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Tenerife: La FECAC y el Cabildo se alían para solucionar el grave problema de los áridos

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Los representantes de los empresarios del sector de áridos agrupados en la Federación de Empresas de la Construcción de Canarias (FECAC) y el Cabildo de Tenerife han sostenido una reunión trascendental para empezar a solucionar el grave problema que plantea la ausencia de zonas extractivas en la isla de Tenerife. Una reunión de la que los empresarios salieron con el alivio de comprobar que la Corporación insular y, sobre todo las consejerías implicadas son plenamente conscientes de la urgencia dar solución al grave problema que tiene planteado la Isla: a día de hoy, no hay áridos con los que llevar a cabo las obras planificadas.

 

En este momento la Isla tiene una docena de instalaciones absolutamente legalizadas y preparadas para producir áridos con todas las garantías industriales y ambientales. Esos áridos tienen que proceder o bien de los desmontes de las obras que se realicen o bien de áreas extractivas que en este momento la Isla no tiene delimitadas ni autorizadas y con el reciclaje y los desmontes es absolutamente imposible cubrir nuestras necesidades ya a día de hoy, cuando menos cuando arranquen las obras que se deben realizar.

 

Empresarios y consejeros estuvieron de acuerdo en que es fundamental y prioritario resolver el problema agilizando los cauces legales necesarios y reduciendo la carga burocrática que actualmente existe, para lo cual se ha previsto un calendario de reuniones y una hoja de ruta que garantice la resolución del problema en el menor tiempo posible y siguiendo las directrices aprobadas en diciembre por la UE en materia de economía circular, de explotación sostenible de los recursos buscando siempre su reutilización y rehabilitación.

 

Los áridos son una materia prima de origen mineral básica para el desarrollo de la construcción, edificación y obras públicas, que se consume de acuerdo con la demanda de los mercados. Por ello, los principales consumidores son las Administraciones Públicas. Esto significa que las empresas de áridos se limitan a poner a disposición de la sociedad un recurso tan necesario que es el más consumido después del agua.

 

Su utilización es tan fundamental que su consumo es un indicativo del grado de desarrollo de un territorio. La media de consumo óptimo internacionalmente aceptada son 11 kilos por habitante y día, que es lo que se consume en la Unión Europea. Alemania consume 28 kilos por habitante y día, Cataluña y Madrid 11 kilos, País Vasco casi 10 y Tenerife no llega a 3 kilos por habitante y día, lo cual da idea del desplome económico que ha traído la crisis si tenemos en cuenta que  en 2007 las empresas de la CONCAP, que agrupa al 99% del sector, producían 30.000 toneladas de áridos al día contando únicamente los productos procedentes del reciclaje y los desmontes y sin contabilizar la extracción propiamente dicha.

 

Contrariamente a lo que muchos piensan, los áridos no se consumen únicamente en la construcción, aún siendo la fabricación de sus materiales su principal destino, ya que forman parte de productos cosméticos, medicina, fibra de vidrio, electrónica, porcelanas, pintura, depuración de aguas, etc…

 

Es cierto que en ocasiones la extracción de áridos muestra unas peculiaridades que la hacen merecedora de una gestión integrada dentro del ordenamiento urbanístico y más en un territorio tan protegido como el canario. Sin embargo, los áridos de calidad no se extraen dónde quiere un empresario, ni dónde quiere una administración.

 

Los áridos tienen que tener unas determinadas características y calidades que vienen determinadas por la UE y su incumplimiento por utilizar áridos no certificados puede conllevar la devolución de fondos europeos, además de una construcción de mala calidad. Consecuentemente: los áridos se extraen del lugar en el que los ha puesto la naturaleza y su extracción tiene que ser objeto de una regulación territorial monogubernamental, es decir, estar en manos de una sola administración que lleve a cabo una planificación territorial desde el respeto al medio ambiente, a las necesidades sociales y a la actividad económica de las empresas que realizan una actividad regulada y delimitada al territorio que se les autorice.

En la imagen, los consejeros del Cabildo implicados en la resolución de este asunto junto a los empresarios encabezados por Martín Padrón, presidente de la Federación de Empresas Canarias de la Construcción.

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