presupuestaria y fiscal de Estados Unidos, de tensiones financieras, de políticas aislacionistas y de factores no económicos, como las tensiones geopolíticas.

El FMI receta para superar los riesgos a medio plazo promover la cooperación mundial y un comercio internacional libre y justo, y en el plano nacional que se apuntale el “ímpetu del crecimiento mediante políticas fiscales, monetarias y estructurales” y que se apueste por un crecimiento “resiliente y equilibrado”.

La Seguridad Social ganó 13.822 cotizantes extranjeros en junio, un 0,7% más en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.875.413 ocupados, según ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con este avance, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena cinco meses consecutivos de incrementos.

Del total de inmigrantes afiliados, 1.572.877 cotizaban en el Régimen General; 297.601 en Autónomos; 4.789 en el Régimen del Mar, y 146 en el del Carbón.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de junio en 127.612 personas (+7,3%).

Por regímenes, en junio se registraron aumentos mensuales de la afiliación extranjera en el Régimen del Mar (+2,6%), en el de Autónomos (+1,1%) y en el General (+0,6%), mientras que el del Carbón presentó un descenso del 2,1% respecto a mayo.

Dentro del Régimen General, un total de 303.174 extranjeros, el 19,3%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,1% lo hacía en el comercio (191.386 afiliados), y el 8% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (125.826 cotizantes).

Asimismo, y dentro de este régimen, 224.327 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario, un 8,7% menos que en mayo, y 186.121 en el del hogar, con un retroceso mensual del 0,3%.

RUMANOS, LOS MAS NUMEROSOS

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de junio, un total de 1.074.995 procedían de países no comunitarios y el resto (800.418) provenían de países miembros de la UE.

Dentro de los países no comunitarios, 230.470 eran de nacionalidad marroquí y 99.437 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre del mes pasado 71.104 trabajadores cotizantes, seguido de Colombia, que cuenta con 56.629 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (50.431), Ucrania (43.847), Paraguay (35.048), Pakistán (33.562), Senegal (31.873) y Argentina (31.632).

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 340.086, 100.816 y 65.360 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 60.204 y 47.982, y franceses y alemanes, con 45.675 y 42.064 afiliados.

CATALUÑA Y MADRID CONCENTRAN EL 43,8% DE LOS EXTRANJEROS

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de junio, al sumar entre ambas el 43,8% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 454.476 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 366.666.

Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 218.609 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 191.552 ocupados; Baleares, con 107.251; Canarias, con 88.956; Murcia, con 86.742; Aragón, con 76.870; Castilla-La Mancha, con 62.727; País Vasco, con 56.141, y Castilla y León, con 51.736.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar junio fueron Galicia, con 31.676 extranjeros; Navarra, con 22.764; La Rioja, con 14.804; Asturias, con 13.245; Extremadura, con 13.104; Cantabria, con 10.985, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.419, y Ceuta, con 2.690.

En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros aumentó en junio en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía (-10,1%), Murcia (-5,3%), Navarra (-0,4%), Comunidad Valenciana (-0,2%) y La Rioja (-0,2%).