Que los ciudadanos decidan el futuro de su ciudad es uno de los ejes del gobierno de Manuela Carmena. Consultas ciudadanas para diseñar la nueva Gran Vía o la elección de proyectos para diseñar la reforma de 11 plazas de la capital. Son los presupuestos participativos. ¿A qué quieren los madrileños que se dedique el dinero? Hoy conocemos algunos de los proyectos. Instalaciones deportivas, libros de texto, aparcabicis en la calle. Un total de 206, una veintena ya están terminados.

La venta de viviendas sociales a fondos buitres de nuevo en los tribunales. La reapertura de la querella investigará si se cometieron delitos de prevaricación, malversación y fraude en la operación que se realizó cuando Ana Botella era la alcaldesa. Una buena noticia para los afectados porque muchos de ellos no pudieron hacer frente a la subida de alquileres.

La portavoz del PSOE-M y el actual delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Purificación Causapié y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, han mostrado hoy su satisfacción por la reapertura de la querella contra la venta de vivienda pública hecha por el Ejecutivo de Ana Botella (PP).

Causapié ha mostrado su satisfacción por la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial, que también denunció el PSOE-M y ha recordado que también han llevado esta operación ante la Comisión Europea.

Además, el Ayuntamiento está a la espera de un informe vinculante que ha solicitado a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para declarar nula la venta de 18 promociones de vivienda, que se realizó 127,5 millones de euros.

Según el PSOE-M, con la venta de patrimonio público en 2013 se produjo “una lesión” a los intereses de los madrileños, el Ayuntamiento y de las familias que vivían en los inmuebles enajenados.

Entonces se produjo una “connivencia” entre un “fondo buitre” y el anterior equipo de Gobierno municipal “en detrimento de los madrileños”, ha denunciado hoy Causapié que pide que “de una vez se haga justicia” para que las familias puedan vivir “tranquilas” en sus viviendas.

NO VALE TODO PARA HACER NEGOCIO

“No vale todo para hacer negocio, la vida de la gente no puede ser parte de negocios como el que estamos viviendo”, ha añadido la portavoz de los socialistas madrileños.

También el delegado de Economía y Hacienda ha mostrado su satisfacción por la reapertura del caso, que, en declaraciones a la prensa tras la celebración de un Pleno extraordinario para aprobar un nuevo plan económico financiero, ha atribuido a la “tenacidad” de los vecinos afectados.

“Entendemos que la vía de la investigación judicial es una de las que se complementan con las que el Ayuntamiento está llevando a cabo ante el Tribunal de Cuentas”, ha añadido el concejal de Ahora Madrid, que dice estar “seguro” de que “se terminarán esclareciendo las responsabilidades penales”.

EL PP HA MOSTRADO SU PLENO RESPETO SOBRE LA DECISION JUDICIAL

Por su parte el PP ha mostrado su “pleno respeto” sobre la decisión judicial, mientras que esperarán a la decisión de la Audiencia Provincial para hacer una valoración del contenido, ha explicado el portavoz adjunto de los ‘populares’ madrileños, Íñigo Henríquez de Luna.

Un informe del Tribunal de Cuentas, publicado el año pasado, dice que la EMVS vendió pisos en 2012 y 2013 prescindiendo de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y realizó la venta “sin la existencia de pliegos de condiciones” y “sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”.

Dicho informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas-, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.

De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

El chavismo se impuso en los comicios regionales de Venezuela, en los que dijo haber arrasado con 17 gobernaciones de las 23 que tiene el país tras medirse con una oposición que previamente alertó sobre un posible fraude y anunció que no reconocería los resultados hasta que se haga una auditoría.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 estados, mientras que los candidatos de la oposición ganaron en cinco.

Aunque todavía queda en disputa el estado de Bolívar (sureste), el PSUV logró arrebatarle a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el estado de Miranda (centro norte), gobernado por el dos veces candidato a la presidencia del país Henrique Capriles, y los estados de Lara (oeste) y Amazonas (sur).

Con el 95,8 % de las actas escrutadas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, indicó que los resultados son “irreversibles” y señaló que en estos comicios hubo una participación de 61,14 % del padrón electoral.

El PSUV retuvo además los estados de Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

La oposición por su parte obtuvo los de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

La MUD había adelantado minutos antes del anuncio oficial del CNE que las cifras que manejaban sus operadores electorales eran “muy distintas” a las que iba a hacer públicas el órgano electoral.

El jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, dijo tras el anuncio que sólo reconocerán los resultados cuando se realice una auditoría completa de todo el proceso y pidió a los líderes regionales plantear actividades de calle para apoyar estas decisiones.

“Ni Venezuela ni el pueblo venezolano ni el mundo se comen el cuento que hoy nos echaron, el propio Gobierno no puede explicar estos resultados”, afirmó Blyde.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la victoria que obtuvo el oficialismo tras exclamar que “el chavismo está vivo”.

“Hemos ganado el 75 % de las gobernaciones del país (…) el chavismo está vivo, está triunfante y está en la calle”, dijo el presidente en una alocución que ofreció a los medios públicos minutos después de que el Poder Electoral anunciara los resultados de las votaciones.

“Hoy ha ganado la verdad de Venezuela, hoy el chavismo arrasó, hoy tenemos 17 gobernaciones, hoy tenemos 54 % de los votos, hoy tenemos 61 % de participación y hoy la patria se ha fortalecido con 75 % de las gobernaciones”, apuntó.

Estas elecciones regionales se desarrollaron con un ritmo lento y sin grandes colas en muchos de los centros durante la primera mitad de la jornada electoral, aunque para la segunda parte hubo un poco más de movilización.

Luis Emilio Rondón, el único de los cinco rectores del CNE no alineado con el oficialismo, dijo haber recibido durante la mañana quejas de retrasos en la constitución de las mesas o en la llegada a las mismas de quienes debían ocuparse de ellas, además de problemas “tecnológicos con las máquinas de votación”.

Sin embargo, la presidenta del CNE aseguró que las elecciones transcurrieron con “normalidad y tranquilidad” y que el 99,92 % de las mesas había funcionado.

La oposición venezolana había denunciado en todo el proceso previo y durante las elecciones trabas y los obstáculos impuestos por el CNE, al hacer cambios de centros de votación a última hora y no permitir la sustitución de candidatos en las boletas (papeletas) electorales.

Por ello instó a los venezolanos a quedarse en los centros de votación y acompañar a los testigos de mesa en el proceso de verificación para proteger los votos.

Sin embargo, tiempo después el hasta ahora gobernador del estado de Lara, el opositor Henri Falcón, denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del CNE se habían negado a cerrar los centros de votación en su zona, horas después de que debiera producirse su cierre oficial.

Según sus denuncias, había gente que llegaba a votar en horas en las que ya debían estas cerradas las mesas.

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha garantizado el apoyo de la Comunidad a Galicia y a Asturias ante los incendios forestales que asolan estas regiones, y ha prometido que se enviarán los medios necesarios, como las cuatro dotaciones de Ericam que ya están trabajando en suelo gallego.

La presidenta ha explicado que hablado con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para ofrecerle la colaboración de la Comunidad de Madrid para intentar ayudar en una situación “realmente trágica”, con un número “verdaderamente terrible de incendios provocados que ya han causado algunos fallecidos y que se están extendiendo casi por toda la comunidad”.

Ante esta situación, ha trasladado a Feijóo su apoyo y solidaridad, que por lo pronto ya se ha concretado con el envío, esta misma mañana, de cuatro dotaciones de bomberos de Ericam, el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid ante catástrofes.

Los bomberos y personal del SUMMA ya se encuentran trabajando en Galicia, ha explicado Cifuentes, con material de última generación para intentar ayudara contener el frente de fuego en la provincia de Orense.

No obstante, ha reiterado su ofrecimiento de seguir mandando “toda la ayuda necesaria” hasta que se consigan controlar todos los fuegos.

Para determinar qué equipos se desplazaban a Galicia, ha explicado la presidenta, se han atendido criterios técnicos, para estudiar qué medios eran más adecuados para hacer frente al fuego.

Ha explicado que enviar más efectivos sin la equipación adecuada “puede ser incluso distorsionador”, y ha señalado que los bomberos de Ericam deberán ponerse bajo el mando de la coordinación que se está haciendo desde la Xunta.

“Si se necesitan más, se mandarán”, ha garantizado, aunque ha recordado que en Madrid se ha tenido que prolongar la campaña contra incendios forestales (Infoma) debido a las altas temperaturas y la falta de lluvia de estas semanas, y que aquí el riesgo de incendios “sigue siendo muy alto”.

“Por tanto, necesitamos también tener todos nuestros efectivos en estado de alerta”, ha señalado.

Cifuentes ha deseado que no se produzcan más víctimas, que los daños materiales sean “los menores posibles”, y que se controle cuanto antes una situación “terrible”.

Somalia sufrió ayer el peor atentado de su historia después de que presuntos terroristas de Al Shabab detonaran camiones bomba contra un hotel y un mercado de la capital, Mogadiscio, matando a al menos 215 personas e hiriendo a más de 350, según el último balance ofrecido hoy a Efe por fuentes sanitarias.

Según los medios locales, que ofrecen una cifra aún mayor de fallecidos -230-, la gran mayoría de fallecidos en el ataque eran civiles, principalmente vendedores ambulantes que comerciaban en una de las calles más transitadas de la ciudad.

Los hospitales de la ciudad están totalmente desbordados ante la masiva llegada de heridos para los que no disponen de suficientes medicamentos ni de sangre para realizar transfusiones, por lo que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, hizo un llamamiento urgente a la población para que donase sangre.

Esta situación puede provocar que en las próximas horas el número de fallecidos continúe aumentando, confirmó a Efe el comandante de la policía de Mogadiscio, Mahad Abdi Gooye.

Muchas de las víctimas murieron calcinadas, lo que está dificultando gravemente las tareas de identificación, explicó a Efe el doctor Mohamed Abshir, del hospital de Madina.

La primera explosión se produjo junto al hotel Safari, situado en la conocida como intersección K5, una de las zonas más populares de la capital y sede de oficinas gubernamentales, hoteles y restaurantes.

El segundo ataque, con idéntico ‘modus operandi’, se llevó al cabo al lado de un concurrido mercado situado junto a la antigua sede de la aerolínea nacional Somalia Airlines en el distrito de Wadajir.

El Gobierno, que decretó tres días de luto y se encuentra reunido de emergencia para aprobar nuevas medidas de seguridad, desplegó tropas para ayudar a los servicios de emergencia a tratar de encontrar supervivientes.

Sin embargo, la mayoría de edificios cercanos a los lugares donde se produjeron las explosiones han quedado completamente destruidos y se teme que haya un alto número de cadáveres bajo los escombros, pues muchos habitantes de la ciudad siguen buscando a sus seres queridos tras el ataque.

“Perdí a mis tres hermanos en el atentado, estábamos en nuestra farmacia cuando se produjo”, explicó a Efe Mohamed Abshir, que consiguió salvar su vida.

El servicio gratuito de ambulancias Aamin escribía hoy en su cuenta de Twitter: “En nuestros 10 años de experiencia (…) jamás habíamos visto nada como esto”.

La misión de asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) condenó el “bombardeo salvaje a civiles” y ofreció sus condolencias a los afectados, mientras que el representante de la institución en el país, Michael Keating, aseguró estar “horrorizado” por los hechos.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), el chadiano Moussa Faki Mahamat, se sumó a la condena y sostuvo su apoyo al Gobierno somalí mediante la misión de la UA en Somalia (AMISOM), tras lo que pidió a la comunidad internacional un “apoyo robusto” a las instituciones del país en su lucha contra el terrorismo.

Mahamat reclamó al Ejecutivo somalí que “demuestren unidad en este momento crítico” y “superen las divisiones para reconstruir una cohesión que es un requisito para conseguir las aspiraciones del pueblo somalí de una paz duradera, seguridad y reconciliación”.

Estas palabras son la respuesta a los conflictos internos del Gobierno dirigido por Mohamed, que no consigue establecer una relación cercana con los jefes del Ejército, razón por la que

el ministro de Defensa, Abirashiid Abdullahi Mohamed, dimitió el pasado jueves.

Los expertos aseguran que esta situación ha impulsado los planes de Al Shabab de organizar un gran atentado como este, algo que, según el analista de seguridad local Ibrahim Shegow, podría repetirse “a menos que (el Gobierno) acabe con sus problemas internos y mejore su capacidad militar”.

Por ahora, aunque los medios locales y analistas dan por hecho que Al Shabab está detrás del atentado, el grupo yihadista todavía no ha reclamado su autoría.

La organización terrorista, que se afilió en 2012 a la red internacional de Al Qaeda, controla parte del territorio en el centro y el sur del país y aspira a instaurar un Estado islámico de corte wahabí en Somalia.

Este país del este de África vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin un gobierno efectivo y en manos de milicias radicales islámicas, señores de la guerra que responden a los intereses de un clan determinado y bandas de delincuentes armados.

Un hombre de 33 años ha resultado hoy herido grave tras recibir dos cuchilladas en el transcurso de una reyerta en la plaza de Fernández Ladreda, en el distrito de Usera, protagonizada por cinco individuos, tres de origen rumano y dos ecuatorianos, han indicado a Efe fuentes de la Policía Nacional.

Los servicios municipales de urgencias han recibido a las 20.15 una llamada que avisaba de que una persona se encontraba herida en la calle de Évora esquina con la calle de la Vía, muy cerca de Fernández Ladreda.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil han apreciado a la víctima dos heridas penetrantes de arma blanca en el hemitórax izquierdo y en el abdomen.

Tras ser estabilizado, el herido ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave, según ha indicado a Efe una portavoz de Emergencias Madrid.

Hasta las diez de la noche no había ningún detenido por estos hechos, según las fuentes de la policía, que investiga las causas de la pelea y trata de localizar a los participantes en la reyerta.

Vecinos de Peironcely 10 han alertado este viernes que Luis Santiago Barrena, propietario del conocido inmueble fotografiado por Robert Capa en la Guerra Civil española, situado en el número 10 de la celle Peironcely, derribará el edificio entre octubre y diciembre.

Según ha informado la plataforma #SalvaPeironcely10 en un comunicado, el dueño de esta vivienda vallecana ha procedido este viernes a tapar con yeso las marcas de la metralla que quedaban en la fachada del edificio.

Según señalan los vecinos, el dueño de las viviendas les ha confirmado este martes que a finales de octubre comenzará la demolición parcial del inmueble; por lo que, si nada lo impide, a finales del mes de diciembre, las familias del número 10 de la calle Peironcely tendrán que dejar sus viviendas.

“En total 21 adultos y 13 niños, que oscilan entre los 2 y los 17 años, pasarán las navidades a la intemperie por la repentina decisión del dueño mayoritario del edificio”, ha criticado esta plataforma.

El dueño visitó a cada uno de los inquilinos de su propiedad para comunicarles en persona su intención de derribar el edifico en el plazo de dos meses, para lo cual les ha pedido su desalojo. Según les comentó, empezaría el derribo parcial a finales de este mes, cuando los inquilinos del piso número 1, una pareja joven que apenas ha estado alquilada tres meses, deje la vivienda”.

Asimismo, varios vecinos del inmueble han recibido una comunicación por burofax notificándoles la negativa de la prórroga de su contrato para mediados del mes de diciembre, como en el caso de Rosa Báez, que vive con su hija de 14 años.

Luis Santiago Barrena es el propietario de 14 de las 15 viviendas del edificio que Robert Capa inmortalizó durante la Guerra Civil, así como del Hotel Ibis de la M-30, que se encuentra a escasos 2 kilómetros del citado edificio, según ha detallado la plaforma.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid se comprometió el 20 de julio a incluir la casa de la calle Peironcely 10 en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos para convertirla en un “símbolo” de la memoria de España.

Esta proposición fue presentada por el grupo socialista en el Pleno del Ayuntamiento, cuya concejal Mar Espinar afirmó que los políticos deben defender propuestas que mantengan “el patrimonio cultural” del país.

En declaraciones a Europa Press este viernes, Espinar ha asegurado que su partido llevará este asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, porque el Ayuntamiento se comprometió a protegerlo y para conocer las medidas de protección.

Un hombre ha fallecido hoy en un accidente laboral tras quedar atrapado en el elevador de la parte trasera de su camión cuando se encontraba trabajando en una de las naves de Mercamadrid, han informado a Efe fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas, cuando la víctima, de 33 años, se encontraba trabajando cerca de la zona de las empresas de carne.

La Policía Municipal está investigando por qué ha quedado atrapado en el elevador de su camión, que sirve para bajar y subir mercancías.

Los bomberos han rescatado al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, tras intentar el Summa 112 reanimarle durante media hora, solo se ha podido confirmar su fallecimiento dada la gravedad de su estado.

Al lugar se ha trasladado una Unidad psicológica de Samur-Protección Civil para atender a la familia del trabajador que había acudido al lugar tras enterarse del suceso.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que la crisis catalana “no saldrá gratis” desde el punto de vista económico, y obligará a situar “algo por debajo” del 2,6 % las previsiones de crecimiento de España para 2018.

“Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto”, afirmó De Guindos al comentar la incertidumbre política en Cataluña en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la que participa.

El ministro agregó que España va a tener “una tasa de crecimiento inferior” al 2,6 % proyectado “como consecuencia de la exigencia de prudencia que nos exige la situación de incertidumbre que ha generado Cataluña”.

Las previsiones de crecimiento del Gobierno de España son actualmente del 3,1 % para 2017 y 2,6 % para 2018, aunque serán revisadas en el nuevo proyecto presupuestario que se presente la próxima semana en Bruselas.

Recordó, en concreto, el peso específico de Cataluña en la economía española, ya que representa el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) español.

De Guindos advirtió que el “éxodo de empresas” (un total hasta ahora de 540) que han traslado su sede fiscal de Cataluña en los últimos días a otras partes de España, entre ellas los dos grandes bancos Caixabank y Sabadell, responde a las irresponsables decisiones adoptadas por el gobierno del presidente regional catalán, Carles Puigdemont.

“Han votado con los pies”, subrayó el ministro, antes de agregar rápidamente que “esas empresas están deseando volver a poner sus sedes en Cataluña” si el gobierno catalán regresa al marco constitucional.

Sobre los efectos económicos, recalcó que “la inversión es la primera variable económica afectada” y advirtió de la paralización actual de decisiones de inversión ante las tensiones políticas.

“No creo que hay muchos proyectos de inversión que se estén poniendo en marcha en estos momentos en Cataluña”, dijo.

No obstante, De Guindos se mostró convencido de que esta cuestión será “transitoria” y se “volverá a la normalidad”.

“Estoy convencido de que si las políticas que han llevado a la salida de empresas se revierten, y el Gobierno va a hacer todo lo posible para que sea así, estas empresas volverán”, afirmó ante los periodistas.

Durante su participación en la asamblea del Fondo, De Guindos sostuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, con quien comentó la “inquietud e incertidumbre” generada entre los inversores.

En su último informe de “Perspectivas Económicas Globales”, el Fondo volvió a destacar la “robustez” de la recuperación económica en España, a la que situó como ejemplo de efectividad de las reformas estructurales adoptadas por las autoridades en los últimos año.

Aunque las previsiones de crecimiento para España son similares a las de Madrid, un 3,1 % para este año y un 2,5 % para el próximo, el FMI también reconoció que de prolongarse la incertidumbre “podría pesar en la confianza de los inversores”.

Las declaraciones del ministro se producen después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiese hoy al presidente regional Puigdemont que vuelva al orden constitucional.

Las tensiones políticas han crecido en Cataluña tras el referéndum ilegal sobre la independencia del 1 de octubre y el posterior anuncio de Puigdemont en el Parlamento regional de que asumía el “mandato del pueblo” para que “Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.

Sin embargo, seguidamente propuso “suspender los efectos de la declaración de independencia” para abrir la puerta al diálogo.

Por ahora, la situación se encuentra estancada a la espera del lunes (16 de octubre), cuando termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña.

Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirma que apoyará la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda afirmativamente al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia de Cataluña.

En una entrevista que hoy publica el diario El País, Iceta también señala que “si el president responde ‘sí’ a Rajoy es que quiere que se aplique el 155”.

El líder de los socialistas catalanes cree que “el Gobierno erró al intentar evitar una votación que no tenía ningún valor”.

También anuncia que en el caso de que Puigdemont admita la secesión, apoyará que los Mossos sean intervenidos.

“El origen de lo que tenemos entre manos es lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, que supuso una vulneración flagrante de la legalidad con la aprobación de la Ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica”, dice Iceta, que añade que eso motivó “una gravísima inseguridad jurídica que está motivando ahora la marcha de las sedes sociales de los bancos y las grandes empresas”.