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Más del 80% del contenido publicado en las redes de cada empresa es diferente (un 86 % las españolas y un 93 % las americanas). Es decir, en ambos casos, la mayoría del contenido difundido está adaptado a las redes sociales y se evitan duplicaciones. Solo un 10 % de las firmas españolas publican exactamente …

Hacienda fijará hoy la subida del sueldo de los funcionarios el año que viene. La subida no estará pactada con los sindicatos ya que estos consideran insuficiente la propuesta de aumentar hasta un 7,95% los salarios públicos en los 3 próximos años. Los representantes de los trabajadores reclamaban una subida del 20% para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

El Gobierno ha ofrecido a los sindicatos mayoritarios del sector público un acuerdo salarial a tres años con subidas fijas del 1,5 % para 2018, el 1,75 % para 2019 y el 2 % para 2020, a lo que suma un alza variable que dependerá de la evolución de la economía.

Según han explicado los sindicatos tras la reunión mantenida con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la oferta del Gobierno establece un tope a la subida salarial, con lo que en el mejor de los escenarios el alza acumulada entre 2018 y 2020 sería del 7,25 % (5,25 puntos fijos más 2 puntos variables a repartir en tres años).

Para CCOO, UGT y CSIF la oferta fija es “aceptable” porque permitirá cubrir la inflación prevista para esos años, si bien considera que el Gobierno tiene que mejorar la subida variable sujeta al PIB para que los empleados públicos puedan comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010.

La propuesta presentada respecto al alza variable implica que si se logra la previsión de PIB del Gobierno para cada ejercicio, los empleados públicos sumarían a la subida fija 0,25 puntos en 2018 y 0,50 puntos en 2019 y 2020.

En caso de que la previsión del PIB se superase en más de medio punto, la parte variable permitiría sumar a la subida salarial de cada año 0,50 puntos adicionales en 2018 y 0,75 puntos en 2019 y 2020, conforme ha explicado el vicepresidente del CSIF, Francisco Iglesias.

Para los sindicatos, este máximo variable de dos puntos es “rácano”, según el secretario general de FSC-CCOO, Pepe Fernández, teniendo en cuenta que los empleados públicos han perdido a lo largo de la crisis entre un 14 y un 20 % de poder adquisitivo, dependiendo de los cálculos de cada central sindical.

“No hay nada definitivo, hemos querido mantener una expectativa de lograr un acuerdo, pero no hemos avanzado lo que esperábamos”, ha afirmado el secretario de organización de FESP-UGT, Frederic Monell.

La Comunidad de Madrid lidera la inversión extranjera en el primer semestre del año, con 5.990 millones de euros, un 52% del total nacional, y los sectores más atractivos son la ingeniería civil y el inmobiliario, siendo Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Alemania los principales países inversores.

En toda España, la inversión foránea en lo que va de 2017 ha alcanzado los 11.615 millones, según los últimos datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.

La inversión en Madrid ha aumentado de enero a junio en 1.878 millones, un 46% más que en el mismo periodo del año pasado, y la subida ha sido incluso mayor en el segundo trimestre de este año, en que la Comunidad de Madrid acumula el 61% de la inversión recibida en España.

La región consiguió 34 puntos más de inversión extranjera que la segunda comunidad autónoma española, el País Vasco, que recibió el 17,1% de la inversión total nacional en el primer semestre.

La tercera región en inversiones foráneas es Cataluña, con el 13,5% del total nacional, seguido de la Comunidad Valenciana, con el 2,9%. Por otra parte, los datos aportados por el Ministerio dejan sin asignar a ninguna comunidad autónoma el 6,8%.

En cuanto al origen de la inversión en Madrid, el 43,1% de la misma procede de Luxemburgo, seguido de Países Bajos con el 19,3%; Reino Unido (11,6%) y Alemania (4,9%).

Los principales sectores donde recae la inversión extranjera en lo que va de 2017, son la ingeniería civil (20,5%), actividades inmobiliarias (15,9%), comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor (11,6%), y Transporte terrestre y por tubería (10,6%).

En el segundo trimestre Madrid ha atraído 3.498 millones, el 61% del total nacional, lo que supone un incremento de del 93% con respecto al segundo trimestre de 2016.

La inversión madrileña entre abril y junio ha sido muy superior a la recibida en el segundo trimestre por Cataluña, con un 12,3%; Andalucía con el 1,3% y el País Vasco con el 1,2%.

Desde que comenzó la crisis en 2008, la Comunidad de Madrid concentra el 56,8% de toda la inversión extranjera en España, “gracias a la confianza que inspira la región madrileña”, según ha destacado hoy la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.

En el mismo periodo, Cataluña recibió el 16,7%, País Vasco el 3,9% y Andalucía el 2,5%, concluye Economía en un comunicado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pronunció hace unas semanas la última palabra sobre un tema polémico: ¿las empresas pueden espiar los correos y las comunicaciones electrónicas de sus trabajadores? La sentencia sobre el caso Barbulescu establece que las compañías no pueden ejecutar esta intromisión si previamente no han advertido a los empleados. …

Inditex elevó sus ventas en España un 5% durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2017-2018 (desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio), según ha afirmado este miércoles el presidente del gigante textil, Pablo Isla, que ha destacado que la compañía acumula un crecimiento de las ventas del 20% en los últimos tres años.

En la conferencia ante analistas con motivo de la presentación de las cuentas del grupo, Isla ha destacado el crecimiento positivo en el mercado español, donde la compañía ha concentrado el 16% de las ventas, frente al 17% del mismo periodo del ejercicio anterior, en el que la facturación se elevó un 8% en España.

ZARA HA PROTAGONIZADO UNA LAS APERTURAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN MADRID

“Nuestro negocio en España sigue creciendo de manera muy saludable”, ha subrayado el máximo directivo de la compañía gallega, que cuenta en la actualidad con una red de 1.763 tiendas en el mercado español.

Inditex ha mantenido un importante ritmo de generación de empleo y ha creado 11.043 nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses. De estos nuevos empleos, 2.933 se han originado en España, muy vinculados a la incorporación de cuadros de primer nivel debido al ‘efecto sede’.

Durante este semestre, Zara ha protagonizado en España una de sus aperturas más significativas, la de Castellana 79, situada en uno de los nudos comerciales más importantes de Madrid, junto a El Corte Inglés de Nuevos Ministerios.

La tienda, de 6.000 metros cuadrados y cuatro plantas, está certificada como LEED Oro por las “innovadoras” medidas de ecoeficiencia que la hacen ahorrar el 45% de agua y hasta el 20% de energía.

Asimismo, el presidente de Inditex ha destacado además el “fuerte desempeño operativo” a nivel global, con un aumento de las ventas del 11,5%, hasta 11.671 millones de euros, y un crecmiento de las ventas en tiendas comparables del 6%, “con un comparable muy exigente de años anteriores”.

El margen bruto, por su parte, ascendió a 6.582 millones de euros, un 11% superior, situándose en el 56,4% de las ventas (56,8% en el primer semestre de 2016). Isla ha avanzado una previsión de crecimiento del margen bruto para el año completo hasta 50 puntos básicos.

IMPACTO DE LA FUERTE APRECIACION DEL EURO

La compañia ha constatado el impacto del fortalecimiento del euro en sus resultados, que se han situado por debajo de lo previsto por los analistas, y sus acciones lideraban las caídas del Ibex 35 con un descenso del 2% pasadas las 10.30 horas, hasta intercambiarse a un precio de 32 euros.

Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.366 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2017-2018 (desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio), lo que supone un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Agentes de la Guardia Civil se han personado esta mañana de miércoles en la sede de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es Oriol Junqueras, en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O y han detenido al secretario general del departamento de Economía, Josep Maria Jové Lladó, en el operativo contra el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la investigación, en el marco de un amplio dispositivo de la Guardia Civil en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O, que ha llevado también a precintar dependencias de Economía, como el despacho del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó

La sede de la Vicepresidencia se encuentra en el número 19 de Rambla Catalunya y hacia las 8 de la mañana varios vehículos de la Guardia Civil han llegado hasta este departamento. Fuentes de la investigación han indicado que la operación afecta también a otras sedes de la Generalitat.

LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN LA CONSELLERÍA DE EXTERIORES DEL PALAU DE LA GENERALITAT

La Guardia Civil ha entrado esta mañana en la sede de la conselleria de Asuntos Exteriores, situada en el Palau de la Generalitat, han informado a Efe fuentes del Gobierno catalán.

La presencia de los agentes de la Guardia Civil en este departamento, que dirige el conseller Raül Romeva, se suma a la que se ha producido hacia las ocho de la mañana en la sede de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es Oriol Junqueras, en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O.

ERC ABANDONA EL CONGRESO EN PROTESTA POR LOS REGISTROS

Por su parte, los diputados Esquerra Republicana (ERC) del Congreso, con Gabriel Rufián a la cabeza, han abandonado el hemiciclo en protesta por las medidas del Gobierno para impedir el referéndum del 1 de octubre, y concretament5e por los registros en la Consejería de Economía y la detención del ‘número dos’ del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Eso sí, antes de abandonar el hemiciclo Rufián ha dirigido una pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha pedido sacar “sus sucias manos” de Cataluña. Tras la respuesta del líder del PP, los diputados se han ido, entre protestas desde las filas del Grupo Popular.

Este gesto será repetido por los diputados del PDeCAT, que también planean abandonar el hemiciclo en cuanto termine la pregunta que formulará su diputado Ferrán Bel, uno de los alcaldes investigados por la Fiscalía por apoyar el referéndum independentista.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido este martes a los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) un incremento salarial de hasta el 7% en los tres próximos ejercicios, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación. No obstante, la cifra definitiva no se conocerá hasta el término de la nueva reunión que mantiene Función Pública con los sindicatos desde las 18.00 horas de este martes, previa a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de este jueves.

El incremento podría contener una parte fija, que partiría de un 1,5% (la subida aprobada este martes por la Mesa del Senado para los senadores y los empleados de la Cámara Alta) y otra variable ligada al PIB, sin superar en ningún caso un 2% de incremento anual.

La Mesa del Senado ha incluido este martes en el presupuesto de la Cámara Alta esta previsión del 1,5% como un “posible incremento”, a la espera de que el Ejecutivo realice el anuncio oficial, si bien es muy probable que el incremento definitivo para el conjunto de los empleados públicos en 2018 parta de esa cifra.

La nueva reunión tiene lugar después de que el jueves pasado se evidenciasen las discrepancias entre Hacienda y los sindicatos sobre el incremento y se avanzase en cambio en materia de empleo.

En un principio, la subida salarial contendría una parte fija, relativa al IPC, y otra variable, que podría estar vinculada al PIB, y Hacienda plantearía una subida salarial que no superase el 2% al año, según las cifras sobre los costes que entregó a los sindicatos en la última reunión. Fuentes conocedoras de la negociación señalaron a Europa Press que la subida ofrecida por Hacienda sería del 1,95%.

Hacienda cifra en 1.120 millones de euros el coste que supone cada punto de subida salarial para los tres millones de funcionarios y empleados públicos en España, por lo que con ese margen la subida “no podría superar en ningún caso el 2%” al año, según indicaron los sindicatos en la última reunión.

En cualquier caso, la cifra definitiva se fijará definitivamente en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que previsiblemente se convocará para el jueves y en la que están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre y en el que se incluirá la subida salarial de los funcionarios para 2018.

La subida salarial de este año será el tercer alza consecutivo tras los incrementos del 1% aprobados tanto para este año como para el ejercicio 2016. Sin embargo, los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.

PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO SUPERIOR AL 14%

Precisamente CC.OO. ha publicado este martes unos cálculos sobre la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos desde el año 2010, que, según sus cálculos, alcanzaría el 14,42%, con una previsión del IPC del 2% para este año.

Por su parte, los sindicatos mostraron el pasado jueves su pesimismo sobre las posibilidades de poder alcanzar un acuerdo si el Gobierno no acepta su petición de recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy. Además, Rajoy suprimió la paga extra de Navidad de 2012, si bien posteriormente fue devuelta en su totalidad.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo retoma a partir de este martes la revisión de sus recomendaciones, estancada por la división de opiniones manifestada respecto a la revalorización de las pensiones. Esta cuestión, contenida en la segunda de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que trata sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de estas prestaciones, será una de las cuestiones que centre el debate que tendrá lugar en las reuniones de este martes y miércoles. La otra será la separación y clarificación de fuentes de financiación en el sistema.

Desde la vuelta de vacaciones, las únicas reuniones de la comisión han sido para celebrar encuentros con diferentes personalidades, precisamente para abordar estas cuestiones. Para analizar cuestiones técnicas que implicarían la reestructuración de gastos –como parte del patrimonio con el que cuenta la Seguridad Social– y los estados de las cuentas del sistema, la Comisión recibió la visita del director general de Tesorería de la Seguridad Social, Francisco Gómez.

Respecto a la revalorización de las pensiones, la Comisión recibió a Per Eckefeldt, uno de los coautores del informe presentado el pasado mes de diciembre por la Comisión Europea sobre las reformas emprendidas en los sistemas públicos de pensiones de los países miembros, y al profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid Borja Suárez, partidario de una reforma que mejore el poder adquisitivo de los pensionistas.

VILLALOBOS EMPLAZA A CONCLUIR LA REVISION ANTES DE 2018

Tras celebrar una treintena de comparecencias desde noviembre de 2016, la Comisión inició el pasado mes de mayo la revisión de las recomendaciones sin haber alcanzado un acuerdo firme sobre ninguna de ellas. Todo ello a pesar de explicitarse un consenso suficiente sobre cuestiones como la separación de fuentes de financiación, el mantenimiento en el sistema de las pensiones de viudedad y orfandad o la descarga de la Seguridad Social de ciertos gastos, como el coste de los incentivos en las políticas activas de empleo.

Hasta ahora, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido el principal campo de batalla en la Comisión, ya que si bien PSOE y Unidos Podemos apuestan por derogar los elementos introducidos en la reforma de 2013, tanto PP y Ciudadanos rechazan de lleno tal postura, considerando que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema, sin excluir tampoco una reforma de la revalorización.

Asimismo, recuerdan que la comisión carece de competencia legislativa para poder impulsar leyes en este sentido y que su labor es la revisión de las recomendaciones, que en un primer momento se estimó que estaría lista para primavera y después se sugirió, desde la presidencia de la Comisión, a cargo de la ‘popular’ Celia Villalobos, que podría completarse antes del parón vacacional.

El nuevo plazo que Villalobos ha trasladado a los grupos, según han comentado fuentes del grupo de trabajo a Europa Press, es que los trabajos pudieran concluir antes de concluir 2017.

EL PLENO INSTA A REFORZAR LOS INGRESOS Y MEJORAR LAS PENSIONES

El debate de las recomendaciones tendrá lugar apenas una semana después de que el propio Pleno del Congreso aprobara una proposición no de ley a iniciativa del PSOE y finalmente pactada con Unidos Podemos, Esquerra Republicana y el PDeCAT, en la que instaban al Gobierno a aprobar, en el plazo de tres meses, medidas urgentes dirigidas a sanear el déficit de la Seguridad Social y a actualizar las pensiones al ritmo de la inflación.

La iniciativa llamaba a asegurar el equilibrio financiero del sistema y a garantizar la “sostenibilidad y la suficiencia” de las pensiones “tanto a través de su actualización de conformidad con la evolución de los índices de precios, como precisando los medios suplementarios a las cotizaciones que, desde los Presupuestos Generales del Estado, se vayan a destinar para dar cobertura al previsible déficit del Sistema en los próximos años”. PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y el PNV votaron a favor de la iniciativa, mientras que el PP votó en contra y Ciudadanos decidió abstenerse.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que el Gobierno quiere, antes de que acabe el año, reducir a tres los tipos de contratos (indefinido, temporal de indemnización creciente y formativo) y evaluar las bonificaciones a la contratación, para desincentivar la temporalidad.

La ministra ha mantenido hoy una reunión con los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, en la que han hecho balance de los asuntos que han tratado y que deben tratar en el ámbito del diálogo social en los próximos meses.

Así, han acordado trabajar basándose en algunos de los puntos del acuerdo de investidura que firmó el Gobierno con Ciudadanos, entre los que también se encuentra estudiar las jornadas de trabajo en España.

La cadena de jugueterías Toys ‘R’ Us, se ha declarado en bancarrota de forma voluntaria dada su elevada deuda y con el objetivo de establecer una estructura de capital sostenible, tras acogerse a la protección del Capítulo 11 ante el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Este de Virginia, en virtud del cual todas sus operaciones quedan bajo supervisión judicial.

La deuda de la juguetera ascendía a unos 5.000 millones de dólares (4.174 millones de euros) aproximadamente, de los que debe realizar un pago de forma inminente de 400 millones de dólares (334 millones de euros). Al acogerse a esta protección, sus propietarios buscan reestructurar esta deuda, aunque también tienen previsto destinar parte del préstamo de la bancarrota a seguir comprando productos y financiar sus operaciones.

Toys ‘R’ Us ha llegado a un acuerdo con el banco de inversión JP Morgan por valor de 3.000 millones de dólares (2.504 millones de euros) –sujeto aún a aprobación del tribunal– para financiar parte de la deuda.

“Nuestro objetivo es trabajar con nuestros acreedores para reestructurar los 5.000 millones de deuda a largo plazo de la compañía”, aseveró el presidente y consejero delegado, Dave Brandon. “Este proceso tiene para la empresa un gran papel constructivo y nos permitirá crear un mejor futuro”, añadió el directivo.

De igual forma, la filial canadiense de Toys ‘R’ Us tiene la intención de firmar un acuerdo similar en un proceso paralelo ante el Tribunal de Ontario, si bien sus operaciones fuera de EEUU y Canadá, incluyendo 255 tiendas licenciadas y sociedades de riesgo compartido en Asia, que son entidades separadas, no son parte del proceso de quiebra, subrayó el grupo en un comunicado.

De esta forma, los establecimientos no acogidos a esta operación “la gran mayoría rentables, continuarán operando como de costumbre, y se podrá seguir comprando todos los productos por Internet”, apuntó Toys ‘R’