El Parlamento Europeo pide a España reducir el intolerable número de desahucios

El Parlamento Europeo pide a España reducir el intolerable número de desahucios

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El Gobierno español debe utilizar las herramientas a su alcance para reducir de manera drástica “el intolerable número de desahucios”, señaló el jueves el Parlamento Europeo en una resolución no vinculante. La Cámara también pidió a la Comisión Europea que vigile “atentamente” la aplicación de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para evitar abusos por parte de la banca.

 

Los eurodiputados quieren que Bruselas supervise la transposición a la legislación nacional de todos los Estados miembros de la normativa comunitaria sobre préstamos hipotecarios, con el fin de garantizar su “pleno cumplimiento por las autoridades nacionales”.

 

El texto, propuesto por la comisión de Peticiones de la Eurocámara, salió adelante con 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones. La resolución fue planteada por la comisión parlamentaria después de atender una serie de peticiones, principalmente de ciudadanos españoles, sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo –como las preferentes-, y tras audiencias públicas con los peticionarios.

 

El lunes 5 de octubre, la presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikström (ALDE, Suecia), formuló una pregunta oral a la comisaria responsable de Consumo, Vera Jourova, a quien pidió su opinión sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español para resolver los problemas detectados y sobre las acciones que puede acometer la UE, entre las que apuntó la dación en pago.

 

Jourova reconoció la “difícil situación” de muchos hipotecados españoles y recordó que los tribunales han confirmado la existencia en ocasiones de cláusulas injustas. Indicó que los cambios legislativos introducidos por el ejecutivo español para mejorar la protección del consumidor le parecen “bien”, pero agregó que Bruselas debe todavía verificar si se respeta plenamente la directiva sobre condiciones contractuales.

 

La comisaria explicó que el ejecutivo de la UE está analizando la respuesta enviada en junio por las autoridades nacionales a requerimiento de Bruselas y aseguró que tomará medidas si no es satisfactoria. Jourova también recordó que Madrid ha aprobado modificaciones legislativas para evitar que los inversores no profesionales adquieran productos financieros complejos. Aludió al mecanismo de arbitraje puesto en marcha para las víctimas de fraude financiero y consideró que en este ámbito “gran parte de los errores se han corregido”.

 

En la resolución, el Parlamento recoge datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, según los cuales desde 2008 ha habido en España casi 400.000 desahucios (19.261 de ellos en el primer trimestre de 2015) y más de 100.000 familias han perdido sus hogares.

 

Incide en que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido “mayoritariamente ignorado” por las entidades, dado su estatus voluntario, y ha tenido resultados “muy limitados” a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago, debido a que los requisitos de admisibilidad descalifican a más del 80% de los afectados.

 

El texto también apunta que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero, muchos de ellos personas de avanzada edad, después de que sus bancos les vendieran “de forma desleal” productos financieros de riesgo sin informarles adecuadamente, y hace hincapié en que muchos de ellos han rechazado el sistema de arbitraje habilitado por el Gobierno.

 

Los eurodiputados piden a las entidades europeas que pongan fin a todo tipo de prácticas abusivas en el ámbito de las hipotecas, los productos financieros sofisticados y las tarjetas, y les animan a evitar los desahucios, ofreciendo alternativas a las familias con una única vivienda, como la reestructuración de deudas.

 

Sugieren asimismo la organización de campañas informativas en toda la UE sobre productos financieros, así como mejorar la educación en este ámbito para evitar problemas como el sobreendeudamiento.

 

En relación a lo sucedido con la venta de acciones preferentes, la resolución apela a la Comisión Europea para que supervise la correcta aplicación en España de las normas comunitarias sobre instrumentos financieros y le insiste en que verifique las quejas recibidas y evalúe los resultados del sistema de arbitraje.

 

El texto pide por último a Bruselas que presente una propuesta legislativa para regular las insolvencias de las familias.

 

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